Por qué el aguinaldo para monotributistas sería inviable y tendría efectos regresivos

La propuesta de que el Estado se haga cargo de pagarle a un grupo de monotributistas, con fondos públicos, una prestación equivalente al aguinaldo que reciben los asalariados por parte de sus empleadores, despertó fuertes críticas entre referentes en temas impositivos y de la seguridad social.

El proyecto, presentado en campaña por el precandidato a senador nacional por Santa Fe Agustín Rossi (del oficialista Frente de Todos), es cuestionado desde el punto de vista fiscal y social, a la vez que se advierte que su instrumentación tendría efectos regresivos. ¿Por qué? Porque dentro del universo de los potenciales alcanzados por la medida, los que más facturan serían los más beneficiados con el monto a percibir, si se lo mide en relación con las cuotas que se pagan en el régimen impositivo simplificado.

Esas cuotas incluyen el componente tributario, el aporte al sistema jubilatorio y el pago a la obra social; estos dos últimos conceptos son los de mayor cuantía, aun cuando informes de especialistas consideran que los importes a cargo de los contribuyentes están implícitamente subsidiados, dados los costos de las contraprestaciones que hay detrás de ellos. La implementación del proyecto sobre el aguinaldo, tal como fue presentado, implicaría que el Estado, que está altamente restringido en sus recursos, les haga un pago a los monotributistas que, en el caso de los de mayor facturación (considerando solo al grupo de los alcanzados) superaría en hasta un 60% el monto que se abona por esas cuotas.

Según lo expresado por el exministro de Defensa de la Nación, el proyecto de ley buscará disponer que en las categorías A, B y C y en el monotributo social, se abone “medio aguinaldo a mitad de año y medio al final del año”, considerando la facturación que hayan tenido los monotributistas. “Se va a pagar como se paga en el sistema de relación de dependencia”, dijo. Aunque aclaró que como en estos casos “no hay un empresario, un empleador”, es entonces el Estado el que va a poner el dinero para el grupo beneficiado, que estimó en dos millones de personas.

También dijo que el pago alcanzaría a quienes estén al día y tengan solo actividad como monotributistas, y no a quienes también perciban, por ejemplo, ingresos por un empleo bajo relación de dependencia. “El cálculo es que 35% del esfuerzo fiscal que va a hacer el Estado volvería en IVA y en Ingresos Brutos”, afirmó. Y estimó que el efecto fiscal sería de $63.000 millones.

El precandidato, que se refirió al tema en un Facebook Live, hizo hincapié en que con su iniciativa se les daría por primera vez a este grupo de trabajadores uno de los derechos que tienen los asalariados. Sin embargo, omitió el dato de que los monotributistas cobran, como los trabajadores dependientes del sector formal, la asignación por hijo, en virtud del decreto 593, firmado en abril de 2016 por el expresidente Mauricio Macri. Quienes están en las tres primeras categorías de la tabla perciben por cada menor a cargo el mismo importe que los asalariados en blanco de ingresos más bajos y que los perceptores de la asignación universal por hijo (AUH), que llega a informales y desocupados.

“La reflexión sobre esta propuesta debería partir de un análisis de tres puntos –afirma Oscar Cetrángolo, economista e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y del Conicet-. Por un lado, de lo que significa el monotributo; en segundo lugar, de la situación social, y, por último, del espacio fiscal disponible”.

Con respecto a la primera cuestión, dice que el monotributo es un régimen simplificado que fue creado como un puente para los trabajadores hacia la formalidad, con una cuota de monto muy inferior a lo que deberían ingresar si estuvieran en el sistema impositivo general. En cuanto a la situación social, considera que es “extremadamente delicada, con cerca de la mitad de la población sin ingresos permanentes o con ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica”. Y en lo que se refiere al espacio fiscal para actuar, advierte que actualmente es “prácticamente nulo”.

Con ese panorama, Cetrángolo señala que es imprescindible fijar prioridades y hacer lo más eficiente posible el uso del presupuesto público. A la luz de esa premisa, considera que “no se entiende muy bien la lógica de la propuesta”, existiendo otros usos posibles más urgentes de los recursos. “En todo caso, si entre los monotributistas existiera un grupo que se encuentra en situación de pobreza, la forma de alcanzarlos no sería a través de su condición de monotributistas”, sino focalizando en ellos, concluye.

Para el economista Jorge Colina, de Idesa, la iniciativa implica una “demagogia con pobreza técnica”, que da como resultado un esquema con regresividad. Describe que para quien tiene una facturación ubicada en la mitad del rango admitido en la categoría B, el aguinaldo propuesto ya termina siendo el equivalente o más de lo que se le paga al fisco, al sistema previsional y a la obra social en el período de referencia. “Si se está debajo de la mitad de la categoría [en relación con el rango de facturación correspondiente], se paga más por las cuotas de lo que se recibe de aguinaldo; si se está de la mitad para arriba en la categoría, se recibe más de aguinaldo que lo pagado por los aportes mensuales”, explica.

Algunos ejemplos, para ver los efectos prácticos de la iniciativa: en la categoría B están hoy, según los valores vigentes desde julio, quienes facturan más de $370.000 y hasta $550.000. Entonces, quien tenga ingresos de, por ejemplo, $460.000 anuales, con un promedio de $38.333 mensuales, cobraría a fines de este año, si estuviera vigente el proyecto de Rossi, una prestación estatal de $19.167 (medio aguinaldo, equivalente a media facturación mensual del período, según el sistema que explicó el precandidato). En el semestre ese contribuyente habrá pagado, en concepto de cuota integrada, $17.753,70, una cifra inferior a la primera (recibiría del Estado casi 8% más de lo que aportó).

Si su facturación mensual fuera más baja, de $31.000 por ejemplo (cerca del límite inferior de la categoría B), recibirá $15.500 como aguinaldo por medio año, el 87,3% de lo que aportó. Y si la cifra mensual del ingreso fuera de $45.000 (casi el límite superior de la categoría), entonces obtendría $22.500 en concepto del aguinaldo propuesto, $4746,3 o un 26,7% más de lo que pagó.

Así, para un grupo de personas de bajos ingresos el monotributo pasaría a ser un sistema por el cual el Estado, además de comprometerse a dar contraprestaciones, les otorgaría dinero, en lugar de ser al revés, tal como se lo pensó en su origen y tal como indica toda lógica. El aporte previsional de este sistema es por un monto que, de por sí, ya está subsidiado, si se tiene en cuenta la promesa de pago futuro. Hoy la contribución es de entre 0,8% y 3,3% de la facturación máxima en cada escalón de la tabla, con una particularidad: cuanto más alta la categoría, menos implica el importe abonado, medido como porcentaje del ingreso máximo que se puede tener.

Al analizar la propuesta del aguinaldo, Colina advierte que el efecto de regresividad se potencia a medida que se sube de categoría. De hecho, si alguien que está en la categoría C tiene una facturación mensual sujeta al cálculo del aguinaldo de $64.000, cobraría a fines de este año (haciendo un ejercicio que supone la vigencia de ese sistema) una prestación del Estado de $32.000, mientras que el pago de sus cuotas mensuales habrá sumado en el semestre un total de $20.295,7 si se dedica a la prestación de servicios, y de $19.952,64 si está en la actividad de comercio. Así, con este “pase entre ventanillas”, tendría un monto a su favor, según el caso, de $11.704,3 o de $12.047,36. O, dicho de otra manera, se le pagaría con fondos estatales un 60,4% o un 57,7% más de lo que aportó para que el Estado y una obra social le den prestaciones.

Los números de lo que se percibiría se acrecientan si se tiene en cuenta la asignación por hijo, ya vigente. En las categorías de la A, B y C, el monto mensual por esta prestación será, desde el mes próximo y hasta noviembre, de $5063, mientras que es de $4504 desde junio y hasta este mes de agosto. Así, por cada hijo un monotributista percibirá, en el semestre, más de $29.000 (falta aún definir el monto de diciembre). En el ejemplo del párrafo anterior, con dos hijos a cargo una persona cobraría de prestaciones estatales un total de $90.000 en seis meses, período por el cual aportaría una cifra cercana a los $20.000.

“Si se quiere mejorar la propia demagogia, entonces que la propuesta en todo caso sea, en lugar del pago del aguinaldo, bajar los aportes; eso les conviene más a los que menos ganan”, sostiene el economista.

Según el análisis del tributarista César Litvin, la propuesta es irresponsable desde el punto de vista político, económico y ético, porque el Estado no está en una situación como para “regalar” recursos que, de hecho, no tiene. Para pagar esas prestaciones, señala, se tiene que imprimir el dinero, con los consecuentes efectos inflacionarios.

Litvin también plantea la necesidad de rever el sistema impositivo y de la seguridad social en lo que se refiere a otras distorsiones que hoy existen y que son visibles cuando el tema se mira de manera más integral. Recuerda, por ejemplo, que en el régimen general de autónomos se hace un pago mensual previsional que es mucho mayor que el que está a cargo de los monotributistas, en tanto que la promesa del sistema es prácticamente la misma: el cobro de una jubilación mínima.

Esa es una de las cuestiones que hacen muy oneroso el pase del régimen impositivo simplificado al general. En el caso de prosperar la propuesta del aguinaldo, en la práctica y para los casos de los monotributistas alcanzados, el aporte jubilatorio sería devuelto en su totalidad, o casi en su totalidad.