Pacto fiscal: se congela la baja de impuestos pero, ¿habrá aumentos?

CÓRDOBA.- Los gobernadores tendrán su primer triunfo ante la Nación: el presidente Alberto Fernández aceptó sus pedidos de suspender el pacto fiscal que establecía una reducción gradual de impuestos hasta 2022. El consenso fiscal fue firmado por todas las provincias, menos San Luis, en diciembre de 2017 con la administración de Juntos por el Cambio. La incógnita es si solo se congela la baja de la presión tributaria o si habrá incrementos, por ejemplo, de Ingresos Brutos y Sellos.

¿Qué impuestos debían bajar en 2020? Según el texto original:

• Agricultura y ganadería, pesca y minería. Debían quedar exentas de Ingresos Brutos (este año pagaron una alícuota de 0,75%)
• La industria manufacturera debía quedar en 1% (de 1,5%)
• La industria papelera en 5% (6% este año)
• Electricidad y gas saltaban de 3,75% a 2,5%
• Construcción de 2,5% a 2% (20 provincias deberían haberlo hecho)

También se proyectaban rebajas para:

• Hoteles y restaurantes, de 4,5% a 4% (una docena de jurisdicciones debía cumplir)
• Transporte de 2% a 1%
• Comunicaciones de 4% a 3% (telefonía celular, de 6,5% a 6%)
• Para intermediación financiera la reducción era de 0,5%, de 5,5% a 5% (Servicios Financieros pasaban de 7% a 6% y los hipotecarios seguían exentos).
• Las Actividades Inmobiliarios y de alquiler descendían del 5% al 4%.
• Los Servicios Sociales y de Salud de 4,75% a 4,5%.
• El Comercio terminaría el 2020 en una alícuota de 5%, igual que este año.

La rebaja prevista para Sellos ya se alteró este año, cuando Nación aceptó que se suspendiera. Tampoco hubo prácticamente avances en la convergencia de las valuaciones fiscales de los inmuebles con las de mercado (se creó un organismo federal que fijaría valores indicativos para 2020) y el achicamiento de los planteles estatales fue letra muerta.

Los pactos fiscales tienen una historia de incumplimientos en la Argentina; en la década del ’90 se firmaron dos y sus objetivos se alcanzaron de manera asimétrica. En esa oportunidad fue el "efecto Tequila" de fines del ‘94 el que empujó a suspender las metas fijadas. Después fueron prorrogados en forma sucesiva y "encadenada" a través de leyes nacionales y acuerdos federales. Las idas y vueltas terminaron derivando en reclamos judiciales y administrativos.

Los acuerdos son parches ante la falta de la nueva ley de coparticipación prevista en la reforma constitucional (la última es de 1988 y preveía el 57% de los ingresos nacionales para distribuir entre las provincias; nunca se cumplió). La demora acumula 23 años.

El avance más importante en los últimos años fue el acuerdo –durante el gobierno de Mauricio Macri- para generalizar la devolución del 15% de los fondos de coparticipación que antes iban a la Anses (hubo un fallo de la Corte que solo alcanzó a Córdoba, Santa Fe y San Luis). En 2020 se debe terminar de completar.

Además de los deberes tributarios previstos para las provincias para 2020, el Iaraf recuerda que la Nación tenía previsto instrumentar la alícuota definitiva de Ganancias para empresas para las utilidades no distribuidas del 25%, en lugar de la actual del 30%. En lo referido a contribuciones patronales al régimen previsional, se podría computar el 60% (actualmente es 40%) del monto no imponible de $12.000 mensuales por empleado jornada completa, monto que es actualizado conforme la variación del IPC. Anoche el Presidente adelantó que se suspende.

Para el impuesto al cheque se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a ir incrementado hasta un 20% anual la posibilidad de cómputo a cuenta del impuesto a las Ganancias para el caso de empresas medianas y grandes.

Por Gabriela Origlia

• Alberto Fernández
• San Luis

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