Más que dolarizar, hay que ordenar las cuentas y ser más competitivos

Daniel Artana
Daniel Artana PARA LA NACION
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11 de septiembre de 2019  • 20:32

Varios años de elevada inflación y volatilidad cambiaria han impulsado un debate interesante sobre la conveniencia de dolarizar la economía argentina. Es evidente que una decisión en tal sentido reduciría de golpe la inflación, lo que tendría efectos positivos sobre el funcionamiento de la economía en el corto plazo.

En el mediano plazo, la literatura académica destaca otros efectos positivos potenciales: al dejarse de lado la posibilidad de emitir para financiar al fisco, se tomarían decisiones fiscales bajo una restricción dura que impediría los déficits no financiables y ello ayudaría a bajar la tasa de interés. Además, al reducirse la volatilidad del tipo de cambio, podría favorecerse el comercio internacional.

Sin embargo, la literatura también destaca costos importantes, sobre todo si el país que dolariza no tiene su economía estrechamente ligada en lo comercial con Estados Unidos. Shocks reales son mejor absorbidos con tipo de cambio flexible y ello debería reducir la volatilidad del PBI.

La Argentina adoptó un régimen parecido a la dolarización con la convertibilidad y ahí quedaron expuestas algunas de las ventajas y de las desventajas. La inflación desapareció, pero cuando Brasil, nuestro principal socio comercial, depreció su moneda en 1999 y los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación bajaron la sociedad no soportó el ajuste deflacionario que era necesario para mejorar el tipo de cambio real y se terminó abandonando el régimen del 1 a 1.

Tampoco sirvió la rigidez cambiaria para generar un régimen fiscal prudente. La expansión del gasto público fue enorme en los 90 y tampoco se logró el equilibrio presupuestario.

La evidencia empírica sobre el desempeño económico de economías de países emergentes dolarizadas (Edwards, 2011 y otros trabajos citados allí) muestra que se reduce sustancialmente la inflación, pero que las economías dolarizadas crecen algo menos que las que mantienen su moneda. Además, la volatilidad del PBI es mucho mayor en las economías dolarizadas, al revés de lo postulado en una reciente nota a favor de dolarizar la Argentina publicada en The Wall Street Journal.

Además, los países que dolarizan sufren una pérdida permanente al cederle al Tesoro del país emisor el señoreaje y el impuesto inflacionario. Esa transferencia para el caso argentino puede estimarse en un 10 a 15% del PBI medida en valor presente.

Si uno acepta que la raíz de la volatilidad argentina se debe, principalmente, a la incapacidad de ordenar las cuentas fiscales, la conclusión podría cambiar si la dolarización nos ayudara a que nuestra dirigencia política tomara decisiones en base a una restricción presupuestaria dura y creíble.

Sin embargo, vimos que eso no funcionó así en la convertibilidad y tampoco en otros países. Zimbabwe es un ejemplo donde el Estado sorteó la restricción pagando gastos estatales en moneda virtual, al igual que nuestros gobiernos que emitían Lecop, Patacones y otros similares. La inflación en esa moneda local en Zimbabwe es hoy de 500% anual.

Finalmente, si ignoramos la transferencia al fisco norteamericano uno podría imaginar un fondo anticíclico que permitiera moderar los efectos de shocks adversos en el sector de bienes transables. Ello requería generar un superávit fiscal adicional. Pero si fuésemos capaces de tener cuentas fiscales más que ordenadas, ¿para qué necesitaríamos dolarizar?

En conclusión, no parece que la dolarización lleve automáticamente a mejorar la calidad institucional de un país. El debate es interesante y todas las opiniones son respetables, pero para terminar con la decadencia argentina hace falta que tratemos de imitar a los países emergentes que han logrado crecer a tasas elevadas. Ello se basa mucho más en el esfuerzo para invertir y aumentar la productividad que en una cambio drástico en el régimen monetario.

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