Movilidad ascendente o precariedad

El vínculo del Gobierno con los sectores medios ha sido puesto en cuestión en las últimas semanas. No sólo por la movilización del 8-N, sino por la difusión periodística de un informe del Banco Mundial y por las decisiones adoptadas por la Presidenta respecto al mínimo no imponible y el impuesto a las ganancias.

Por un lado, los voceros gubernamentales tomaron como válidas las conclusiones del Banco Mundial y salieron a sostener que la "movilidad social" había retornado a la Argentina a partir del crecimiento de la tan mentada "clase media". Por el otro, habida cuenta de que todo está razonablemente bien, la Presidenta decidió mantener el mínimo no imponible tal cual está y sólo aliviar la carga impositiva de fin de año para aquellos que ganan hasta $ 25.000 mensuales, a los cuales no se les computará para el pago del impuesto el medio aguinaldo.

Respecto al informe del Banco Mundial, en primer lugar, el trabajo define a la clase media sobre la base de los ingresos. Incluye en ese segmento a quienes tienen una probabilidad de caer en la pobreza mayor al 10 por ciento. Esta probabilidad se asocia a un nivel de ingresos per cápita de entre US$ 10 y 50, ajustados por la paridad del poder adquisitivo (PPA). El informe no detalla qué índice de precios se utilizó para la Argentina, pero es sabido que organismos de este tipo recurren a las estadísticas oficiales de cada país, en nuestro caso el Indec y su IPC intervenido. Las dudas sobre la validez de los resultados son por lo menos importantes.

El Banco Mundial obvia el hecho de que los precios internos se adelantan respecto al tipo de cambio produciendo dos efectos: el deterioro del poder adquisitivo a consecuencia de la inflación y el incremento del valor de los salarios en dólares. En segundo lugar, el período que se toma (2003-2010) parte de un año signado por los efectos de la crisis socioeconómica, a partir de la cual las tasas de pobreza y desempleo se dispararon, así como el salto en la regresividad distributiva a partir de la megadevaluación. Por ende, cualquier comparación evidencia mejoras significativas. Este hecho puede dar lugar a miradas superficiales que asocien la idea de clase media o la de movilidad ascendente con la historia de una sociedad argentina que ya no existe. Lo que se pierde de vista es que hablamos de una clase media empobrecida y en situación de elevada vulnerabilidad.

El ingreso promedio de los hogares de hoy se ubica un 13% por debajo de esa canasta. Por lo tanto, si bien puede hablarse de un "estrato medio" e incluso señalar que el mismo ha crecido en los últimos años, los niveles de consumo que la pertenencia a ese estrato suponen, se han visto notablemente reducidos respecto a la etapa anterior a la crisis. Y si tomamos en cuenta la Canasta Básica Alimentaria (umbral de indigencia) para una familia tipo elaborada por los equipos técnicos de ATE-Indec (se trata de los técnicos desplazados por la intervención de Moreno), surge que el 10% de los hogares no alcanza a cubrir los $ 1998. A la vez, si se toma la Canasta Básica Total (umbral de pobreza), prácticamente el 50% de los hogares no completa los $ 4397 que una familia tipo propietaria de vivienda necesitaría. Con estos valores, el 37% de la población está por debajo de una canasta de consumos mínimos.

Puesta en contexto, la Argentina de la "movilidad social ascendente" que exhibe el informe del Banco Mundial no es otra cosa que la Argentina de la precariedad, tanto en el empleo (si contamos desocupados, cuentapropistas informales, no registrados y asalariados formales que ganan menos que el salario mínimo), como en los ingresos. El 70% gana menos de $ 6000 y sólo el 15% percibe ingresos superiores a $ 9000. Es sobre esta franja que opera el efecto de no haber actualizado el mínimo no imponible en relación con los precios. Los montos de deducción anual que pueden efectuar los trabajadores casados con dos hijos partiendo del nivel que tenían en 1999, se han retrasado en un 36% respecto a los precios. Para los asalariados solteros, la pérdida es de un 44%, en tanto que para los autónomos es de un 40% en los casados, y de un 59%, para los solteros. Hacia finales de los noventa, el consumo promedio era mayor y la carga tributaria era menor sobre los asalariados de mayores ingresos. En este sentido, la reciente decisión oficial respecto a esta problemática es un simple parche que busca descomprimir una situación sin resolver absolutamente nada.

Pagar impuestos en función de los ingresos que uno percibe es lógico y razonable, lo que no es justo es que alguien que gana $ 1.000.000 comprando y vendiendo acciones en un lapso de horas no pague ganancias, y un trabajador que gane más de $ 7000 sí deba hacerlo.

El Gobierno debiera registrar que no vivimos en la Argentina de la movilidad. Estamos en el país de la "precariedad" y, en este contexto, la decisión de no actualizar el mínimo no imponible hace que los trabajadores que mejor ganan vean cómo sus incrementos de salarios se transforman en caída de su poder adquisitivo.