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Por la herencia, la economía sólo puede aspirar a crecer modestamente
Seis meses después de iniciada su gestión, la administración Macri dio a conocer "El estado del Estado", una publicación en la que se resume la situación del Estado argentino mediante un conjunto de datos duros, descripciones y anécdotas que exhiben el descontrol kirchnerista en el manejo de la cosa pública durante la última década. La tentación de la lectura del documento es enfocarse en las anécdotas: de hecho, si la publicación se hubiera demorado dos semanas, la principal de ellas hubiera sido la del señor López y sus valijas en el convento. Sin embargo, más allá de la mezcla de farsa y tragedia que fue la gestión de la cosa pública durante el kirchnerismo, la publicación nos ofrece una pintura global preocupante sobre el Estado y el futuro de mediano plazo que deberemos recorrer los argentinos en los próximos años.
Al recorrer los diferentes problemas relevados encontramos factores transversales a toda la administración pública. El más visible es el sobreempleo. El kirchnerismo asumió el Gobierno con 2,2 millones de empleados públicos en 2003 y lo entregó con 3,6 millones. Si el empleo público hubiera aumentado a un ritmo similar al de la población la Argentina tendría hoy 2,6 millones de empleados estatales, un millón menos que los actuales. Agravando el problema del sobreempleo se superpone la baja calificación laboral de las nuevas incorporaciones. A modo de ejemplo, en 2011 el Indec aumentó en un tercio su personal y el 75% de esas incorporaciones destinadas a trabajar en producir y analizar estadísticas no contaba con educación terciaria.
El Estado funcionó con una absoluta ausencia de objetivos y metas cuantificables, para lo cual fueron funcionales la ausencia de registros de la actividad estatal y la desaparición de todos los datos objetivos que relevasen su eficiencia.
También han sido transversales a todas las dependencias del Estado el aumento exponencial en la corrupción y la proliferación de regulaciones kafkianas que fueron surgiendo en un intento del Estado de reemplazar mediante normas lo que la ausencia de los incentivos adecuados generaba en el sector privado.
Así, la prolífica normativa emitida para intentar frenar las importaciones era inversamente proporcional a los incentivos a importar que generaba el tipo de cambio oficial sobrevaluado. Y los kafkianos controles de capitales que hoy conocemos como "el cepo" eran el intento de evitar que el sector privado no fugase los dólares ante el temor que generaban las políticas oficiales.
Lo más rápido de resolver son justamente esas regulaciones destinadas a tapar el sol con las manos. Allí el gobierno de Macri se ha movido con velocidad y ya ha comenzado a reemplazar las normas con incentivos. En lugar de 500 comunicaciones del Banco Central para prohibir operaciones cambiarias, existen un mercado único de cambios, un intento de bajar la inflación y una tasa de interés que actúa como incentivo a que los privados no se escapen del peso.
Un segundo conjunto de problemas, la ausencia de datos, de metas y de registros, comienza a ser encarado con la puesta en marcha del Indec y con el hecho de que en poco tiempo contaremos con datos fidedignos para juzgar la acción estatal. Más datos, más transparencia y menos decisiones discrecionales en manos del Gobierno deberían redundar en un nivel de corrupción más bajo.
Y por último, el tamaño del Estado. La Argentina tiene hoy un Estado que gasta el equivalente a 47% de su producto bruto interno, lo que implica que tiene el Estado más grande de América, aunque los resultados que genera sean pobrísimos.
Si la Argentina cumple sus metas fiscales y crece al 3% anual entre 2017 y 2019, el tamaño del gasto estatal bajará hasta 42% del PBI al final de la gestión del presidente Macri. Semejante tamaño del Estado nos asegura dos cosas: la economía sólo puede aspirar a crecer modestamente, ya que la productividad del gasto público es mucho más baja que la del gasto privado, y también nos augura una presión tributaria que seguirá siendo elevadísima.
El millón de empleados públicos que la Argentina sumó por encima de lo que efectivamente necesitaba tienen un costo anual cercano a los US$ 35.000 millones anuales. Sin ese gasto la Argentina hubiera podido cobrar alícuotas del IVA y de Ganancias cercanas a la mitad de las actuales: 10% de IVA, 17% de Ganancias. ¿Cuántos empleos privados habría creado la economía con esos impuestos? ¿Cuánto habría bajado la evasión?
Preguntas contrafácticas que no tienen respuesta. Mientras tanto, "El estado del Estado" nos asegura que el pasado condicionará el futuro muchísimo más de lo que queremos imaginarnos.
El autor es economista; director de Nicolás Dujovne & Asociados
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