Los subsidios no son necesariamente malos, pero muchas veces se malgastan recursos

El debate sobre los subsidios económicos se centra casi exclusivamente en su monto, el cual alcanzará este año la cifra de $ 120.000 millones, gran parte de lo cual irá a cubrir el déficit energético y el resto, a subsidiar los servicios de transporte público de pasajeros. Sin embargo, de lo que no se habla es de la naturaleza de dichos subsidios y de qué porción se destina a financiar gastos de capital (inversión) y que porción financia gastos corrientes de las compañías.

Con respecto a la naturaleza de los subsidios, los hay a la demanda y a la oferta. Los subsidios a la demanda (o directos) abaratan el precio del servicio y facilitan el acceso por parte de la población. Los subsidios a los precios del gas y de la electricidad son un ejemplo de esto. Contrariamente a lo que se supone, los subsidios aplicados al gas y a la electricidad no es dinero que reciban las empresas de servicios públicos "a cambio de no subir sus tarifas". La empresas distribuidoras y transportistas de gas y electricidad no reciben ningún tipo de subsidio y además tienen sus tarifas prácticamente congeladas desde hace una década. El subsidio en este caso simplemente compensa la diferencia entre el precio real de importación del gas o el costo real de generación de electricidad y los precios finales que los usuarios pagan. La diferencia entre estos valores no va a ninguna compañía, sino directamente a los bolsillos de los usuarios, que se benefician con precios más bajos.

El problema con estos subsidios es que se aplican indiscriminadamente a todos los usuarios, beneficiando proporcionalmente más a los ricos de las grandes ciudades porque son los que más gas y electricidad consumen.

Los subsidios a la oferta son una historia completamente diferente. Este tipo de subsidio involucra transferencias directas de dinero a las empresas que prestan los servicios sin existir necesariamente una correlación directa entre el monto del subsidio y un eventual beneficio para el usuario. Dos ejemplos de este tipo de subsidios son los otorgados a AySA (empresa de agua y cloacas de la CABA y 17 partidos aledaños) y los recibidos por las empresas de transporte de pasajeros, colectivos y trenes.

AySA comenzó a recibir subsidios del Gobierno en 2006 y no han dejado de subir. En efecto, los subsidios pasaron de $ 25 millones en 2006 a un estimado de $ 6300 millones para este año, separados en $ 4000 millones para gastos de capital (inversión) y $ 2300 millones para gastos corrientes. Sin embargo, el número de conexiones aumentó de 2,8 millones en 2006 a sólo 3,1 millones en la actualidad (300.000 conexiones adicionales en 7 años). De un acumulado de subsidios desde 2006 de $ 20.000 millones o US$ 6400 millones, da un costo promedio de 21.000 dólares por conexión adicional.

Otro ejemplo de subsidios a la oferta son los otorgados a las compañías de autotransporte de pasajeros y trenes. Dichos subsidios consisten en la venta de gasoil a las compañías a precio por debajo del de mercado y subsidios directos a cada empresa en función de la cantidad de unidades y de empleados que cada una tenga. Según datos de la Secretaría de Transporte, las empresas de autotransporte de pasajeros recibieron hasta ahora $ 16.700 millones, de lo cual destinaron a renovación y mantenimiento de unidades sólo el 10%. Con respecto a trenes, la misma fuente indica subsidios para el año en curso de $ 4700 millones, de lo cual materiales y contratistas representan el 8% y el rubro personal, 65%.

En síntesis, los subsidios no son necesariamente malos, aquellos que benefician directamente al usuario con precios más bajos pueden ayudar a su universalización. Pero aquellos indirectos, que van a empresas y fundamentalmente a financiar gastos corrientes, pueden malgastar recursos sin necesariamente beneficiar a los usuarios.

Emergencia. Sin gas en invierno y sin electricidad en verano, la cara más cruda del populismo energético

La crisis del gas. El Gobierno responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández y negoció con Brasil para destrabar el pago

Una alarma para Caputo. La historia detrás de un decreto que se firmó de apuro