Los inversores miran más allá de un inminente acuerdo con el FMI

No ha sido un trimestre fácil para Javier Milei. No sólo las imágenes de la violencia dentro y fuera del Congreso despertaron en las últimas horas temores del pasado, sino que la serie de traspiés acumulados en lo que va del año dejaron a la luz una administración que, por momentos, parece estar atravesada por personajes improvisados y oportunistas. Muchos ni siquiera detentan un cargo público, pero forman parte del ecosistema libertario.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se presenta, en el corto plazo, como el único anuncio capaz de revertir la displicencia que hace ya semanas existe en el mundo económico. No parece un botín inalcanzable. Aunque antes se requieren una serie de pasos. Por lo pronto, en el Gobierno creen que no podría anunciarse un staff level agreement –un acuerdo a nivel técnico– sin antes conseguir que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) pase por el Congreso. “Qué pasa si se anuncia y nunca se aprueba… ¿cómo quedaríamos?”, se preguntó una fuente libertaria al tanto de las cuestiones económicas.

Si no fuera por que el Gobierno viene haciendo gala de su temeridad, desdeñando las funciones del Congreso en el tramiento del Presupuesto 2025, y con la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, el DNU con el que busca habilitarse la negociación con el FMI no parecería tan osado. Pero llega a un Congreso caldeado, y con un calendario electoral que no admite demasiadas demoras.

Hasta que el exministro de Economía Martín Guzmán incorporó en la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (N27.612) la obligatoriedad de que los créditos con organismos internacionales pasen por el Congreso, el Poder Ejecutivo tenía la potestad de negociarlos de forma independiente. ¿Debe el Ejecutivo exponer ante el Congreso cuestiones que pueden modificar el curso de los mercados, como las estrategias monetaria o cambiaria? Es un debate que podría darse. La Constitución, es cierto, establece en su artículo 75, inciso 7, que corresponde al Congreso Nacional “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Pero también dice que el Congreso tiene la obligación de “proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda”. Ambas facultades, se entiende, quedan delegadas en el Ejecutivo. Que no las haya cumplido exitosamente es otra cuestión.

Las condiciones del acuerdo, no parecen malas. Al menos, no en el mediano plazo. La Argentina tendría cuatro años y medio de gracia para pagar las amortizaciones de capital (sólo deberá cubrir los intereses del préstamo con el organismo de crédito, por lo que se evita de pagar en esos años US$13.900 millones), y además recibirá una suma de dinero fresco inicial que le permitiría levantar parcialmente el cepo cambiario. Está cada vez más claro que en el levantamiento de los controles seguirá primando el gradualismo. Aunque en un primer momento la idea es que haya algún anuncio de impacto.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación, que todavía está en curso, admiten las fuentes, pasa precisamente por el monto del desembolso inicial. Eso y el calendario de flexibilización cambiario. Porque la idea del FMI es que el acuerdo marque una hoja de ruta para que el Gobierno vaya del esquema cambiario de crawling-peg actual a un esquema de tipo de cambio flotante. La semana que viene será clave. Se espera que haya una nueva reunión informal del board (accionistas) para terminar de procesar los puntos que todavía siguen sin definición dentro del acuerdo. No suele anunciarse un acuerdo técnico sin antes tener la certeza de que el board del FMI lo aprobará luego. En el mercado se especula con que el anuncio técnico podría estar listo para la Asamblea de Primavera del FMI, que se desarrollará en Washington entre el 21 y el 26 de abril. No falta demasiado.

El Gobierno debería cuidarse en las próximas semanas de no seguir cometiendo errores no forzados. El escándalo de $LIBRA no pasó inadvertido entre los círculos de poder económico. Tampoco la ruidosa licitación de la Hidrovía, que tras denuncias de posible direccionamiento por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fue declarada desierta. En un encuentro con los usuarios del sistema fluvial, que tuvo lugar en una reciente jornada lluviosa, en las oficinas de la Subsecretaría de Vías Navagables, de cara al Río de la Plata, los representantes del Gobierno anticiparon que podrían volver a iniciar el proceso en los próximos meses, pero que luego la adjudicación se haría una vez transcurida la elección de medio término. “Así nadie se va a quejar”, esgrimieron.

Pero no es la única concesión que está en agenda. También, mientras avanza el proceso de licitación del Belgrano Cargas, está en discusión la prórroga de los permisos (las concesiones vencieron hace años) de las tres empresas privadas que hoy operan los diferentes ramales que integran la red. Ya hay conversaciones preliminares con Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint, que transporta granos y oleaginosas a los puertos de Rosario y Bahia Blanca, y cuyo contrato vence el 30 de abril. Las inundaciones que sacudieron a la ciudad portuaria bonaerense, sin embargo, destruyeron gran parte de la infraestructura. Habrá que cuantificar daños, para ver si sigue siendo negocio bajo las condiciones de precio actuales. El 21 de junio, en tanto, vence el contrato de Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, de Aceitera General Deheza (familia Urquía), que opera sobre todo en la zona del Noroeste Argentino (NOA). Y finalmente, en septiembre, será el turno de Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, del grupo Emepa.

Trascendieron en el sector relatos de supuestos intermediarios intentando sacar provecho en algún caso. Es posible que sean simples free-riders. En las empresas públicamente niegan las versiones. Temas sensibles. Por el historial que tiene el Estado argentino, si hay un rubro en el que el Gobierno debiera sobreactuar transparencia es en el del transporte.

Son todas señales que los inversores miran con atención. El potencial inversor de una Argentina con una macro estable es gigantesco. Por ahora, las grandes firmas llegan con cuentagotas. Los dos sectores que atraen más al capital internacional son el minero y el de petróleo y gas. En el primer caso, la empresa China, CNGR, empresa que fabrica materiales energéticos avanzados para baterías de iones de litio, proveedora de gigantes como Tesla, acaba de hacer una movida que pronto hará pública: adquirió en Jujuy la sociedad Lilac Solutions, con los derechos mineros asociados al proyecto Jama (un proyecto de litio). Ya había comprado en 2024 el proyecto Solaroz a la australiana Lithium Energy. Espera con ambos presentarse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), según le adelantaron esta semana en una reunión representantes de la compañía al secretario de Minería, Luis Lucero. Pero hay muchos más movimientos. Ni hablar en petróleo y gas. Sólo falta que el Gobierno termine de crear las condiciones adecuadas. La oportunidad es una.

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