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Los Fassi Lavalle no muestran sus cuentas
Dicen que en la DGI les pidieron una coima de U$S 500.000, mientras siguen haciendo buen dinero con sus negocios
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Omar y Liz Fassi Lavalle quieren ser tratados como ciudadanos comunes, aunque ganen un poco más que el resto. Prevén embolsar 25 millones con la construcción del centro habitacional Victoria Village y ganan entre 50.000 y 80.000 dólares por la licencia de cada local de Ski Ranch que se habilite, más un porcentaje mensual de las ganancias que ronda entre el 7 y el 10 por ciento.
La estrategia de los Fassi Lavalle para salir del centro del debate parece cambiar diariamente. Un día, el ex funcionario menemista embiste contra los funcionarios de la DGI; otro, reclama explicaciones al Banco de Galicia; otro día dice que amenazan a sus colaboradores. En esta vorágine, Omar Fassi Lavalle recibió a La Nación . Dijo que él y su mujer son víctimas de una persecución y acusó a funcionarios de la DGI de pedirle una coima de 500.000 pesos.
Durante la charla, el ex secretario de Turismo del presidente Carlos Menem mostró muchos papeles, pero ninguno de ellos era la controvertida declaración jurada que le reclama el fisco.
"Yo presenté la declaración jurada del año 96 el 12 de junio último en la sucursal Plaza Vicente López, de la calle Callao, del Banco de Galicia. Ayer envié una carta al banco para que me explicaran qué había pasado con mis papeles, y me mandaron una respuesta en la que consta que yo tengo la razón", dijo a La Nación Omar Fassi Lavalle.
El ex funcionario interrumpió su verborrágico discurso, le dijo a su mujer "callate Liz" cuando ella intentaba comenzar una frase, y mostró una carta con el membrete del banco. En la misma consta la aceptación de cuatro pagos del formulario 799 realizados en esa sucursal.
Pero fuentes del Galicia explicaron que esos pagos no implican que haya presentado la declaración jurada y que es muy difícil que un trámite de esas características se pierda en algún paso intermedio. Y si bien nadie lo admite oficialmente, en el banco insisten en que allí Omar Fassi Lavalle nunca presentó su declaración jurada.
Una renuncia
La otra carta es una misiva que ayer pensaba enviar al ministro Roque Fernández anunciándole su renuncia a la presidencia del American Building Project, la empresa encargada del proyecto habitacional de Berazategui.
En la entrevista, los Fassi Lavalle encontraron una nueva explicación para no mostrar que sus cuentas están en orden: ahora, Liz y Omar contaron que tienen miedo. Dijeron que no van a mostrar cuánto ganan, ni sus declaraciones juradas, porque temen por la seguridad de su familia, que secuestren a alguno de sus hijos. Una sensación que, tiempo atrás, cuando el matrimonio mostraba sus lujos en las revistas de ricos y famosos, estaba opacada por los brillos de la espectacularidad.
"Puede ser que antes me haya equivocado, que el riesgo fuera el mismo, pero ahora no vamos a decir cuánto tenemos. ¿Alguien le pregunta a otra gente cuánto gana? No. Entonces, yo quiero ser tratado como cualquier otra ciudadana", dijo Liz.
La empresaria aceptó ser propietaria de dos semipisos de la Torre Le Parc, en pleno corazón del barrio de Palermo, valuados en casi un millón cada uno.
-¿Cuál fue su necesidad de comprar dos departamentos, no le alcanzaba con uno?
-Me parece que era una buena inversión y además acá muchos tienen dos departamentos. Tengo un año para declararlos y podrán ver que en la próxima declaración van a estar.
Por el momento, estas flamantes propiedades se encuentran embargadas, según lo dictaminado por el juez Martín Silva Garretón, de acuerdo a una demanda iniciada por la DGI.
"Nuestros abogados ya están peleando este embargo. Es inconstitucional, se nos reclama una deuda del año 80 y eso no se puede hacer", protestó el ex funcionario.
Por su parte, Omar Fassi Lavalle no quiso contar cuáles eran las propiedades a su nombre. "Ya salieron en muchos lados, ustedes ya saben", dijo a modo de aceptación de que las tierras en el Delta, el petit hotel de la calle Uruguay al 700 y los autos que se le atribuyen le pertenecen.
El ex funcionario aceptó que está organizando un 0-800 para que puedan presentar su queja aquellas personas que como él se sientan perseguidas por la DGI y que sean presionadas para pagar una coima.
El ex secretario, que sólo firma Fassi, porque según cuentan algunas rumores el Lavalle se debe a que en una calle con ese nombre estuvo ubicado su primer negocio, volvió a arremeter contra los funcionarios de la DGI García Lorea y Vázquez, y contra la demolición del Ski Ranch de la Costanera (aunque en octubre se abrirán tres nuevos locales). Volvió a quejarse de que todo era una campaña en su contra y prometió que él va a desenmascarar a esa mafia.
Omar Fassi Lavalle también recordó sus años de pobreza y aseguró que la plata la hizo trabajando. "Yo quería tener poder y para eso trabajé mucho y muy fuerte; mientras tenía un negocio de choripán con veinte empleados me iba a vender golosinas al cine", dijo.
Al final, un grupo de jóvenes llegó al lugar del encuentro. "Estas personas quieren poner un Ski Ranch. Ves, nosotros queremos seguir adelante y no bajar los brazos, creemos en este país", dijo Liz, mientras recibía a los jóvenes de traje y celular.
La DGI ya prepara la denuncia
La Dirección General Impositiva comenzó a definir lo que sería la estructura de una posible presentación ante la justicia penal contra el empresario ultramenemista Omar Fassi Lavalle y su esposa Liz, a quienes acusan de presunta evasión impositiva.
Según pudo saber La Nación en fuentes gubernamentales, la Dirección de Inteligencia Fiscal ya contaría con elementos suficientes como para lanzar una dura ofensiva contra el ex secretario de Turismo.
La DGI comenzó la investigación después de haber comprobado que el matrimonio no había presentado las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias de 1996 ni de bienes personales correspondientes a 1995 y 1996.
Tampoco tiene constancia la DGI de los pagos correspondientes a sus aportes previsionales desde enero de 1995 a la fecha.
Además, el organismo fiscal reclamó por medio de un edicto público la presentación de los estados contables de los ejercicios comerciales cerrados en 1995 y 1996, y de las copias de las declaraciones juradas de ganancias de la empresa American Building Projects, que está vinculada con los negocios del ex secretario de Turismo.
Pero hasta ayer no había presentado ninguno de los papeles reclamados por la DGI. La estructura de la presentación judicial que estudian los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos sería similar a la que se utilizó contra el empresario de la carne Alberto Samid por asociación ilícita, en 1996.
La denuncia se haría según la ley penal tributaria, que prevé la cárcel para aquellos a quienes se les comprueben casos de defraudación fiscal.
"Para poder actuar como lo ha hecho Fassi Lavalle y su esposa, Liz, tiene que existir una organización criminal", dijeron a La Nación fuentes oficiales.
Salvando las distancias económicas de uno y otro caso, en la DGI piensan que las investigaciones que involucran a Fassi Lavalle y sus empresas podrían derivar en un caso "Samid II".
Sostienen que para que durante años hayan podido desarrollar su actividad empresas vinculadas a Fassi Lavalle sin estar registradas ante la DGI -como el caso de San Francisco de Asís S.A.- tienen que haber contado con un apoyo legal, tal como ocurría con lo que la DGIdenominó "Grupo Samid".
