Más distorsiones que agravan la inflación de tres dígitos

La previsible aceleración en marzo del índice de precios al consumidor, con aumentos de 7,7% mensual, 21,7% trimestral y 104,7% acumulado en 12 meses, deteriora el poder adquisitivo de los ingresos laborales, obliga a reabrir o renegociar paritarias, aumenta la frecuencia de ajustes de contratos indexados y, con el cepo importador y los dólares libres en torno de $400, presiona sobre los costos y más temprano que tarde se trasladará a los precios, con lo cual se consolida la inflación de tres dígitos.

También esta inercia acentúa la desactualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias (que desde enero equivale a una remuneración bruta de $404.000 mensuales, con un ajuste de 75% interanual, casi 30 puntos porcentuales por debajo de la inflación) así como los límites de financiación y pagos con tarjetas de crédito, lo cual deprime el consumo de bienes durables.

A estas distorsiones se suma el impacto del nuevo dólar agro a $300 para promover exportaciones de economías regionales, que regirá hasta fin de agosto y, además de aumentar la emisión de pesos, elevará los precios internos de productos básicos que en muchos casos a su vez son insumos de la industria alimentaria.

Aun así, el gobierno del Frente de Todos actúa de cara a la campaña electoral bajo la consigna implícita de “si hay crisis, que se note lo menos posible” y con el único plan de tratar de llegar a las PASO de agosto sin una maxidevaluación del peso o un estallido económico, para endosar la herencia al gobierno que asuma en diciembre.

La táctica del oficialismo consiste en aplicar medidas parciales, selectivas y temporarias a través de una seguidilla de anuncios destinados a transmitir la falsa sensación de que los principales problemas macroeconómicos (inflación, escasez de reservas agravada por la sequía, cepo importador, declinación del PBI, dificultades para financiar el déficit del Tesoro, costosa absorción del excedente de pesos, etc.) no resultan tan críticos como lo son y es posible convivir con ellos sin atacar sus causas.

Sin embargo, la actual crisis no puede ser disimulada con parches transitorios para deformar la realidad. Menos aún, cuando éstos generan distorsiones económicas al por mayor que terminan por crear problemas adicionales y realimentan la inflación.

Una muestra fue el acuerdo de Sergio Massa con la cúpula de la CGT para eximir de Ganancias el pago de adicionales de convenio (horas extras, viáticos, bonos, etc.). Pero este alivio impositivo, celebrado por los dirigentes sindicales en las redes sociales, alcanza a 600.000 trabajadores registrados y, como es habitual hace años, deja a los autónomos fuera de cualquier beneficio. Salvando las distancias, este apoyo sindical se asemeja al “Gracias Isabel” (Perón) de mediados de 1975, cuando dispuso un aumento salarial de 65% después del “Rodrigazo”, que también entonces catapultó la inflación a tres dígitos anuales.

Ahora, en cambio, la mayor inflación golpea con más fuerza a los trabajadores informales (casi la mitad de la fuerza laboral) que, sin paritarias ni cobertura de salud de obras sociales, en los últimos cinco años perdieron 40% de sus ingresos reales. Aquí la respuesta oficial fue subir en 35% el monto de la tarjeta Alimentar, que pasó a $17.000 para las familias con un hijo; a $26.000 con dos y a $34.000 con tres), ya que la canasta básica alimentaria (CBA) viene subiendo por encima del IPC y tendrá otros dos ajustes trimestrales. De todos modos, esos importes se diluyen después de unas pocas compras en supermercados o comercios de cercanía, aunque su pago implicará mayor emisión de pesos.

Otro tanto ocurre con los jubilados y pensionados, cuya fórmula de movilidad automática va por detrás de la inflación. Para compensar esta pérdida de poder adquisitivo, únicamente quienes cobran el haber mínimo reciben desde marzo y hasta mayo un bono de $15.000 mensuales, que se reduce hasta $5000 para los que perciben hasta dos mínimos. Pero este gasto extra también significa mayor emisión y futuras presiones inflacionarias.

No será diferente la fuente de financiación de la nueva ley de moratoria previsional para trabajadores sin años de aportes suficientes para jubilarse, aunque por presión del FMI fue reglamentada con límites por ingresos y patrimonios de los futuros beneficiarios, que en caso de superarlos no podrán financiar el pago de la deuda con la Anses. De ahí que su alcance llegaría a 500.000 personas, en vez de las 800.000 previstas en el proyecto impulsado por el kirchnerismo en busca de votos. Además, probablemente las nuevas altas dependerán en lo que resta del año de la evolución de los ingresos tributarios, castigados por la menor recaudación de retenciones agrícolas debido a la sequía.

Pero a contramano de esta escasez de recursos, el Gobierno acaba de poner en marcha el Previaje 4 para promover en mayo y junio el turismo interno de jubilados y sectores medios que, a pesar de algunas restricciones (como un plazo de solo 9 días para registrarse) tendrá un costo fiscal de $15.000 millones. O sea, más “maquinita”.

También resulta contradictoria la campaña con spots oficiales en radio, televisión y redes sociales para inscribirse en el registro para mantener los subsidios a las tarifas (RASE, abierto desde julio de 2022), cuando acaban de disponerse aumentos destinados a las distribuidoras de electricidad del AMBA y la provincia de Buenos Aires, que no habían sido incluidas en los ajustes anteriores de los precios mayoristas de la energía. Ahora regirán en abril (de 19 a 48%) y en junio (de 43% a 118%) en ambos casos con respecto a febrero y abarcarán a todos los niveles socioeconómicos, incluyendo la quita total de subsidios para el de mayores ingresos.

Mientras tanto, los ajustes de 4 % mensual para naftas y gasoil acordados con las petroleras hasta fin de agosto (a cambio de alivios impositivos), van camino a atrasarse con respecto a la inflación y los precios vigentes en los países limítrofes. Lo mismo ocurre con el dólar oficial poco competitivo. En cambio, el boom de turistas de países vecinos durante Semana Santa en tours de compras demuestra que con el dólar cerca de $400 la mayoría de los precios locales resultan baratísimos.

Esta misma razón, junto con el menor ingreso de divisas en 2023 por la sequía (US$16/17.000 millones), llevó a Massa a “devaluar sin devaluar” transitoriamente con el dólar agro a $300 por 45 días para la soja y por 150 para las economías regionales (excepto la carne vacuna) a costa de generar más distorsiones en los mercados, ya que la lista abarca a lácteos, huevos, pollos, pescado, vinos, yerba, café, arroz, aceite de oliva, aceitunas, frutas, verduras, hortalizas, etc. Además, el BCRA deberá emitir alrededor de un billón de pesos por la diferencia con el tipo de cambio oficial.

En estos casos, no es seguro que muchas pymes puedan exportar ya que deben haber realizado alguna venta externa en los últimos 18 meses. Pero las empresas de todo tamaño que exporten con el tipo de cambio diferencial, que seguramente elevará los precios en pesos, tendrán que destinar un cupo de producción al mercado interno con el programa de Precios Justos, que prevé ajustes de 3,2% mensual hasta junio, mientras los costos se elevan a razón de 7% o más.

Por ahora, no hay ninguna precisión oficial sobre estos cupos, mientras el cepo importador hace que el precio de los insumos tenga como referencia los dólares libres. La única certeza es que la inflación de tres dígitos altera la ley de oferta y demanda: aunque baje el consumo, los precios igual suben por desconfianza en el futuro.

Por Néstor O. Scibona

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