Pequeñas empresas,a la espera de respuestas

Javier Adrogué
Javier Adrogué PARA LA NACION
Requieren una solución a los juicios laborales, entre otros
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14 de agosto de 2016  

La ley 27.264 sancionó el Programa de Recuperación Productiva dando forma al primer paquete de medidas concretas del Gobierno destinadas a incentivar y proteger la actividad económica en las pequeñas empresas. Este conjunto de medidas puede ser analizado desde distintas perspectivas, todas válidas en atención a los problemas que se deseen encarar. En estas líneas nos interesa detenernos en los problemas laborales que deben enfrentar estas empresas que, por su escala, pueden impactar en la sustentabilidad misma del negocio.

Adelantamos nuestra conclusión, la problemática laboral está prácticamente ausente en el paquete de medidas sancionado. Si bien es cierto que esta ley instruye al Ministerio de Trabajo para que simplifique los trámites de acceso al programa, que contiene normas sobre la capacitación (como la posibilidad de acceder a una suma fija mensual de hasta un salario mínimo, vital y móvil para completar el pago de las remuneraciones de los trabajadores por un tiempo limitado a cambio de no despedir personal), lo cierto es que no encontramos muchas medidas de relevancia destinadas a mejorar la regulación de la problemática laboral.

En rigor, el grueso de las medidas sancionadas atiende a cuestiones de índole impositiva, de crédito y financiamiento, cuya importancia no desconocemos, pero ello no nos impide señalar la orfandad en materia de regulación laboral. Existen temas concretos que deben ser objeto de tratamiento si se quiere mejorar la competitividad de las empresas de menor escala. Sólo para mencionar algunos ejemplos se pueden citar la eliminación de las multas vinculadas a la extinción de los contratos de trabajo cuando existen defectos en la registración del personal, la incorporación de un sistema de plazos especiales que contemple la posibilidad de pagar las sentencias judiciales según las posibilidades reales de la pequeña empresa, el establecimiento de topes a los costos de los honorarios de los peritos y auxiliares de la justicia en general, la modificación del régimen de pasantías universitarias o el fraccionamiento del pago del aguinaldo.

No estamos hablando de la flexibilidad laboral al estilo de los años noventa donde florecieron los denominados "contratos basura", medidas éstas de dudosa efectividad que además generarían una conflictividad gremial innecesaria. En realidad, a esta altura, la duda más inquietante es si la ausencia casi absoluta de normas concretas que atiendan la problemática laboral en la nueva legislación no nos está indicando la ausencia de una política general sobre la materia. Se trata de identificar cuáles son los problemas laborales concretos y brindarles una respuesta política y legislativa adecuada en atención a las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas.

El autor es abogado,socio de AMZ & Asociados

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