Más mujeres con trabajo: políticas para lograr la meta

Ampliar, desde una acción del Estado, los espacios para el cuidado de niños pequeños por unas horas fuera de sus hogares, extender la jornada escolar para chicos algo más grandes y apuntalar para todos los menores de 18 años el cobro de una asignación mensual son tres políticas que, entre otras, integran el listado de las que podrían tener efectos sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral.

El tema admite diferentes visiones sobre esos efectos (hay estudios académicos que llegan a conclusiones disímiles) y lleva a observar datos de la realidad social y laboral para hacer un diagnóstico, trazar un objetivo y preguntarse el para qué de la meta. A partir de la premisa de que cerrar las brechas de género en materia de oportunidades laborales no solo lleva a que se cumplan derechos sociales, sino también a que haya mejores posibilidades de desarrollo para el país, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) se propuso evaluar qué impactos tendrían las tres políticas mencionadas sobre el empleo , el crecimiento económico y la recaudación impositiva.

En el caso de la ampliación de la oferta de espacios de crianza y cuidado de niños, se plantearon diferentes escenarios: uno de ellos (el intermedio entre uno de máxima y uno de mínima) supone una inversión equivalente a $388.000 millones actuales (3,2% del PBI) y proyecta una recuperación de $217.000 millones por recaudación, atada a una mayor actividad que supondría, además, la creación de 1,2 millones de empleos. Esos puestos -63% sería para mujeres- estarían ligados a construcción de edificios, tareas de cuidado y otras más, que tendrían lugar dadas las posibilidades de trabajo que, por un mayor tiempo disponible, se entiende que harían mujeres que hoy no tienen actividad remunerada.

El informe cita conclusiones de un estudio de los investigadores de la Universidad de Chicago, Gary Thomas Burtless y Jerry Hausman, respecto de que esa medida puede tener dos tipos de efectos: aumentar la participación laboral femenina por mayor disponibilidad de tiempo, o disminuir esa participación por la caída de los costos asociados al cuidado de chicos. Y se agrega que varios estudios hechos para América Latina indican la presencia de impactos positivos.

¿Cómo se llega a las proyecciones? Según explican Florencia Caro Sachetti y Matilde Karczmarczyk, integrantes del equipo del Cippec, se consideraron datos de la matriz insumo producto (que muestra cómo se generan y se usan los bienes y servicios en la Argentina) actualizada por el Ministerio de Producción al año 2015. Así, tras estimar los costos de implementar las políticas elegidas, se volcaron los datos a la matriz para calcular efectos.

Otra medida analizada supone una extensión de la jornada escolar. Se traduciría en que 574.000 alumnos sumarían 4 horas más a las que ya pasan en los centros de enseñanza, con lo cual se llegaría, según se explica, a un 30% de cobertura de jornada completa (8 horas). Datos del Relevamiento Anual de Matrículas muestran una alta heterogeneidad, según el lugar del país, en cuanto a las horas en las aulas. "En Tierra del Fuego el 64% de los chicos de primaria tiene jornada extendida y, en Santa Cruz, ningún alumno la tiene", dicen las investigadoras.

El plan implicaría construir y equipar más de 3000 escuelas nuevas para la mitad de los alumnos alcanzados (la otra mitad iría a establecimientos ya existentes). ¿El impacto? Según el informe, con una inversión de 1,3% del PBI se generarían 444.400 empleos (44% sería para mujeres).

La tercera política enunciada implica una ampliación de las transferencias de dinero a los hogares con niños y adolescentes, a partir del actual sistema de la Asignación Universal por Hijo (AUH). ¿Eso provocaría más o provocaría menos inserción laboral de mujeres? Un trabajo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata, hecho en 2017, encontró que recibir la AUH puede generar desincentivos al trabajo, no como regla general, sino en grupos sociales con rasgos específicos: mujeres de bajo nivel educativo, con menos de dos hijos y con pareja empleada.

"Los programas de transferencias tienen que hacerse compatibles con otros planes sociales, educativos y laborales", plantean Caro Sachetti y Karzmarczyk. Agregan que sería necesario otro ajuste al esquema actual, referido a las corresponsabilidades (la obligación de demostrar que se cumple con la escolaridad y los controles de salud). La propuesta es o bien eliminarlas, o bien que se automatice la revisión del cumplimiento de las exigencias, para liberar a las familias de una carga burocrática de la cual, por lo general, se ocupan mujeres.

La dinámica del sistema implica que se pague el 80% de la prestación cada mes y que el 20% restante quede sujeto a demostrar que se cumplieron los requisitos. Según dijo a la nacion el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, se está avanzando desde hace un tiempo en la simplificación: por un lado, la documentación puede subirse a la página del organismo y, por el otro, se reciben datos desde varias provincias (de los ministerios de Educación, por caso) que hacen que ya no se exija a las familias hacer las presentaciones.

El monto total es, desde este mes, de $2650, según anunció el viernes el presidente Mauricio Macri en el Congrseo.

La política de expansión de esta asignación por hijo se propone, principalmente, bajar la pobreza infantil. A esa condición la sufren cuatro de cada diez chicos de hasta 14 años, según el dato del Indec al primer semestre de 2018 (se estima que el índice subió luego).

El documento del Cippec propone, por un lado, extender la AUH eliminando algunas excepciones normativas que existen. Y, por el otro, subir el valor y vincularlo con el de la canasta básica total publicado por el Indec (dándole una actualización trimestral): se plantea calcular el 67% del precio de la canasta para un adulto y a ese número aplicarle el 65%: hoy daría $3727. Ese plan, señala el informe, bajaría la pobreza infantil en un 50% y, según se sostiene, reforzaría el ingreso monetario y lograría que más familias paguen por el cuidado de sus chicos, lo cual liberaría tiempo para buscar trabajo.

La pobreza y las cuestiones culturales respecto de las tareas domésticas, entre otros aspectos, hacen que la participación de las mujeres en el mundo del trabajo sea relativamente baja. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec (al segundo trimestre de 2018), mientras que el 69,5% de los varones se declara laboralmente activo, en la población femenina esa tasa es de 48,5%. La ecuación cambia cuando se mira la participación en el trabajo doméstico no remunerado: para ellas la tasa es de 88,9% y, para ellos, de 57,9%.

En la situación incide la condición económica de los hogares: mientras que en el quintil de más bajos ingresos el 40,7% de las mujeres participa en el mercado laboral, en el quintil mejor posicionado según ingresos esa tasa llega a 61,6%, según conclusiones (basadas en la EHP de 2017) a las que llegó un informe de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas del exministerio de Trabajo.

El documento del Cippec consigna que por los resultados de la encuesta de hogares se puede saber que el ingreso promedio horario es similar para varones y mujeres, pero que hay una brecha importante en la cantidad de horas trabajadas: es de 32 y de 42 por semana según se mire la población femenina o masculina. Eso explica la tendencia de las propuestas a ocuparse de la gestión del tiempo.

Lograr la igualdad de condiciones para acceder al empleo es un tema de preocupación global. El reciente informe sobre el futuro del trabajo hecho por expertos convocados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que, en el mundo, el tema tuvo un "ritmo de cambio frustrante por su lentitud", y advierte que el camino a la igualdad comienza en el hogar, con una distribución más equitativa de tareas, algo a lo que podrían ayudar políticas como licencias extendidas por paternidad.

Además, se destaca la necesidad de inversión en servicios para cuidado de niños y en servicios públicos en general. Porque se entiende que el desarrollo de infraestructura para llevar, por ejemplo, agua potable al hogar, alivia las tareas domésticas hechas generalmente por ellas.