Por primera vez se cumplen todos los requisitos de la ortodoxia
Es curioso: el oficialismo y sus críticos alaban y rechazan, respectivamente, la presunta heterodoxia del nuevo modelo, cuando ningún habitante del país menor de cien años ha sido testigo de una política económica tan cerradamente ortodoxa como la actual.
La política económica es ortodoxa en tanto y en cuanto respete cinco principios: el librecambio en el comercio exterior, una escasa intervención del Estado en la economía, cuentas públicas en equilibrio o superávit, una inflación baja o nula -con reducida participación estatal en el mercado cambiario- y un nivel de salarios que no amenace la rentabilidad empresarial.
Por primera vez en muchas décadas, la política económica argentina puede describirse como ortodoxa de acuerdo con cada uno de esos cinco criterios.
El proceso de apertura no se ha revertido. Al contrario, la mayor competitividad de la producción argentina a partir de la devaluación permite vislumbrar avances más rápidos en la integración económica regional y multilateral.
Una medida natural, aunque incompleta, de la intervención estatal es la proporción de bienes y servicios que utiliza el Estado. En 2001, último año de la convertibilidad, la administración nacional tenía gastos corrientes por un 23% del PBI, mientras que para 2003 el presupuesto estima erogaciones por un 14,5% del producto.
El Estado nacional pretende un superávit primario de por lo menos 2,5% del PBI, inédito en la historia argentina, y un leve superávit una vez contados los pagos de intereses. Ello implicaría un cuadro bien distinto del de décadas pasadas: en los 90 el déficit de la administración nacional promedió 1,5% del PBI, y más que eso en cualquier otro período del siglo XX.
Incluso en un país en default, el equilibrio en las cuentas públicas es una decisión deliberada y no una imposición de las circunstancias, ya que siempre puede emitirse dinero para cubrir el exceso de gastos. Pero las actuales autoridades consideran que el único objetivo de la política monetaria debe ser el control de la inflación, y no la financiación del déficit. En contraste con experiencias anteriores, el mecanismo para disciplinar los precios no será la fijación del precio del dólar, sino una administración prudente de la cantidad de dinero, mientras el tipo de cambio permanece flexible. Así lo aconsejaba Milton Friedman, icono supremo de la ortodoxia.
¿O querrá el Gobierno atarse a un dólar de tres pesos, como sugirió el presidente? En este punto sensible de la política económica luchan por la prioridad dos preceptos del pensamiento ortodoxo: el mantenimiento de modestos niveles de salarios reales, es decir, de un dólar caro (objetivo primordial del Ministerio de Economía) y la flotación del tipo de cambio, pretendida por el Banco Central. El recurrente conflicto entre Lavagna y Prat-Gay es un duelo entre ortodoxos: cada uno reconoce como válido el principio ortodoxo que defiende el otro, pero considera al propio de jerarquía mayor.
Apertura económica, Estado liviano y superavitario, inflación baja, tipo de cambio en lo posible flexible y cuanto más alto mejor, ¿ocurrió alguna vez? No en los 90: la presunta ortodoxia de esa década tuvo grietas decisivas (la apreciación de la moneda con tipo de cambio fijo y un Estado deficitario y más voluminoso que el actual) que le valieron en su momento el reproche del FMI y de economistas de Chicago. Y tampoco en épocas previas, que combinaron en mayor o menor medida la cerrazón de la economía, un Estado casi siempre deficitario y crecientemente voluminoso, la inflación, los controles y fijaciones en el tipo de cambio. Hay que remontarse a la última década del siglo XIX o a la primera del XX para encontrar situaciones comparables a la actual.
Nixon pudo ir a la China porque pertenecía al Partido Republicano; Menem pudo neutralizar a los sindicatos porque era peronista; no será alguien con credenciales ortodoxas quien revierta las abundantes desviaciones heterodoxas de la década pasada.
El autor es economista.
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