Luz y gas: una imprevista caída en los subsidios despertó suspicacias entre analistas
Hasta agosto, las transferencias energéticas implicaron un gasto de $1,1 billones
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LA NACIONSofía Diamante
Pasaron casi dos meses desde que la secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó en una conferencia de prensa que habría un esquema para aumentar los servicios de gas y electricidad. Ahora, las demoras para implementar la segmentación en las tarifas energéticas podrían traerle al equipo económico más problemas de los imaginados.
Se trata del corazón del ajuste fiscal que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, para cumplir con las metas del FMI y para enviar un mensaje de tranquilidad al mercado en la línea de que reducirá su dependencia de la emisión monetaria del Banco Central. Sin embargo, los aumentos todavía no se aplicaron y las presiones políticas comienzan a generar dudas sobre su implementación.
La Subsecretaría de Hidrocarburos, que dirige Federico Bernal, publicó recién hoy los cupos máximos de subsidio que tendrán los hogares de ingresos medios en el servicio de gas.
Por lo tanto, el aumento de la segmentación por ahora solo es efectivo para los hogares de ingresos altos a partir del consumo realizado desde el pasado 27 de septiembre. El incremento para usuarios de ingresos medios se realizará una vez que el ente que regula el gas, Enargas, instruya a las distribuidoras a aplicar los cupos máximos de consumo subsidiado.
En electricidad, los nuevos cuadros tarifarios ya se implementaron en los hogares de ingresos altos y medios (con un tope máximo de subsidio de hasta 400 kwh mensuales) en los consumos que rigen desde el pasado sábado (1° de octubre).
Además, la Secretaría de Energía dispuso que se actualicen las tarifas de electricidad para los usuarios generales, que incluyen consorcios y pequeños comercios, a diferencia del gas, donde el incremento se aplica solo para los usuarios residenciales.
En el Gobierno admitieron que, como no se pueden identificar a los 8000 clubes de barrio dentro del grupo de usuarios generales, se deben anotar en un registro que se puso a disposición para mantener los subsidios a la electricidad. En caso contrario, deberán pagar la tarifa plena.
El objetivo detrás de esta segmentación es reducir el gasto en subsidios a la energía, que hasta agosto implicaron transferencias por $1,1 billones (millones de millones), lo que representa un aumento de 87% con relación al mismo período del año pasado, según datos oficiales. Si se tiene en cuenta que la inflación interanual fue de 78,5%, el incremento real es de 15%, una suba que llama la atención por ser bajo, en comparación con el aumento en dólares que tuvo el costo de la energía por la disparada de los precios internacionales del gas.
Números que no cierran
Los subsidios energéticos tuvieron dos dinámicas distintas este año. Hasta junio, aumentaron por encima de la inflación, pero a partir de mayo las transferencias al sector comenzaron a caer.
El último bimestre, por ejemplo, se redujeron 53,3% interanual en términos reales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, pese a que la inflación se mantuvo arriba del 7% mensual y la moneda se devaluó más de 6%.
La explicación de esta paradoja puede estar vinculada al rol de la compañía privada Cammesa, que no solo es el corazón del sistema eléctrico en el país, sino también el salvavidas que suelen usar los ministros de Economía para esconder gastos fiscales.
“Los subsidios se frenaron antes del aumento de tarifas. En el caso de la electricidad, están escondiendo el costo en Cammesa, que no está pagando a las generadoras en tiempo y forma. Y como Cammesa no es sector público nacional, eso no les afecta con las metas del FMI. Ergo, creo que el menor impacto fiscal por el atraso tarifario lo van a maquillar así”, dice el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
Cammesa es la empresa que se encarga de los despachos de energía eléctrica. Es una compañía privada, cuyos accionistas son las empresas generadoras de electricidad (entre las que están YPF Luz, Enel, Central Puerto, Pampa Energía y AES), las distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur, entre otras), las transportistas (Transener, por ejemplo) y el Estado, que controla la compañía por el tipo de acciones que tiene.
Debido al retraso tarifario de los últimos 20 años, el Estado utilizó a Cammesa como el amortiguador para que la cadena de pagos del mercado eléctrico no colapse. Por ejemplo, este año, a Edenor y Edesur solo se les autorizó un incremento en sus ingresos de 8%, cuando la inflación acumulada es del 56,4%. Como a estas empresas no les alcanza la recaudación de las tarifas para cubrir sus costos, se financian con Cammesa para llegar a fin de mes. Es decir, no le pagan por el total de la electricidad que les venden a sus clientes.
Esta dinámica sucede con la mayoría de las empresas distribuidoras, que ya le adeudan a la compañía $502.000 millones, como publicó Gabriela Origlia en LA NACION.
Cammesa, a su vez, tiene la responsabilidad de pagarles a las generadoras por la electricidad despachada. La generación eléctrica tiene un costo aproximado de $180.000 millones por mes, que la compañía debe desembolsar con ayuda del Tesoro, ya que no llega a cubrir el costo total porque las distribuidoras no le pagan a Cammesa lo que deberían. Sin embargo, en julio, mes en el que hubo tres ministros de Economía, el Tesoro no transfirió fondos a Cammesa, según el registro de datos de la consultora EcoGo.
Fuentes de la industria indicaron a LA NACION que la deuda de Cammesa con los generadores eléctricos al 31 de agosto es de $87.338 millones. Además, a esa fecha debía pagos por gas de $44.990 millones.
“Los subsidios económicos en la energía eléctrica se empiezan a desacelerar antes de que aumenten las tarifas. El Estado está pagando menos, pero todavía no aumentó las tarifas con la que se cobran las generadoras. La deuda flotante la acumula Cammesa, pero como la compañía no es parte del sector público nacional, esa deuda flotante no entra en el cálculo del Tesoro y no molesta en la auditoría del FMI”, explica Caamaño.
Un exsecretario de Hacienda coincide con esta dinámica que suele hacer el Estado. “La deuda flotante la tiene Cammesa y como no es sector público, no queda registrada. Es una deuda flotante escondida en Cammesa. La deuda flotante del sector público es lo devengado no pagado del Tesoro a Cammesa, pero es totalmente manejable y es un número menor”, explicó en reserva.
Al momento, Cammesa mantiene un atraso de pago con las generadoras eléctricas de 36 días, luego de cumplidos los 42 días que tiene de plazo para pagar legalmente. Es decir, desde que se emite la factura, paga a los dos meses y medio. “Cammesa está mucho mejor, en los últimos meses se había retrasado más, pero mejoraron en el último mes”, explicaron en una empresa generadora.
La explicación oficial
En la Secretaría de Energía indicaron que la decisión de Massa “fue precisa” en cuanto a “normalizar los pagos que Cammesa debe realizar a los generadores, transportistas y compra de combustibles del mercado eléctrico mayorista”.
Y agregaron: ”La intención de regularizar los pagos se viene ejecutando en sus hechos. A la fecha, Cammesa solo tiene una deuda vencida que representa un porcentaje del 38% de una transacción mensual, abonando sus compromisos con un atraso menor a 30 días. Solo en período invernal se llegó a una demora de 51 días máximo por cuestiones administrativas, propias de un cambio de gestión, sumado a la necesidad de afrontar compras de combustibles líquidos (con precios internacionales afectados por la guerra en Europa) y de importación de energía de Brasil para atender la demanda con menor aporte de gas. Esta situación ya fue corregida a la fecha”.
Según cálculos del economista Julián Rojo, del Instituto Mosconi de Energía, el costo de atrasar el aumento de tarifas es de alrededor de US$85 millones por mes. “Hoy se están gastando en promedio unos US$1100 millones por mes aproximadamente en subsidios. El Estado se pierde de ahorrar alrededor del 8% del gasto mensual en subsidios en septiembre”, señaló.
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