Milei recortó casi 63.000 empleos públicos en dos años, el 18% de la planta del Estado nacional
La dotación del sector público nacional pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 278.705 en enero de este año; el ajuste fue sostenido mes a mes, incluyó ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas
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El empleo público en el Estado nacional se redujo en 62.768 puestos desde diciembre de 2023 y acumula una caída del 18% en los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) elaborado sobre la base de datos oficiales difundidos por el Indec.
La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales se ubicó en 278.705 cargos en enero de 2026, frente a los 341.473 registrados en diciembre de 2023. El trabajo destaca que la reducción fue sostenida mes a mes, sin períodos de expansión en la comparación mensual. Solo en enero pasado la planta se contrajo en 1415 puestos respecto de diciembre.
En términos agregados, la administración pública nacional pasó de 231.305 a 189.709 puestos, una caída de 41.596 puestos (-18%). Dentro de ese universo, la administración centralizada retrocedió 27,6%, al pasar de 54.791 a 39.686 cargos (-15.105).
La administración descentralizada cayó 16% (-21.804) y la desconcentrada, 13,3% (-3264). Por su parte, las empresas y sociedades del Estado redujeron su dotación de 110.168 a 88.996 empleos, lo que implicó una baja de 21.172 puestos (-19,2%).

Entre las entidades con mayores reducciones en términos absolutos se encuentran el Correo Oficial (-5290 puestos, una baja de 31,4%), la Operadora Ferroviaria S.A. (-3615 y un 15,2% menos), ARCA (-3221 y -14,6%), el Conicet (-2261 y -8,1%), el Banco de la Nación (-2116 y -12%) y Aerolíneas Argentinas (-1908 y -16%). También registraron bajas relevantes Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con 1743 puestos menos (-22,4%), y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con 1681 menos (-12,1%).
El informe señala que cuatro organismos redujeron el 100% de sus cargos en el período analizado, es decir, dejaron de registrar personal: el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario Sacpem y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las funciones de este último organismo, que trajo un escándalo por supuestos sobornos en el Gobierno, fueron absorbidas por el Ministerio de Salud.
Otras dependencias registraron fuertes caídas porcentuales. La Agencia de Publicidad del Estado S.A.U. redujo el 78,3% de su planta; el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el 55,7%; la Casa de la Moneda, el 49,3%, y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el 39,1%.
En el extremo opuesto, algunas instituciones mostraron reducciones más moderadas. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (el PAMI) registró una caída del 5,7%; el Conicet, del 8,1%, y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, del 9,7%. En conjunto, los datos muestran un recorte extendido a casi todas las áreas del Estado nacional, aunque con distinta intensidad según el organismo.
La reducción del empleo público constituye una de las apuestas de Milei para aplicar la “motosierra” sobre el gasto del Estado. El orden fiscal se convirtió en la principal bandera del Gobierno y el ajuste sobre la planta de personal es uno de los componentes centrales de esa estrategia.
En el oficialismo señalan que la mayor parte de las bajas respondió a la no renovación de contratos y que el proceso aún no concluyó. En esa línea, el Ejecutivo trabaja con la meta de profundizar el recorte en al menos otro 10% de la dotación actual.
Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la reestructuración del empleo público habría generado un ahorro equivalente a unos US$2500 millones. Aproximadamente la mitad de esa cifra correspondería a salarios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”, señalaron em esa cartera.
Mientras que los dos primeros años de gestión estuvieron más enfocados en el área centralizada de la administración, a partir de 2026 el Gobierno prevé concentrar las reducciones en organismos descentralizados, tal como anticipó LA NACION.
Entre los entes bajo análisis aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Enargas, el ENRE, el INTA, el INTI y el Enacom. En el Ejecutivo sostienen que el objetivo es avanzar en esquemas de reestructuración que reduzcan estructuras administrativas y contratos transitorios, sin afectar —según señalan— las funciones sustantivas de cada organismo.
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