El Ministerio de Economía suma otra herramienta para atraer inversiones extranjeras
La cartera dirigida por Luis Caputo lanzó un concurso público internacional para contratar consultores que diseñen, implementen y promuevan el plan; el contrato es por cuatro años
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El Gobierno suma otra herramienta a su política de atracción de inversiones extranjeras. Tras la implementación del RIGI -con el que buscó dar un marco de previsibilidad para desembolsos de gran escala-, ahora avanza con la ejecución del Programa de Ciudadanía por Inversión.
La iniciativa comenzó a materializarse a mediados del año pasado. A través de los decretos 524/2025 y 366/25, el Gobierno modificó la Ley de Ciudadanía 346, y estableció que serán ciudadanos por naturalización los extranjeros que acrediten haber realizado una inversión relevante en el país, sin importar el tiempo de su residencia.
En esa línea, definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía -a cuya partida serán imputados los gastos que esta demande-, y estableció sus funciones. La agencia será la encargada de evaluar si la inversión califica como “relevante”, de acuerdo con lo que establezca la cartera, y de emitir un informe con su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones -quien tendrá la decisión final-.
“Esta medida fomentará la inversión en nuestra Nación y favorecerá la apertura e integración al mundo, en conjunto con las demás políticas implementadas por el Gobierno Nacional para lograr dichos fines”, señala el primer decreto, que lleva la firma de Javier Milei y de otros nueve funcionarios.
Así, en diciembre, el Ministerio de Economía -dirigido por Luis Caputo- puso en marcha un Concurso Público de Etapa Única Internacional, con el fin de contratar un servicio de consultoría integral para el diseño, implementación, lanzamiento y promoción de un programa de ciudadanía por inversión.
El contrato con la empresa o el consorcio que resulte adjudicado tendrá una vigencia de cuatro años o finalizará una vez que se emitan 5000 informes circunstanciados que recomienden la aprobación de las solicitudes de ciudadanía, lo que ocurra primero. Además, la administración se reserva la facultad de prorrogar el servicio por un año adicional.
Seis empresas y ofertas que van hasta los US$100 millones
En la apertura de sobres, celebrada a fines de enero, el Ministerio de Economía recibió 11 ofertas, de las cuales solo seis fueron confirmadas. La oferta más baja fue presentada por Asesorías Legal Advisor, un consorcio conformado por cuatro empresas internacionales del rubro: Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, que cotizó sus servicios a US$50.000.
Desde el consorcio, señalaron que el desafío es crear un programa que se consolide frente a otras alternativas de ciudadanía o residencia por inversión, a la vez que advirtieron una ventaja. “El pasaporte argentino está entre los 16 o 17 más fuertes del mundo, con acceso a cerca de 170 países sin visa o con visa on arrival. Pero más importante aún, mucho más importante son las oportunidades que ofrece el país: es muy amigable y acogedor”, señaló Jeffrey Henseler, chairman de Passport Legacy.
Y precisó: “Empresarios de Europa y de Estados Unidos están muy interesados en un programa así. En Estados Unidos, normalmente, cerca del 40-50% no está de acuerdo con el gobierno e intentan encontrar una salida. Nunca se sabe si el país entrará en guerra al día siguiente. También en países del primer mundo, como Alemania, Francia y Reino Unido, están al borde de la desintegración. La mayor parte de los interesados son familias que buscan un futuro mejor, potencialmente un plan B”.
En paralelo, Matías Apparcel, de AIM Global, advirtió: “Para que el programa sea competitivo, la clave será una debida diligencia extremadamente robusta: solo los mejores talentos serán aceptados; la Argentina tiene tanto que ofrecer que tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene una autoridad muy importante que puede seleccionar con precisión a los mejores”.
En el concurso, con la segunda oferta más baja, se ubicó Latitude, una consultora internacional especializada en soluciones de residencia y ciudadanía, que cotizó sus servicios a US$7,5 millones. “El interés de Argentina en CBI [ciudadanía por inversión] se desarrolla en un contexto importante: un renovado enfoque en restaurar la confianza macroeconómica y atraer capital extranjero duradero a Argentina. En ese contexto, la migración por inversión puede ser una poderosa herramienta de política económica para respaldar la estrategia nacional a largo plazo, cuando se construye con la seguridad, la gobernanza y la diligencia debida adecuadas”, señaló Eric Major, CEO de Latitude.
Y añadió: “Los programas de esta naturaleza triunfan o fracasan en función de su ejecución. No basta con tener un concepto. Los gobiernos necesitan un modelo operativo integral que sea sólido desde el punto de vista legal y estructural, defendible a nivel internacional y viable en la práctica desde el primer día”.
En el otro extremo de la tabla se posicionó Ancova Associates con una oferta que trepó a los US$100 millones. Se trata de una firma de asesoramiento especializada en planificación fiscal internacional y estructuración de fondos, que forma parte de Ancova Group. Con base en Dubái, el holding comprende también a Ancova Capital Management, una plataforma de inversión regulada en las Islas Caimán, y a Ancova Luxury Properties, una correduría de bienes raíces de alta gama que atiende a inversores de élite.
Plazos, pagos y revocación del servicio
Según lo detallado en el pliego, el proceso de selección contempla dos aspectos: el 60% del puntaje se basará en la propuesta técnica (experiencia del equipo y plan de negocios), mientras que el 40% restante corresponderá a la oferta económica. Asimismo, en el documento se aclara que la totalidad del servicio será adjudicada a un único oferente.
Para la contratación, no se fijó un precio mínimo ni máximo. No obstante, se contemplaron dos aspectos clave. Por un lado, para la evaluación económica, se consideró que la oferta más baja obtendrá el puntaje máximo de 100 puntos. Por el otro, también se prevé la desestimación de ofertas si se sospecha competencia desleal o si la cotización es inferior al costo de producción, lo que impediría el cumplimiento del servicio, a menos que el oferente justifique debidamente su precio.
En cuanto a los pagos, se aclaró que las ofertas debían ser cotizadas en dólares estadounidenses, aunque en caso de que el adjudicatario sea local cobrará en moneda nacional al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento del pago.
Además, se explicitó que el Estado mantiene la potestad de revocar el contrato anticipadamente si se verifica que el programa no alcanza los resultados esperados, como por ejemplo, si se emiten menos de 200 informes recomendando ciudadanías al cabo de los 24 meses de servicio.
Tras la apertura de sobres, se prevé que la Comisión Evaluadora comunique su dictamen y, en caso de ser seleccionado un oferente, se avance hacia la adjudicación. No hay plazos fijados para este proceso.
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