Los desafíos económicos que enfrenta la Argentina

Daniel Artana
Daniel Artana PARA LA NACION
Si el Gobierno logra en octubre el apoyo de los votantes, se disiparán las dudas de los inversores; qué hace falta para un crecimiento sostenido
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20 de agosto de 2017  

Los resultados de las PASO han significado un fuerte apoyo al Gobierno. Ese apoyo puede ser incluso reforzado en octubre si se cumplen las proyecciones de la gran mayoría de los analistas políticos, que creen que la "pesca" de votantes de los partidos minoritarios será favorable al Gobierno, en especial en la provincia de Buenos Aires. Si esto ocurre, la incertidumbre política que podía servir de excusa para postergar algunas decisiones de inversión estará, en buena medida, resuelta.

Para poder alcanzar un crecimiento sostenido a un ritmo de 3,5% anual se necesita que aumenten la inversión y la productividad. Sin embargo, reducir la incertidumbre política no es suficiente para asegurar las mejoras necesarias. Hay también varias asignaturas económicas pendientes. Por ejemplo, la Argentina tiene un alto déficit fiscal y un elevado déficit externo (consecuencia de aquel) que este año superará los 4 puntos del PBI. En verdad, el sector privado tiene un exceso de ahorro sobre su inversión de algo más de un punto del PBI, pero el sector público tiene un déficit de ahorro respecto de su inversión de 6 puntos del producto. En otras palabras, nos endeudamos con el resto del mundo para financiar un exceso de consumo del Estado. No se necesita ser economista para entender que esto no es sostenible. Además, este desequilibrio es uno de los motivos principales por los cuales la Argentina está "cara" en dólares.

El Gobierno ha insinuado que tratará de avanzar en tres reformas estructurales en el área económica que deberían ayudar a mejorar las cuentas fiscales y a reducir sobrecostos que hoy afectan la competitividad del sector privado reduciendo las chances de exportar o encareciendo los precios de los productos finales que consumimos dentro del país. Estas reformas incluyen modificaciones en los impuestos, en las relaciones laborales y en el sistema previsional.

Aunque no conozco el contenido de las propuestas oficiales, mi primera preocupación es que las tres reformas mencionadas requieren de un gran capital político porque, como veremos, hay que pisar varios "callos". En general, detrás de cada sobrecosto de la economía hay un grupo de presión que lucra con él. El propio éxito político del Gobierno puede tentarlo a seguir con "más de lo mismo", evitando la confrontación a la espera de seguir ganando capital político en 2019.

A mi juicio, esa estrategia sería muy riesgosa porque para ser viable depende de que continúe baja la tasa de interés internacional, que no haya sorpresas negativas para la Argentina en sus precios de exportación, y que se mantenga el apetito del resto del mundo por financiar nuestros desequilibrios aún en el hipotético caso de que se vuelvan a demorar las reformas que los propios funcionarios del gobierno nacional consideran necesarias.

El segundo desafío es que las reformas que se planteen sean poco ambiciosas o sean licuadas en la negociación con los gobernadores. Si bien no es imprescindible que las reformas sean contundentes en todos los campos, se requiere que produzcan cambios que tengan un mínimo de sustancia.

Repasemos algunos de los problemas que existen. En el campo impositivo los tres niveles de gobierno utilizan en exceso impuestos que recaen sobre la producción o el uso de mano de obra. Aproximadamente el 20% de la recaudación proviene de tres impuestos en cascada: Ingresos Brutos, tasas de seguridad e higiene e impuesto a las transacciones financieras. Además de generar más distorsiones que otros impuestos, estos tres gravámenes afectan en una forma anárquica los costos de los que exportan y de los que compiten con las importaciones.

Por otra parte, el impuesto a las ganancias de las empresas grava en exceso al retorno de las inversiones que se financian con patrimonio neto (la tasa de 35% sobre ganancias nominales puede ser fácilmente el doble sobre ganancias ajustadas por inflación, convirtiéndose así en una de las más altas del mundo), pero subsidia a las financiadas con deuda. El balance es negativo para la inversión porque la mayor parte se financia con fondos propios. Finalmente, la Argentina tiene los impuestos al uso de mano de obra más altos de América latina, según lo estimado por un informe reciente de la OCDE.

El problema es que, en un marco de estrechez presupuestaria, si se quiere reducir la carga sobre la producción, el uso de trabajo y la inversión, habrá que aumentar la que recae sobre el consumo o los ingresos y patrimonio de los individuos. El costo político de una reforma en tal dirección parece elevado.

En el campo laboral, la Argentina tiene duplicaciones de cobertura (indemnización por despido más seguro de desempleo), elevados costos por la alta litigiosidad que pagan las empresas y que no favorecen a los trabajadores, excesiva rigidez tanto en la contratación temporaria como en la permanente (según surge de otro trabajo de la OCDE) y varios privilegios para los sindicatos (aportes obligatorios para los no afiliados, aportes extraordinarios de las empresas a los sindicatos, excesiva cantidad de delegados sindicales en las empresas y la administración monopólica del seguro de salud de los trabajadores en relación de dependencia.

Con instituciones laborales de la década del 40 no se pueden encarar con éxito los desafíos que plantea el avance tecnológico. Peor aún, entre 2000 y 2015, la productividad laboral promedio de la economía creció 8% comparado con 65% en Estados Unidos o Europa. Con altos costos laborales medidos en dólares y un costo de capital que se redujo en forma importante, la señal que reciben las empresas es poner máquinas y ahorrar en trabajadores. El problema se agrava si se pretende recuperar el terreno perdido respecto de la productividad laboral. Si pretendemos que el crecimiento genere muchos puestos de trabajo son prioritarias las reformas que reduzcan la gran brecha que hoy existe entre el salario que recibe el trabajador y lo que este le cuesta a las empresas.

Dilemas del sistema previsional

Finalmente el sistema previsional nacional es deficitario cuando se omiten los ingresos que hoy recibe de rentas generales y aún si se excluyen los pagos de la llamada moratoria previsional. Eso ocurre porque hay numerosos regímenes de "privilegio", algunos sectoriales y otros generales. Por ejemplo, monotributistas y empleadas domésticas acceden a una jubilación mínima aportando menos de un sexto de lo que aportan los empleados en relación de dependencia que califican para una jubilación similar. Estos tratamientos "especiales" incluyen a más del 20% de los aportantes. Otro problema es la baja edad de retiro de las mujeres en relación a lo observado en otros países: la sobrevida al momento de la jubilación de 24 años es una de las más altas del mundo.

Además, las jubilaciones y pensiones, en lugar de ajustarse por la evolución de la inflación como ocurre en varios países desarrollados, se modifican en función de una fórmula que en tiempos normales evolucionará por encima de la inflación. Los pagos de jubilaciones representan el 40% del gasto público nacional. Si crecen por encima de la inflación y sumamos los efectos de la reparación histórica, se puede concluir que la austeridad en el resto del gasto deberá ser de una magnitud inusual para poder lograr que el gasto crezca al mismo ritmo que la inflación como ha postulado el gobierno.

En síntesis, la dirigencia política argentina, liderada por el gobierno nacional, deberá acordar algunas reformas impopulares que son necesarias para corregir los excesos del populismo. A las adicciones crónicas de la Argentina (alto déficit fiscal, regulaciones laborales antiempleo) le agregamos desde 2003 impuestos altos e ineficientes. Y en el medio de ese jolgorio populista, la informalidad y la pobreza se mantuvieron en niveles altísimos. Es evidente que ha llegado la hora de cambiar.

El autor es economista jefe de FIEL

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