Oficializan los cambios en la ley de defensa al consumidor

Las modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, que consisten en la sustitución de una serie de artículos que incluyen, en casos de infracciones en la prestación de servicios o comercialización, multas que van de los $ 100 a los 5 millones, fueron oficializadas hoy en el Boletín Oficial.

La ley 26.361, que modificó a la 24.240, actualizó artículos de la norma de mediados de los ´90 y especificó que en caso de infracción, luego de los apercibimientos y multas se podrá decomisar la mercadería, suspender el registro de proveedor e incluso perder la concesión del servicio.

Las modificaciones incluyen también a tiempos compartidos, clubes de campo y cementerios privados, como variantes comprendidas en la adquisición de derechos por parte del consumidor.

Las modificaciones consideran que los proveedores de bienes y servicios están obligados al cumplimiento de la ley, sin incluir en esta cláusula los servicios de profesionales liberales.

Obligaciones. En cuanto a la información que el proveedor está obligado a dar al consumidor, debe ser gratuita y proporcionada con claridad necesaria para su comprensión. Asimismo, se prevé que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios.

Se aclaró que no podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales, o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice.

En cuanto a las garantías, se indicó que la garantía legal tendrá vigencia por tres (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados, y por seis (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor.

Las empresas. Los cambios introducidos por el Congreso en la ley, celebrados por las asociaciones de consumidores, provocaron no menos que inquietud en muchas empresas, algunas de las cuales no estaban alcanzadas, hasta ahora, por esta normativa, y vislumbran ahora un futuro cargado de multas e indemnizaciones.

Según publicó LA NACION, los bancos, las telefónicas, las petroleras, las proveedoras de televisión por cable y de Internet son, a primera vista, los sectores más presionados por las modificaciones.

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