Momentos difíciles: un disparo a la línea de flotación de Cristina Kirchner

Los ministros Aníbal Fernández y Juan Zavaleta escucharon entre el lunes y el martes pasados reproches incómodos provenientes de Marcelo D’Alessandro, a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Son de los que más les molestan, porque llegan de un rival político -Horacio Rodríguez Larreta- y debido a que les resulta difícil encontrar argumentos para contraatacar. El silencio se apropió del teléfono en breves pasajes.

“Es un problema de ustedes que está pasando en mi casa”, cuestionó D’Alessandro en turnos distintos. Hablaba del acampe en la Avenida 9 de Julio, que había ocurrido la semana anterior. Evitar otra manifestación similar el próximo miércoles se llevó la mayor parte de la discusión política en los últimos días.

Son conversaciones que se repiten cada vez más entre los dirigentes porteños y los nacionales. Días antes, el hombre de Larreta les había cuestionado a los funcionarios de Alberto Fernández que el Frente de Todos ni siquiera podía ponerle límites a una protesta del Movimiento Evita (socio de la Casa Rosada) contra el acuerdo con el FMI que había alcanzado el gobierno del que los propios manifestantes forman parte.

Larreta está dispuesto a subir una marcha en la pelea por el libre tránsito en el espacio público. Es una lucha de sabor similar a la que disputó el año pasado contra Alberto Fernández y Axel Kicillof por la vuelta a la presencialidad en las escuelas, de la cual salió victorioso.

El paso al frente está en línea con el ideario de Juntos por el Cambio que profesan los halcones, el ala dura del frente. La transformación de Larreta, a quien se lo señala como una paloma, coincide con el reclamo de los porteños y con el sentimiento de la mayor parte del electorado. Pero el jefe de Gobierno le agregó un condimento adicional. Cuando pide que se le quiten los planes sociales a quienes cortan la calle, apunta al corazón del proyecto político de Cristina Kirchner, de Máximo y de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

La fisonomía de la ayuda social sigue el contorno de la política con una precisión sorprendente. Mauricio Macri creó 256 planes por día. En su gobierno, crecieron 197% en comparación con lo que había heredado de Cristina Kirchner. Pero Alberto Fernández convirtió el techo de Cambiemos en un nuevo piso.

Hasta agosto pasado, el Frente de Todos había sumado casi 1000 nuevos beneficiarios cada 24 horas, según números que reconstruyó LA NACION a partir de datos oficiales. Más que duplicó la asistencia. Quienes acampan tienen en esa cuenta un buen punto para pedir más: el Gobierno fue hasta ahora generoso al momento de repartir asistencia -superó el millón de planes en esta gestión-, pese a que ahora quiere desandar el camino.

Después de una etapa de estabilidad en la primera parte del año, los planes dieron en julio pasado un salto marcado, del 12%. Hay una coincidencia incómoda en el calendario: ese mes comenzó formalmente la campaña para las elecciones de legislativas que perdió el Frente de Todos. Era el embrión del “plan platita”.

Buenos Aires recibe uno de cada dos planes sociales. Es más de lo que le correspondería si se repartieran por la cantidad de población o por la incidencia económica de la provincia en el país. Cuando Gabriela Cerutti dijo que la forma de evitar los piquetes era que la Ciudad generara más trabajo, quizás se quiso referir a la provincia gobernada por el Frente de Todos.

El distrito que gobierna Axel Kicillof es el centro del proyecto kirchnerista, que mudó su domicilio político de Río Gallegos a Buenos Aires. Así lo acredita el cargo de Máximo Kirchner -el patagónico preside el PJ bonaerense-, pero también los votos. En ningún otro lugar del país el nombre de Cristina Kirchner tiene tanta efectividad como en el conurbano, donde se concentran a su vez los planes sociales. Por eso la propuesta de Larreta es explosiva para el Gobierno.

El partido que más ayuda recibe, a su vez, es La Matanza, donde gobierna el peronismo desde la vuelta a la democracia. Se trata de un territorio inexpugnable para cualquier fuerza política distinta al Frente de Todos.

Los titulares del plan Potenciar Trabajo pertenecen a movimientos sociales. Los más importantes son la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Encierran una paradoja para los porteños: se financian con plata que va al territorio de Kicillof, pero las protestas se hacen en la cuadra de Rodríguez Larreta.

Del cruce entre piquetes y dinero surgen más paradojas para los vecinos de la ciudad. Eduardo Belliboni es dirigente del Polo Obrero y principal referente del acampe que convirtió la ciudad en un caos durante tres días. Hasta marzo pasado recibió un salario como asesor en la legislatura porteña de Gabriel Solano, del Frente de Izquierda (FIT).

Solano contrató a Belliboni porque forman parte del mismo espacio. El piquetero luego repartía el dinero para solventar la lucha popular del Polo Obrero, según explicó Solano a LA NACION. Es una práctica extendida en la izquierda. El propio legislador porteño cobra $380.000, pero se queda con un tercio de esa plata.

De manera que los impuestos que se recaudan en la Ciudad terminan financiando los piquetes que la convierten en un caos. La izquierda considera que esa paradoja -desde la mirada de un vecino- está validada por las elecciones pasadas. El FIT sacó en la ciudad el 7,8% de los votos. El piquete es parte del trabajo parlamentario.

Larreta movió la primera pieza de un dominó que ya comenzó su secuencia. Seguirá con más restricciones que incomoden la instalación de piquetes, dificulten los accesos de la provincia a la ciudad -el sueño porteño es que los militantes se mantengan en la tierra de Kicillof - y fastidien a sus organizadores. Una muestra de eso ocurrió tras el último acampe. Un control policial detuvo a un camión sin papeles al servicio de la Unión Piquetera. Belliboni llamó a la Ciudad con la amenaza de que si no liberaban el vehículo, cortaba la calle. El resultado: seis de sus militantes terminaron presos.

El endurecimiento de las medidas para despejar la calle se sostiene en un convencimiento más amplio, delicado y de alcance nacional. La situación económica empeorará la crisis social y se aproximan tiempos difíciles. Esa es la utopía de una parte de la política: encontrar la llave para dispersar la explosión antes de que efectivamente ocurra. Tendrá un ensayo arriesgado el próximo miércoles, cuando los militantes intenten volver a tomar la 9 de Julio azuzados por un número de inflación que se conocerá ese día y será el peor del último tiempo.

Aníbal Ferández y Marcelo D’Alessandro quedaron en volver a hablar el lunes, pese a las diferencias, mantienen un diálogo cordial y frecuente.