Luchas inconducentes contra molinos de viento

La alta y persistente inflación es, por lejos, el problema crónico más dramático que padece la economía argentina debido a su impacto sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad social, ya que provoca una regresiva distribución del ingreso y la segmentación cada vez más marcada del consumo. Sin embargo, a falta de un programa creíble para atacar sus causas macroeconómicas, el gobierno de Alberto Fernández sigue empeñado en enfrentar sus efectos más visibles a través de una inútil lucha contra enemigos imaginarios, como los molinos de viento del Quijote.

Este ritual de atribuirla a culpas ajenas se repite invariablemente cada vez que el Indec difunde subas mensuales de 3 a casi 5% en el índice de precios al consumidor, como ocurrió en enero (3,9%) y buena parte de 2021. Y ahora tiene el correlato de disparatadas iniciativas oficiosas u oficiales, que van desde crear una empresa nacional para producir y distribuir alimentos frescos al estilo chavista –avalada implícitamente por la vocera presidencial– hasta aplicar un impuesto a las viviendas vacías para aumentar la oferta de alquileres, pasando por acentuar el intervencionismo estatal en distintos mercados.

Con la inflación instalada en un piso de 50% anual, la tercera más alta del mundo detrás de Venezuela (684%) y Sudán (115%) y sólo superado en 2019 (53,8%) tras la crisis cambiaria post PASO, este activismo de la heterogénea coalición gobernante sólo genera más desconfianza, comportamientos preventivos (remarcaciones) y efectos opuestos a los buscados.

Sin ir más lejos, se podría haber aprovechado el virtualmente inactivo período de sesiones extraordinarias del Congreso para derogar la ley de alquileres sancionada de apuro en 2020. Que, al establecer contratos mínimos de tres años y un único ajuste anual indexado por el IPC, desplomó la oferta, aumentó el número de unidades en venta y estancó al mercado inmobiliario.

También hay un relato oficial para la tribuna local sobre la política de ingresos que no refleja lo que ocurre en el campo de juego.

El enunciado de que los salarios aumentarían en 2022 tanto o más que la inflación, acaba de ser reemplazado –de palabra– por una pauta de 40% anual con revisiones periódicas. Y no deja de resultar anacrónico, ya que desconoce el deterioro estructural del mercado laboral a lo largo de los últimos 20 años. En el mejor de los casos abarca a los empleos formales con paritarias, que suman algo menos de 6 millones de trabajadores en el sector privado y algo más de 3 millones en el sector público. Pero deja de lado a 11 millones que trabajan como monotributistas, autónomos cuentapropistas y a una gran franja de asalariados “en negro” o que viven de changas, que son los más afectados por la inflación. Una prueba es que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, ascendió en enero a $34.300 para una familia tipo (+4,2%) y equivale al salario mínimo vital y móvil. Otra es la debilidad de la demanda de alimentos esenciales en los segmentos sociales más vulnerables.

En materia de precios, el relato oficial se concentra en saltos puntuales (lechuga y tomate en enero; a los que se sumarán trigo, maíz y carne en febrero; colegios privados y cambio de temporada de ropa en marzo), sin mencionar que todos los índices (minorista, mayorista y hasta el costo de la construcción) convergieron en enero con subas interanuales de 48,7 a 50,7%, salvo en rubros regulados. Tampoco admite el problema de la inercia inflacionaria –acelerada por la emisión de pesos del plan “platita”–, ni el fracaso de las anclas (tipo de cambio y tarifas) para contenerla en 2021 a costa de una fuerte distorsión de precios relativos.

Aun cuando en las próximas semanas se alcance el acuerdo con el FMI, todo indica que la inflación no se desacelerará significativamente en el segundo trimestre. Por lo pronto ya se está aplicando, en dosis homeopáticas, el programa macroeconómico que incluye un mayor ritmo de suba del dólar oficial, al que seguirá un ajuste inicial de hasta 20% en las tarifas de gas y electricidad, insuficiente para mover hacia abajo el amperímetro del gasto en subsidios estatales. Mientras tanto, habrá que esperar el efecto de la segunda suba de este año en las tasas de interés, destinada a descomprimir la demanda de dólares y reducir la brecha cambiaria desde sus dos extremos. También la reacción de los movimientos sociales –oficialistas y opositores– al anuncio de no ampliar el plan Potenciar Trabajo.

Si hubiera que atenerse a las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a nivel micro la lucha contra la inflación se basaría en dos ejes.

Uno es “desacoplar” las subas de precios internacionales de los alimentos, a través de fideicomisos de empresas para subsidiar el consumo interno. Aunque este mecanismo tuvo su antecedente con el aceite de girasol en 2021, cuando los exportadores se comprometieron a aportar US$190 millones para estabilizar los precios domésticos (como si fuera un auto-aumento de retenciones), ahora acaba de ser prorrogada por un año sin acuerdo previo. También se proyecta extenderla al trigo para subsidiar los precios de harina y fideos, mientras no se descarta incluir a la cadena del maíz, todo lo cual implica una mayor intervención estatal en los mercados en detrimento de una mayor producción exportable. Ya ocurrió en enero con la carne vacuna, cuando los frigoríficos aceptaron suspender la exportación de 7 cortes populares por dos años a cambio de que se levantara el cepo y no se duplicaran las retenciones para el resto, en lo que fue calificado como un “acuerdo chantajista” por Miguel Schiaritti, titular de la Cámara de la Industria Cárnica (Ciccra).

Otro es mantener el programa Precios Cuidados, con ajustes trimestrales de 6% promedio para 1300 productos en las cadenas de supermercados, que representan 30% del consumo masivo total, y sumar otra módica canasta de 75 para comercios de cercanía (almacenes y autoservicios) con el mismo mecanismo de acuerdos con los fabricantes.

Aunque no pocos empresarios reconocen que Feletti adoptó una postura dialoguista y realista con respecto a los mayores costos, fue llamativo verlo esta semana en una entrevista por C5N como si rindiera examen ante Víctor Hugo Morales. Allí respondió que prefiere los acuerdos a “imponer precios”, como le sugirió el conductor y admitió que para normalizar el mercado interno de la carne se necesita la colaboración de los municipios. Una forma elegante de señalar que los frigoríficos locales mantienen la comercialización de medias reses y se resisten a los cortes trozados, que implican trazabilidad y ventas en blanco.

Sin embargo, la realidad en las góndolas es muy diferente. Los “cortes cuidados” se distinguen a simple vista por su alto contenido de grasa, aunque su precio sea casi la mitad que los de mayor calidad. Y los productos envasados no incluidos en la canasta de Precios Cuidados suman cada mes aumentos de 10, 20 o 30 pesos, según los casos, con más variedades y envases de menor contenido.

Una prueba es que el ticket de la canasta fija de 30 productos de consumo masivo, que monitorea esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, ascendió en la segunda semana de febrero a $14.067, con alzas de 13,5% respecto de enero ($12.751) y de nada menos que 72,7% si se la compara con el mismo mes de 2021 ($8144).

Con muy pocos precios cuidados, este mes hubo 12 productos sin aumentos o con bajas, mientras los 18 restantes mostraron subas de 5% (lomo de ternera premium) hasta 80% (agua mineral). En la comparación interanual, 18 registraron subas superiores a la inflación, con picos de 257% (pimientos rojos); 130% (café torrado); 125% (carne picada especial); 106% (servilletas de papel) y 105% (postres lácteos). Solo 2 muestran bajas (papas y una segunda marca de gaseosa lima-limón).

Para más datos, la misma canasta costaba $ 6619 en diciembre de 2019; $ 1865 a fin de 2015 y $ 740 hace diez años.

Por Néstor O. Scibona

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