Los efectos de aumentar el impuesto al patrimonio

Ante la necesidad de más recursos para las cuentas fiscales, algunos políticos hablan de la alternativa de ampliar el alcance de Bienes Personales; por qué eso no serviría
Gastón Pérez Izquierdo
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3 de noviembre de 2019  

El nivel de gasto público argentino ha alcanzado niveles elevadísimos, medido como proporción del producto bruto interno del país. Eso exige un financiamiento que, si no es posible cubrir con emisión de deuda, llevará a recurrir al impuesto inflacionario, a nuevos tributos o a mayores tasas, lo que afectará en forma negativa la actividad productiva.

Una alternativa que tomó protagonismo en los últimos tiempos en los dichos de algunos políticos es la de elevar la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es importante dejar bien claro desde el inicio que, en realidad, se trata de un impuesto al ahorro, a la parte del ingreso que reciben o que han recibido los contribuyentes y que no han consumido durante un año determinado.

Intentaré analizar la conveniencia de recurrir a una ampliación de este tributo para conseguir más recursos fiscales, evaluando sus implicancias desde un punto de vista ético y de eficiencia del sistema productivo. Podemos clasificar a la población según su nivel de ingresos, distinguiendo entre clase baja, clase media y clase alta. Solo estas dos últimas están en condiciones de sacrificar consumo con la finalidad de guardar recursos para utilizarlos en algún momento futuro. En cuanto al sector calificado por las estadísticas como clase baja, deberíamos pensar que quienes lo integran no tienen capacidad de ahorro, mientras que el resto sí puede destinar parte de su ingreso a construir su casa, a tener depósitos bancarios o a hacer inversiones de algún tipo. O sea, esa parte de la población puede tener lo que se denomina una cierta riqueza o un ahorro acumulado.

Quienes proponen ampliar el alcance del impuesto al patrimonio argumentan que es éticamente justo que quienes más tienen contribuyan más al pago del gasto público, en cuya composición se incluyen pagos de subsidios a quienes menos tienen. Es el clásico argumento redistributivo, que considera moralmente correcto que los más exitosos transfieran para beneficiar a los que les fue peor, independientemente de cualquier consideración de méritos o de esfuerzos en el accionar productivo.

La ética capitalista razona de otro modo. En este sistema, toda transacción realizada en completa libertad es lícita. Cuando se ofrece un servicio y se conviene su precio libremente, y cuando se puede comprar cualquier producto que se desee sin ningún tipo de coacción respecto de cantidades o precios, entonces moralmente todo está bien. El funcionamiento de este mecanismo indica que el precio de los productos resultará de las decisiones de los compradores. Y la remuneración de los que trabajan en la producción será la consecuencia de cuán productivas sean sus habilidades. Es el mercado el que fija los precios y los salarios según la oferta y la demanda. Así, cuanto más ofrecida sea una cierta habilidad, menor será su precio. El mecanismo determinará que los oferentes perciban ingresos que pueden ser sumamente dispares, dependiendo de cuáles sean las elecciones que hagan los compradores.

Pareciera que el mercado aprecia enormemente la habilidad de Lionel Messi y que, entonces, él gana millones porque esa habilidad es única o, al menos, es muy escasa.

En el caso de que por un razonamiento moral se concluya que la distribución del ingreso derivada de una economía capitalista de mercado no es éticamente justa, y se optara por gravar más el ahorro de la clase media y alta para transferir ingresos a la clase baja, faltaría hacer una consideración sobre los efectos de este impuesto en el proceso productivo.

Durante casi 100 años, Suecia cobró un tributo sobre los activos netos de cada persona. La tasa marginal en 1984 fue de 4%; luego se redujo y, en 2007, el tributo directamente dejó de aplicarse. Lo mismo ocurrió en la mayoría de los países europeos, incluso en Francia que lo eliminó en 2017. La motivación estuvo en los daños que ocasionaba este impuesto al proceso productivo.

Los montos ahorrados ya han pagado impuesto a las ganancias y, si generan ingresos en la forma de alquileres, intereses o dividendos, vuelven a pagar Ganancias. Por eso, gravar el patrimonio hace que se pague nuevamente un monto anual sobre lo ahorrado. Es una triple tributación al ahorro. Si el proyecto implicara sumar un 2% anual por sobre el nivel de imposición ya vigente, el monto ahorrado que no disminuyera por inflación se reduciría a la mitad en 34 años. Realmente es confiscatorio.

Sin dudas, este tributo generará un desincentivo para ahorrar y no es fácil predecir los efectos, pero sí se sabe que disminuirá el monto anual de ahorro nacional. Las personas ahorrarán menos o encontrarán algún modo de evadir el impuesto, sacando fuera del sistema productivo todo lo que puedan.

Aceptando que el crecimiento de la economía depende de lo invertido, que la evolución del salario real depende de su productividad y de que ésta crece según la innovación tecnológica introducida por la inversión, es fácil concluir que un objetivo primordial de toda política económica es incrementar la producción.

Pero es justamente el ahorro interno o externo lo que permite invertir y, en estos momentos de crisis, la única esperanza es el ahorro interno. Por eso, es importante fomentarlo, en lugar de tomar medidas que pueden desincentivarlo. La cuenta relevante que no podemos dejar de hacer es que el sector eventualmente más beneficiado con una mayor inversión sería el de menores recursos. O sea que estaríamos creando tributos para transferirle a los menos pudientes, pero disminuyendo el ahorro y la inversión nacional, limitando las posibilidades de creación de trabajos.

Mi impresión es que este argumento es terminante para desechar el proyecto. Tal vez alguien opine que este impuesto fomenta el consumo en detrimento del ahorro y que eso es apropiado cuando sufrimos una recesión como la actual. Pero este es un razonamiento macroeconómico incorrecto.

La recesión es siempre el resultado de una oferta agregada global -establecida por las empresas según sus costos esperados-, que supera la demanda agregada global-determinada por la política monetaria-. A su vez, los costos esperados por las empresas dependen de los aumentos de salarios, los incrementos de tarifas públicas y las variaciones del valor del dólar. La recesión no tiene nada que ver con la decisión individual de cuánto ahorrar o consumir.

El autor es empresario vitícola

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