Por falta de pago, Bulgheroni pidió la quiebra de Metrogas
PAE, la principal petrolera en manos privadas, reclama una deuda de $ 135 millones por gas que le vendió a la empresa de YPF entre 2013 y 2014; los pasivos del sector son cada vez más grandes
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
El sector gasífero es un tembladeral. Al menos ésa es la sensación que tienen quienes lo integran. Pan American Energy (PAE), la mayor petrolera privada del país, que pertenece a la británica BP, a la china Cnooc y a los hermanos Bulgheroni, pidió ante la Justicia la quiebra de Metrogas, la empresa de distribución de gas más importante de América latina, que atiende a más de siete millones de habitantes en la Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires.
La disputa tiene condimentos adicionales: Metrogas, que aún no fue notificada de la demanda, es propiedad de YPF, que está bajo la gestión del Estado. Y su presidente, Miguel Galuccio, mantiene un vínculo tenso con Carlos Bulgheroni, el principal gestor de los asuntos de la empresa en los despachos oficiales.
La demanda se inició el viernes pasado y está en el Juzgado Comercial 26, secretaría 51, a cargo de María Cristina O'Reilly. PAE reclama a Metrogas el pago de más de 135 millones de pesos que la distribuidora le adeuda por el suministro de gas para sus clientes residenciales y comerciales entre septiembre de 2013 y el 31 de diciembre del año pasado. Pero la deuda con la empresa de los Bulgheroni es mayor: si se consideran los saldos impagos por gas suministrado este año, asciende a más de 260 millones de pesos.
Problema sectorial
La discusión en los tribunales trasluce el estado de toda la cadena del gas. El año pasado, el Gobierno autorizó aumentos en las tarifas para los usuarios que no ahorraran. Como algunos lo hicieron, no se les aplicó el incremento. Eso, sumado al crónico problema de caja de las empresas del sector por el retraso tarifario (a Metrogas la acompañan, por caso, Gas Natural Fenosa, Camuzzi, Litoral Gas y Gasnor), derivó en que desde hace dos años no tuvieran recursos suficientes para pagar el gas que les compran a las petroleras para venderles a sus clientes.
Del otro lado de la cadena, las productoras de gas siguieron suministrando el insumo pese a la falta de pago. Es comprensible: a diferencia de otras industrias, una restricción en la oferta de gas dejaría sin ese insumo fundamental a los hogares. De uno y otro lado del escritorio coinciden en que la deuda de todo el sector es gigantesca, cercana a los $ 4000 millones.
Todas las empresas productoras de gas están en la misma situación, pero hasta el momento PAE es la que planteó en la Justicia sus reclamos. Y podría extender sus presentaciones en la Justicia en los próximos días. De hecho, PAE ya había planteado una demanda similar contra Camuzzi Gas del Sur a fines del año pasado, pero la Justicia no le dio lugar.
El Gobierno intentó mediar en la crisis del sector con un extraño parche. En enero y febrero mantuvo negociaciones con las empresas, que derivaron en la resolución 263 de la Secretaría de Energía. La norma, que se publicó en el Boletín Oficial en junio, contempla un aporte de $ 2590 millones en 10 cuotas por parte del Estado a 9 distribuidoras para "solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente".
En la práctica, las transferencias que ordenó el Gobierno tienen por objetivo que las empresas que llegan al cliente final les paguen sus deudas a las petroleras. La norma lo dice de manera expresa: obliga a las distribuidoras a "destinar parte de los fondos percibidos por cada una de las cuotas mensuales (?) a cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas natural", mientras que otra porción de los fondos será para pagar "el gas natural cuyo vencimiento se produzca" este año. La resolución, además, obliga a las empresas a no "acumular más deudas por compras de gas", algo que no ocurrió por la falta de fondos.
Paradójicamente, YPF también está entre los grandes acreedores.
La relación entre la petrolera estatal y los Bulgheroni tuvo múltiples vaivenes. En diciembre de 2012, ocho meses después de la estatización de la mayor empresa del país, Galuccio, Carlos Bulgheroni y su hermano Alejandro cerraron un acuerdo para estudiar alternativas de inversión en conjunto en la Patagonia.
El convenio contemplaba iniciar el desarrollo masivo de Vaca Muerta en una superficie de 663 kilómetros cuadrados en las áreas de Bajada de Añelo y Bandurria.
Dos meses después debía firmarse el acuerdo definitivo, mientras que las inversiones, según el cronograma de aquel momento, comenzarían en 2013. El acuerdo fue presentado a la prensa por los tres y dio lugar a una de las fotos más memorables del sector petrolero de los últimos años. Casi sin querer, el presidente de YPF quedó en el centro de la imagen dándole la mano, en simultáneo, a cada uno de los hermanos. Eran otros tiempos. Poco después, el convenio con PAE cayó y la relación entre los jefes de ambas compañías empeoró con el tiempo.
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