Nuevo reclamo de EE.UU. a la Argentina
Volvió a pedir que el país pague lo que debe por los juicios del Ciadi; una funcionaria habló de "serios obstáculos" en la relación bilateral
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LA NACIONSilvia Pisani
WASHINGTON.- El gobierno de Barack Obama incorporó un matiz político al considerar "un serio obstáculo" para la relación bilateral la decisión de suspender beneficios comerciales a la Argentina . La medida fue asumida por el líder demócrata tras acusar al gobierno argentino de "no haber actuado de buena fe" en la tramitación por la que se negó a pagar dos sentencias favorables a empresas norteamericanas. Lo ocurrido "supone un obstáculo serio", pero "no teníamos otra opción más que actuar", justificó ayer la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, al contestar preguntas de periodistas argentinos.
La funcionaria no hizo menciones especiales, pero pareció aludir a la airada reacción del Gobierno ante la medida, al considerar que, en realidad ,"nadie puede sentirse muy sorprendido" por lo ocurrido, ya que son cuestiones que se arrastran desde hace mucho tiempo y que se veían venir.
La cancillería argentina reaccionó con virulencia a la decisión asumida por Obama y la calificó de "incomprensible", "lamentable", "unilateral" y producto de haber cedido a la "presión de los fondos buitre".
La presidenta Cristina Kirchner, en tanto, contrarrestó con un sugestivo llamado a "estar atentos a las pequeñas guerritas y guerrillas de carácter comercial, que trataremos de abordar con la mayor civilización y legalidad posibles".
Sin poner en consideración ninguno de esos argumentos, Nuland ratificó la posición del gobierno norteamericano en el sentido de que obró de acuerdo con su legislación y que si la Argentina quiere que la suspensión se modifique lo que debe hacer es "pagar" el dinero que debe. "La decisión [de la Casa Blanca] está basada en la evidencia que señaló que la Argentina no cumplía con el criterio de elegibilidad" para permanecer en el sistema de beneficios que se le ha suspendido.
"No muchas opciones"
"El presidente [Barack Obama] no tenía muchas más opciones en este caso", dijo la funcionaria. Con eso repitió las expresiones que el propio líder demócrata usó, en diciembre último, para explicar las razones por las cuales Estados Unidos ahora se opone a que la Argentina se financie en organismos multilaterales. "Esto supone un obstáculo serio, pero no teníamos más remedio que actuar", insistió la funcionaria.
Washington sigue dispuesto a tratar de encontrar una solución, afirmó Nuland. Pero, para ello, consideró "francamente" que lo que la Argentina tiene que hacer es "pagar" lo que debe.
La disputa hace referencia a la decisión norteamericana de suspender a la Argentina los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por sus siglas en inglés). Se trata de ventajas comerciales que los Estados Unidos otorgan graciosamente a otros países para fomentar su comercio.
Entre otros puntos, lo que el sistema pide como requisito para acceder a esos beneficios es que se respeten y honren los fallos que beneficien a empresas norteamericanas.
Washington entiende que la Argentina violó esa disposición al no cumplir con el pago a dos sentencias que el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) produjo a favor de las empresas Azurix y BlueRidge por un valor conjunto cercano a los 300 millones de dólares. Del lado argentino, en cambio, se insiste en que, en realidad, el presidente Obama cedió a las presiones de los llamados "fondos buitre".
Eso lo dijo primero el canciller Héctor Timerman y lo repitió ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para quien la decisión es "injustificada". La tesis fue también compartida por el embajador argentino en esta ciudad, Jorge Argüello, que destacó que la medida favorece a los inversores norteamericanos que reclaman el pago de bonos de deuda en default.
"Es alentador ver que la administración [de Obama] da un paso adelante para mostrarle a la Argentina que su comportamiento es inaceptable", sostuvo, por su parte, la American Task Force Argentina (ATFA), la más activa representante de tenedores de bonos.
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