Otro nuevo año bajo el signo de la imprevisibilidad

Cada año comienza con la genuina esperanza de que sea mejor que el anterior, aunque en la Argentina esta tradición pasó a ser sólo una expresión de deseos desde mucho antes de la pandemia. Como las sucesivas mutaciones del Covid, la corporación política no deja de provocar sorpresas inquietantes que acentúan el deterioro institucional, la desconfianza en el futuro económico y auguran un 2022 imprevisible.

La palabra está tanto o más devaluada que la moneda. No se trata ya de que el relato oficial siga alejándose de la realidad, sin hacerse responsable de la inflación de 50% anual y su correlato de mayor pobreza. O que festeje ahora la recuperación del PBI en 2021 (equivalente al desplome de 2020) para volver a los niveles de 2019, que el propio Gobierno calificaba entonces como “tierra arrasada”.

El problema es que la devaluación de la palabra, tanto en el oficialismo como en parte de la oposición, también se está traduciendo en hechos que nada tienen que ver con los problemas reales -cotidianos y/o crónicos- de quienes votaron el 14 de noviembre. Y que no pocos políticos ya estén pensando en las elecciones de 2023, sin tener idea de qué ocurrirá con la economía en los próximos meses.

En los 21 días transcurridos desde el recambio legislativo de diciembre, ya se produjeron varios retrocesos institucionales que impactan sobre el futuro económico.

En el Congreso, el Frente de Todos logró imponer dos nuevos “impuestazos”, pese al compromiso de la oposición de votarlos en contra, pero sin contar previamente con cuántos diputados lo harían.

Las subas de alícuotas de Bienes Personales, disfrazadas con el demorado aumento e indexación del mínimo no imponible (congelado desde 2019), pueden resultar confiscatorias en muchos casos y dar lugar a amparos judiciales, incluso por su posterior sanción irregular en el Senado sin respetar el reglamento del quórum. El IBP, nacido hace 30 años como impuesto a la riqueza con un piso equivalente a 100.000 dólares, hoy sólo alcanza a los contribuyentes “no pobres”. También corrobora que los gravámenes de emergencia siempre llegan para quedarse.

A esto se suma que las provincias tendrán más margen para aumentar Ingresos Brutos sobre los sectores productivos, que no sólo se trasladará a precios, sino que afectará la competitividad de muchas actividades. Además, el nuevo y sorpresivo Consenso Fiscal (el tercero en cuatro años) suscripto con 20 gobernadores oficialistas y 3 opositores, los habilita a crear un impuesto a la herencia y las donaciones como el vigente hace una década en la provincia de Buenos Aires.

Todos tienen la impronta de “cazar en el zoológico” de contribuyentes registrados (y agobiados por las exigencias burocráticas oficiales), pero con la mira telescópica apuntada a los segmentos sociales que votan en contra del kirchnerismo. Que a su vez no sólo hace la vista gorda con la economía en negro y dejó en el olvido la promesa de Néstor Kirchner al asumir en 2003 (“traje a rayas para los evasores”). También agregó al “capitalismo de amigos” la indulgencia de la AFIP de retirarse como querellante en causas judiciales que los involucran por fraude fiscal (caso Oil - Cristóbal López) y resultan imposibles de asimilar a la evasión de impuestos.

Tanto el IBP como el eventual impuesto a la herencia, (donde hay más reticencias por sus previsibles complicaciones interjurisdiccionales), implican una superposición de la presión tributaria sobre ganancias nominales, activos reales y legados a hijos o nietos, que va en contra de cualquier incentivo a la inversión productiva y a favor del éxodo de grandes contribuyentes al exterior, como ya viene ocurriendo con Uruguay. En nombre de un supuesto progresismo también se ignora que, cuando merman los ingresos, no es posible pagar impuestos con ladrillos o maquinarias.

Algo similar ocurre con la proyectada segmentación de las tarifas de luz y gas en el AMBA, donde se aplicará una suba general de 20% pero se eliminarán de un plumazo los subsidios en las zonas más caras según el precio por metro cuadrado de las propiedades. Este esquema, impulsado por el Instituto Patria y que fracasó en la gestión de Julio De Vido, sería como cobrar el litro de nafta en función de cada marca, modelo y año de los autos. Eso sí, sin tocar el componente impositivo que equivale a casi 30% del total de las facturas.

Si los impuestos llegan para eternizarse, lo mismo ocurre con los políticos que llegan a cargos electivos. La sanción exprés de la reforma a la ley que impedía a los intendentes bonaerenses la reelección por más de dos mandatos consecutivos, contó increíblemente con el voto de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio que la habían promovido hace apenas cinco años. Incluso con mayorías especiales para evitar lo que ocurrió esta semana. El argumento es pueril: igualar oportunidades con los que violaron el espíritu de la ley al pedir licencia poco antes de completar el primer mandato.

Nada asegura ahora que los barones del Conurbano dejarán el poder en 2027, tras haber ensayado sucesiones hereditarias o con testaferros. La alternancia política, que está en la esencia de la democracia, quedó dañada. El mayor costo político para JxC fue incumplir sus promesas de cambio y haber sido funcional al relato kirchnerista de que “todos son lo mismo”.

Para tratar de reivindicarse, la oposición debería volver a la carga con iniciativas clave a favor de la transparencia, como la boleta única; la ficha limpia para futuros candidatos y la supresión de las PASO en los distritos donde no se diriman internas, que fueron cajoneadas sistemáticamente por el oficialismo en el Congreso. No es lo mismo elegir a quien se vota, que hacerlo indiscriminadamente por candidaturas en manada.

El gobernador Axel Kicillof aprovechó este clima para sancionar el presupuesto 2002 - avalado por Juntos- y agregar tres ministerios (Ambiente, Transporte y Vivienda) a su gabinete, más un Instituto Cultural, como si su sola creación resolviera los problemas en esas áreas. En realidad, el problema es el exceso de burocracia y/o militancia rentada, ya que dentro del gasto total de $3,1billones incluyó la incorporación de casi 25.000 empleados a la planta permanente, de los cuales casi la mitad (12.000) corresponden a docentes y personal auxiliar. Son cargos siempre codiciados por los gremios del sector para engrosar sus ingresos, aunque se ocuparon de mantener las escuelas cerradas durante toda la cuarentena y facilitar la deserción de cientos de miles de chicos del sistema educativo.

Uno de los defectos del kirchnerismo es tratar de consagrar derechos sociales de tipo escandinavo con instituciones de tipo africano, una fuerza laboral donde menos de la mitad tiene empleos formales y sin evaluar sus costos económicos, como lo señaló hace poco Luciana Vázquez en LA NACIÓN. Nada en la economía es gratis y alguien termina pagando. Esto deriva de una ideología económica intervencionista y estatista que atrasa 50 años, frena inversiones privadas y el crecimiento económico, acelera la inflación y empobrece a quienes trabajan.

Para colmo, la grieta política coloca al oficialismo y la oposición como a Tom y Jerry, aunque el problema no son sólo las diferencias ideológicas, sino la incapacidad de buscar acuerdos para armonizarlas y traducirlas en políticas de Estado que apunten a resolver problemas estructurales crónicos. Pocos países tienen una inflación como en la Argentina, donde la demanda social no es bajarla sino mejorar los ingresos para ganarle y termina por realimentarla. Tampoco un presupuesto “de goma”, con gastos que pueden aumentarse a través de decretos de necesidad y urgencia. Como resultado, sólo se salvan los que viven del Estado y por eso quieren perpetuar privilegios a costa de la imprevisibilidad que afecta al conjunto de la población.

nestorscibona@gmail.com