Milei, el privatizador, podría entregar una ruta a Kicillof, el estatista, para que cobre peaje por 30 años
Se abrieron los sobres de dos corredores de las rutas 5 y 3, además de la Autopista Ezeiza Cañuelas, y se presentaron 15 ofertas; Aubasa, del gobierno bonaerense, es una de las candidatas
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LA NACIONDiego Cabot
En la licitación de la hidrovía hay una cláusula que establece que ninguna empresa con capitales soberanos puede presentarse en la licitación. Tiene nombre: China. Sin embargo, los reguladores argentinos no repararon en que una empresa estatal, bonaerense, en este caso, se podría presentar para manejar una ruta nacional.
En el reducido grupo de funcionarios que están sobre el asunto hubo sorpresa. ¿Y si la empresa estatal Aubasa, que maneja el gobierno de Axel Kicillof, se queda con la concesión de un corredor vital para la provincia de Buenos Aires? Podría pasar, y de hecho, hay chances de que suceda.
El punto es el siguiente. El plan privatizador de rutas del gobierno de Javier Milei se encontró con una sorpresa. Cuando se abrieron los pliegos de dos corredores, Tramo Sur -Atlántico- Acceso Sur (que contiene la Autopista Ezeiza - Cañuelas y la ruta 3) y el Tramo Pampa (con la ruta 5 desde Mercedes a Santa Rosa, La Pampa). Se presentaron 15 ofertas.
Una de ellas llamó la atención: Aubasa, la firma cuyo gerente general es Luis Ceriani, el expresidente de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández.
La firma, que es la que tiene la concesión de las rutas interbalnearias 2 y 11, con algunos empalmes y trazos de conexión, es, además, la que administra la autopista Buenos Aires - La Plata. El 93% de las acciones son propiedad del estado provincial y el 7% restante, de los empleados que se adhirieron al sistema de propiedad participada.
Esta vez se presentó en la licitación del Tramo que contiene la Autopista Ezeiza - Cañuelas y la ruta 3. Claro que sería una enorme paradoja política.
Milei, el privatizador, le estaría entregando una ruta por 30 años a Kicillof, el estatista. Al menos, raro. Sin embargo, según los datos que surgen del presupuesto bonaerense, que revisó LA NACION, Aubasa podría ser una gran candidata. Si se toman en cuenta las previsiones anuales para 2026, la empresa tiene anotados ingresos por $269.659 millones (todos por la operación), no espera subsidios y prevé gastos por $146.474 millones, de los cuales alrededor de $85.000 millones son remuneraciones del personal. Es decir, números solventes, al menos en la previsión oficial asentada en la planilla 33 del presupuesto bonaerense.
Claro que eso no sería lo único curioso que podría pasar en ese corredor. Uno de los competidores de Aubasa es Cristóbal López, dueño de la constructora CPC, que podría volver a tener la concesión de la Autopista Ezeiza - Cañuelas, después de que la concesión fuera rescindida, causa penal en el medio, por el gobierno de Mauricio Macri cuando el ministro de Transporte era Guillermo Dietrich y el director de Vialidad, Javier Iguacel. El tiempo pasó y Cristóbal López podría volver a sentarse en las mismas oficinas que ocupó. El empresario patagónico comparte la propuesta con una compañía también del grupo Clear Petroleum.
La gran pelea es por quedarse con el Tramo Sur ya que tiene el caramelo de la Autopista Ezeiza - Cañuelas. En ese lote están Benito Roggio e Hijos – Chediack; Creditech – Ceosa; la constructora del grupo Mindlin, Sacde y las históricas Panedile – Supercemento – Eleprint, Vial Agro – Fontana Nicastro y la unión transitoria de empresas que forman JCR – Rovella Carranza – Luis Losi. Hay dos consorcios más: IEB – Basaa – Cecosa y Concret Nor – Marcalba – Pose – Coarco.
Entre las oferentes hay un conjunto de viejas empresas de obra pública, varias de ellas sospechadas de corrupción y algunas cuyos dueños son confesos en la causa Cuadernos.
López comparte juicio, el caso “Cuadernos”, con Aldo Roggio, el número uno del grupo que lleva su apellido, más allá de que en los papeles ya no figure en los directorios. El empresario cordobés es uno de los arrepentidos en la causa en la que consignó que devolvía el 5% de los subsidios a los trenes y el subterráneo que recibía.
Ambos, además, también tienen otro compañero de juicio, que ahora es oferente en las rutas 3 y 5. Se trata de JCR, la empresa que fue de Juan Carlos Relats, uno de los constructores preferidos del kirchnerismo.
En la causa Cuadernos, Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos, que era el financista de Néstor Kirchner y que reconoció ser el recaudador de la “Camarita Vial”, declaró que Relats o su gerente financiero le pagaban en el Hotel Panamericano (propiedad de Relats), específicamente en la habitación 1801. JCR figura en los listados aportados por Clarens con fechas y montos de dinero entregados.
Roberto Baratta, que por estos días fue visto en Belgrano munido de una bolsa de supermercado, está acusado de haber recibido sobornos de directivos de JCR en cinco oportunidades durante 2015, todas ellas en el Hotel Panamericano. Las sumas que rondaban entre los US$450.000 y US$1.300.000 cada una. Fallecido Juan Carlos Relats, la administración de la empresa la heredó Silvana, también fallecida. En su teléfono se detectaron múltiples llamadas entre Nelson Lazarte (secretario de Baratta) y Silvana Relats, o los teléfonos del conmutador de la empresa JCR, todas en fechas cercanas a las entregas de dinero. Jorge Sergio Benolol fue procesado como partícipe necesario en el delito de cohecho activo en 40 oportunidades en la causa “Cuadernos”. Ahora va por alguno de los corredores más importantes del país.
La constructora JCR armó una UTE en la que están Rovella Carranza – Luis Losi. Este último empresario, está imputado en Cuadernos como coautor del delito de cohecho activo (pago de sobornos) reiterado en 7 oportunidades. Luis Losi, al ser citado, se remitió a lo manifestado por su hijo, Gabriel Pedro Losi (quien se adhirió a la figura de imputado colaborador) y ratificó todos sus dichos.
La defensa de los Losi sostuvo que la empresa fue víctima de una extorsión. Manifestaron que se vieron obligados a acceder a los pedidos de dinero de Clarens debido a la angustiante situación financiera por los atrasos en los pagos del Estado y que los fondos eran entregados personalmente en las oficinas de Clarens en Puerto Madero.
Mario Rovella Carranza, otro empresario del elenco estable en Cuadernos, también se arrepintió en 2008 y dijo haber entregado dinero “para la campaña”. Ahora, el hombre se volvió a arrepentir de haberse arrepentido. Dijo haber sido coaccionado en aquel momento dado que podría ir a la cárcel, algo que sucede con todos los imputados por delitos que tienen penas de prisión efectiva, y ofreció un cheque para que se termine la causa penal: US$500.000 y fin del proceso.
Panedile es propiedad de Hugo Dragonetti, uno de los constructores más poderosos del país. En la causa “Cuadernos” se identificaron al menos cinco supuestas entregas de dinero. Entre los hechos que se le imputan figura que el 3 de febrero de 2010 habría entregado aproximadamente US$800.000 en las oficinas de la empresa y el 9 de junio de ese año, US$450.000 en las inmediaciones de la calle Suipacha. En junio de 2015, alrededor de US$1,5 millones que habrían sido recibidos por Nelson Lazarte fueron destinados a Julio De Vido por intermedio de sus secretarios. Además, se le atribuyen veintidós pagos adicionales realizados entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. Estos pagos totalizaron aproximadamente $3,4 millones y US$356.000, según los datos aportados por el financista.
Dragonetti, ahora oferente en las nuevas licitaciones y privatizaciones de Milei, al principio, negó formar parte de una asociación ilícita y sostuvo que Panedile no figuraba entre las empresas con mayor volumen de obra en Vialidad Nacional. Pero, finalmente, reconoció los pagos bajo “extorsión”. En sede judicial, siempre en la causa “Cuadernos”, admitió haber realizado entregas de dinero, pero alegó que fue forzado por las exigencias de Ernesto Clarens como condición indispensable para liberar pagos de certificados de obra legítimos. Afirmó: “Si no se pagaba, no se cobraba”.
Las privatizaciones de rutas de Milei, un proceso que adolece de obras estructurales, ha generado interés en la gran mayoría de las constructoras de obras públicas, muchas de ellas sospechadas de corruptas. A este elenco se sumó una nueva: la estatal provincial Aubasa. Entre ellos se quedará un negocio millonario que prevé cobrar cerca de $3500 por cada 100 kilómetros, ajustable y por 30 años.
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