Pobreza y pandemia: es momento de diseñar políticas

Al menos en nuestro país, es posible que el doloroso Covid-19 deje de ser una epidemia en pocos meses, mientras que la crisis económica seguramente durará más tiempo. Se sabe que no es fácil, pero es responsabilidad de la dirigencia proteger tanto las vidas en riesgo como los medios económicos necesarios para que el drama social -menos visible en tiempos de pandemia- tenga posibilidades de ser superado en el día después.

Las cifras oficiales de pobreza correspondientes al segundo semestre de 2019 mostraron una tasa de indigencia de 8% y un nivel de pobreza de 35,5%. Una mirada más ajustada al cuarto trimestre muestra que el año concluyó con una tasa de indigencia de, al menos, 8,4%, y un índice de pobreza de 38%. Son los valores más altos de la década, pero en cualquier caso las cifras están desactualizadas, y cualquier debate sobre ellas no tiene sentido. Si la situación social ya era "delicada" a fines de 2019, todo se ha agravado con la emergencia sanitaria, y es de esperar que la situación sea aún más grave en los próximos meses. El problema ahora es dar respuesta no solo a la epidemia, sino también a la crisis que genera la política de aislamiento preventivo, y a los efectos de empobrecimiento y mayor desigualdad social que se genera.

Así como el objetivo epidemiológico en la fase más activa de la epidemia es aplanar la curva, el Gobierno debería disponer de una estrategia coordinada sobre cómo haremos para aplanar y luego revertir la curva de las consecuencias socioeconómicas que imponen las medidas sanitarias. Si bien la pobreza estructural no es nueva, este problema en el actual contexto no cuenta todavía con prognosis oficial, ni ha motivado reuniones científicas para evaluar el impacto que la crisis produce sobre esos sectores.

El actual contexto de cuarentena obligatoria es dramático para muchísimas personas en situación de pobreza. Para ellos, las medidas de prevención sanitaria se montan sobre el hacinamiento, la degradación residencial, la falta de servicios públicos, la mal nutrición crónica, el deterioro educativo, las enfermedades crónicas, el estrés y la violencia doméstica. A ello se suma, la parálisis de la economía informal, generadora de ingresos claves para el presupuesto familiar de sectores populares y medios.

En este escenario solo parecen quedar en pie los planes sociales y los subsidios, sea para asistir a los sectores más pobres, sea para dar alguna ayuda a sectores empresarios que permita mantener a los empleados y pagar una parte del sueldo. Si bien la mayor parte de las medidas adoptadas buscan aliviar los efectos de la parálisis económica, las mismas no parecen estar alineadas en un plan integral de emergencia y reactivación. Las acciones emprendidas son insuficientes para proyectar un horizonte estratégico de lucha contra la pobreza.

Por otra parte, dichas medidas parecen tomarse en un extraño aislamiento político-institucional. Sin embargo, no cabe imaginar un mejor escenario que este para que un gobierno dotado de autoridad moral por la emergencia convoque a un cambio en el modo en que se evalúan, definen y se llevan a cabo políticas públicas de más largo aliento.

¿Por qué escamotear la oportunidad histórica de convocar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, entre los diferentes actores económicos y sociales, con el fin de delinear políticas innovadoras, para la emergencia y para el día después? ¿Se especula sobre la conveniencia o se evalúan posibilidades? En cualquier caso, es seguro que, al igual que antes de la pandemia, no habrá recuperación ni una salida efectiva de la pobreza estructural sin un acuerdo político, económico y social que permita desandar nuestra larga historia de fracasos.

El autor es sociólogo; Conicet/UBA;1 Observatorio de la Deuda Social (UCA).