Los secretos peor guardados de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y La Cámpora
La desolación que genera la economía conduce a cada vez más dirigentes oficialistas a pensar en el día después de abandonar el Gobierno; Massa saca sus últimos conejos de la galera, un grupo de funcionarios le busca trabajo a Alberto Fernández y La Cámpora defiende lo que antes criticaba; Juntos por el Cambio analiza el ajedrez para que medidas clave de un eventual gobierno pasen el filtro de la Justicia
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Los dirigentes kirchneristas comenzaron a experimentar desolación por su futuro político de corto plazo a nivel nacional, a tal punto que hablan cada vez menos de sus posibilidades cercanas y piensan más en el día después de terminar el Gobierno. Son sentimientos inspirados en el reconocimiento de que no se podrá mejorar la situación económica en el tiempo que les queda. La sensación derrama desde la cúspide.
Cristina Kirchner recondujo sus conversaciones en privado con exclusividad a su agenda del lawfare. Se la escuchó amable y agradecida hablando de esos temas en la cena que mantuvo hace dos martes con exjefes de Estado de Latinoamérica.
La vicepresidenta, que en otro momento se encendía en las discusiones sobre economía, esquivó la materia. Algunos creen ver en ese viraje un intento por empezar a hablar de su legado y abandonar un presente que considera perdido.
En Casa Rosada, un grupo de funcionarios todavía fieles a Alberto Fernández le está buscando trabajo para el momento en el que sea un expresidente. La primera piedra la tiró Juan Grabois. Tenía otro objetivo, pero sin querer instaló la idea.
En la marcha del 24 de marzo, Grabois sugirió que Cristina Kirchner podría ser la próxima jefa de Unasur, el organismo que reúne a diversas naciones sudamericanas y cuyo primer secretario general fue Néstor Kirchner. Es un sillón en el que otros, sin embargo, quieren ver a Alberto Fernández. Tratarán el tema en serio cuando deje de lado la aventura de una potencial reelección.
Para los laderos del Presidente, es un deseo con contenido. El titular de Unasur debe ser un expresidente. No hay tantos para competir por un puesto que debería tener una remuneración si los países vuelven a aportar su cuota.
Hay otras coincidencias a favor de los entusiastas. Lula quiere relanzar el organismo y tiene una amistad manifiesta con el presidente argentino. Los más fantasiosos se imaginan, incluso, con obtener un eventual pulgar arriba de Juntos por el Cambio en el futuro, si es que cambia el manejo de la Casa Rosada. Y dicen que hay canales entre Brasil y el larretismo, por ejemplo, a través de Rafael Follonier, una especie de canciller en las sombras de Cristina Kirchner en su última gestión que terminó expulsado del gobierno y desarrolló una antipatía profunda por la vicepresidenta.
Al menos por el momento, Alberto Fernández puede administrar recursos propios mientras espera el futuro. Su último recibo de sueldo muestra que, por primera vez en febrero pasado, su salario superó el millón de pesos. Fueron, en concreto, $ 1.045.996,46 por conducir al país.
Parece un número exiguo en comparación con su responsabilidad, pero hay una delación en los porcentajes. Gracias a las entramadas jerarquías de la administración pública, el Presidente tuvo un ajuste de casi 140% en 12 meses, por encima de la inflación. Será difícil contener con ese ejemplo los reclamos paritarios en un contexto de permanente suba de precios este año.
Pese al desánimo, Massa intenta sacar sus últimos conejos de la galera. Con la nueva versión del dólar agro espera mejorar la liquidación entre el segundo y tercer trimestre. También habrá otros trucos menos difundidos.
El Gobierno espera recibir en los próximos meses US$500 millones más de China para avanzar con las centrales Kirchner y Cepernic, mientras el Banco Central activa el swap con ese país para volcar algún recurso a la vacía pileta de sus reservas. Cada vez más, la precaria estabilidad del peso tiene nombre asiático.
Hacienda espera también que la renovada relación política con Brasil se traduzca en alivios concretos sobre la demanda de dólares. Hasta ahora, los funcionarios argentinos solo cosecharon desilusión.
Cecilia Todesca (vicecanciller, una de las últimas albertistas) y José Ignacio de Mendiguren (muy cercano a Massa) visitaron juntos a funcionarios de Lula a mediados de marzo para que ese país financie las exportaciones a la Argentina. Son US$10.000 millones al año. Por ahora, Lula les está fallando.
Cristina Kirchner puede atribuirse el hecho de tener capacidades premonitorias. Ocurrió a mediados del año pasado. Cuando la tensión con Alberto Fernández hundía a la economía en la descoordinación de la gestión y los malos pronósticos por la tormenta política, la vicepresidenta confesó sus temores entre la militancia. Temía que el tándem Fernández-Martín Guzmán condujera al país a una hiperinflación.
Máximo Kirchner transmitió generosamente esos miedos, sin filtro, quizás a propósito, en conversaciones que hasta incluyeron a dirigentes de la oposición mientras compartían un cigarrillo en un balcón del Congreso. La dirigencia de La Cámpora también entendió el mensaje.
Los miedos de la vicepresidenta allanaron el camino de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Su primer objetivo era dominar la inflación para convertir al Frente de Todos en un vehículo competitivo. En cambio, sus últimas decisiones convalidan un plan de carrera empeñado en llegar, antes que en ganar.
La fórmula Fernández/Kirchner se construyó una prisión hecha de paradojas, ya que convalidó las cosas que le critica a Mauricio Macri con el curioso visto bueno de La Cámpora. Sin embargo, no consiguió hasta ahora un rédito visible, quizá por su falta de convicción o desconcierto cada vez que las pone en práctica. Son los secretos peor guardados del Gobierno.
Para ahuyentar a los fantasmas de Cristina Kirchner, Massa aplicó un programa de ajuste fiscal moderado que pone colorada a la militancia kirchnerista. Lo justifican, sin embargo, en que son medidas necesarias, aunque por mucho menos le hicieron la vida imposible a Martín Guzmán.
Aunque el Gobierno elude hacerle propaganda, las columnas de Excel lo ponen en evidencia. Salvo una interrupción en enero pasado, el Gobierno redondeó siete meses de recortes. Uno de ellos le corresponde a la efímera Silvina Batakis.
Nada parece alcanzarle, sin embargo, a la contabilidad argentina. Massa se enfrenta hoy a complicaciones mayores a las que tenía cuando asumió. La sequía le quitará este año a la recaudación tal cantidad de recursos que el ajuste que sonroja al kirchnerismo se convertirá casi en una versión testimonial en la carrera por la estabilidad. Además, le explotan problemas impensados, como un fallo contra la Argentina por la estatización de YPF.
El ministro dejó de lado sus ambiciones originales para enfocarse en una tarea menos vistosa. Así, el término estabilización se convirtió en un eufemismo para hablar de palabras prohibidas en un país en donde achicar el gasto se convirtió en casi la única alternativa para evitar un accidente macroeconómico.
Podrían ser trazos suaves de un plan tributo a Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Mauricio Macri, que tras la devaluación de abril de 2018 se había propuesto reducir la pérdida del Estado para estabilizar la economía.
Otra parte de ese programa contemplaba ayuda externa a través del FMI, algo que en miniatura con organismos internacionales repitió Sergio Massa en los últimos meses. En ambos casos buscaban ponerle un ancla al dólar. La diferencia es que ahora el kirchnerismo convalida lo que antes criticaba.
La saga final de la fórmula presidencial tiene episodios grotescos. Frente a una pregunta del periodista Roberto Navarro, Fernández había dicho que, en caso de llegar al Gobierno, dejaría de pagar los intereses de las Leliq para aumentarles a los jubilados. El Presidente había cometido el error sobre el que advierten las maestras de primero o segundo grado de la escuela primaria: no mezclar peras con manzanas.
La conclusión de esa promesa es a la vez previsible y sorprendente. Fernández no solo no intentó dejar de pagarles a los bancos, algo que hubiese sido ruinoso para el país, sino que les aumentó el premio víctima de su propia política fiscal, mientras redujo las jubilaciones reales.
La gestión Fernández/Kirchner les rebanó hasta marzo pasado casi 19,5% a los haberes máximos. En las jubilaciones mínimas, no se da ese ajuste, pero quedaron sujetas a la discrecionalidad de una decisión presidencial.
Todo ocurrió bajo la mirada de Fernanda Raverta, dirigente sobresaliente de La Cámpora que, además, como jefa de la Anses defiende el secreto que oculta la cifra real de jubilación de privilegio que recibe Cristina Kirchner (LA NACION llevó hasta la Corte Suprema el pedido para conocer esa información, que su antecesor, Alejandro Vanoli, compartía sin vueltas).
El kirchnerismo deberá este año hacer campaña con la peor propaganda. Si se tiene en cuenta una posible caída de la actividad económica en torno del 3,3%, un cálculo cuidadoso, el producto bruto de este año estaría apenas 1,1% por encima del que dejó Mauricio Macri hace cuatro años. Pero si se lo divide por la cantidad de habitantes que hay en el país, arroja una caída per cápita de 2,6%.
En cambio, si se concretaran los peores pronósticos, que anticipan una recesión del 5%, se anotaría una caída de 0,7% en este gobierno. En cualquier caso, el Frente de Todos deberá hacer un gran ejercicio narrativo para explicarles a los votantes que Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejaron un país más chico del que heredaron.
El peligro atado a la crisis del campo es tan grande que preocupa incluso a quienes deberían alegrarse por los males que acechan al Frente de Todos. Los modelos que corren economistas que trabajan en la Fundación Pensar -funcionan bajo el mando de Hernán Lacunza- muestran que, por la caída de la recaudación, el Gobierno llegará a diciembre con un rojo mayor al previsto. Su teoría de trabajo es que Massa cubrirá lo que le falta con emisión de billetes, algo que empujaría a la inflación y favorecerá la dolarización.
Hay una pregunta que aún no tiene una respuesta clara en los equipos de Juntos por el Cambio. Se trata de cómo acomodar los precios relativos antes de ir a un plan de estabilización sin espiralizar el índice de precios. Quien siga a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner se encontrará con que debe desactivar una bomba que solo tiene cables rojos. De esa preocupación, sale una certeza: en caso de que haya un cambio de signo político este año, la parte sustancial de sus decisiones en el área económica se conocerán en las primeras 48 horas.
Los abogados tendrán un papel importante si se cumplen los pronósticos de las encuestas. Los equipos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich pusieron en marcha una red de relaciones para no repetir en 2024 los mismos errores de 2016, cuando muchas decisiones económicas quedaron atrapadas en la telaraña de las medidas cautelares.
El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, es uno de los encargados de armar ese ajedrez. Funciona como enlace de casi 60 abogados -algunos están en el exterior- que analizan cómo impedir en el futuro que medidas cautelares impidan la puesta en práctica de ciertas decisiones en áreas sensibles como el trabajo, los impuestos y los servicios públicos. Lo sufrió en el pasado el exministro de Energía, Juan José Aranguren, al momento de recomponer los precios de los servicios públicos.
El trabajo consiste en adaptar las decisiones a la jurisprudencia, en especial de la Corte Suprema, para que pasen por ese filtro.
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