Punto por punto. Claves para entender el acuerdo del país con los acreedores
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Son unos US$68.800 millones los que estaban en juego, o aproximadamente el 20% del PBI de 2019. Ese fue el monto que la Argentina logrará reestructurar por el acuerdo al que llegó con los principales acreedores. Así, comienza un camino que le permitirá al país comprar tiempo para conseguir acceso al mercado y encarar en mejor posición los vencimientos que vienen.
Algunas precisiones básicas: la que finalmente fue aprobada por los principales acreedores fue casi la quinta propuesta que el Gobierno realizaba. Implica un canje de bonos que vencerán a partir de 2029. Ese es el momento en el que se paga el capital, aunque los intereses o cupón se vayan desembolsando antes: de todos modos, se calcula que la Argentina no tendrá que honrar ningún compromiso hasta mediados de 2021.
En los próximos cinco años, la Argentina enfrentará menores vencimientos: US$4500 millones en lugar de los US$30.200 millones anteriores, precisaron fuentes oficiales. Hasta 2025, es decir, hasta el próximo mandato, no habrá grandes desembolsos. Además, se estima que la reestructuración permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio en dólares del 3,07%, cuando la deuda anterior pagaba cerca del 7%.
Los puntos clave de la mejora de la oferta
La principal diferencia de este acuerdo fue el adelantamiento de la fecha de pago de los intereses y del capital. Serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Esto permitió mejorar la oferta, explica Fernando Marull, economista de la consultora FMyA. El valor presente neto (a grandes rasgos, un procedimiento que permite "traer" al dinero de hoy flujos de fondos futuros y que sirve para analizar si una inversión vale la pena) está en torno a los US$55, un punto intermedio entre el techo de US$39 que proponía inicialmente la Argentina y el piso de US$61 de los acreedores, añade.
El Gobierno aclaró en su comunicado de la madrugada que ajustará ciertos aspectos legales de los nuevos bonos "para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora". Se refirió a las cláusulas de acción colectiva (CAC), que permiten que una mayoría calificada de tenedores de bonos acepte una reestructuración de deuda que se aplique a todos los tenedores, aun a aquellos que votaron en contra, es decir, sin el consentimiento total.
"Se cedió respecto de aspectos legales: el principal fue permitir que los acreedores que tenían bonos del canje anterior mantengan el mismo marco legal, que supone CACs y RUFOs [cláusula Rights Upon Future Offers, prohíbe pagarles más a los que no ingresaron al canje] mucho más favorables a los bonistas, a diferencia del indenture [prospecto legal] 2016 que es el que se proponía aplicar a todos los nuevos bonos", añade Lorena Giorgio, economista senior de Econviews.
Finalmente, Jorge Vasconcelos, economista de Ieral, añade que hubo consideraciones sobre el tipo de cambio para tenedores de bonos en euros y francos suizos, las otras dos monedas en los que estaban algunos títulos que ingresan al canje.
"Estos tenedores pueden optar por un bono de salida en dólares; es decir que el mix de euros/dólares a emitir se adaptará a lo que demanden como bono de salida los que entren al canje. Desde que se empezó a negociar hasta el cierre, la paridad dólar/euro cambió en forma significativa y, en la primera propuesta, la Argentina había puesto una paridad artificial, lo que introducía una fricción adicional en las negociaciones", detalla.
Qué cedieron los bonistas para llegar a un acuerdo
En primer lugar, los acreedores cedieron dinero. De un piso de US$61 de valor presente neto pasaron al que se calcula hoy, en torno a los US$55. De todas maneras, dice Caamaño, no hubo casi quita de capital, un punto que hubiese afectado los balances de los grandes fondos de inversión.
Además, los acreedores deberán cubrir los gastos legales de la reestructuración, a pesar de que pidieron que no fuera así.
"Una concesión muy importante de la otra parte fue haber aceptado un canje sin conocer el plan económico que se va a llevar adelante de ahora en más para asegurar las condiciones para que el país pueda afrontar los pagos de su nueva deuda a futuro. Si bien el FMI apoyó las negociaciones llevadas a cabo por la Argentina, hubiera sido un plus en contar con unos lineamientos diseñados en conjunto para aportar mayor previsibilidad macro", suma Giorgio.
Ahora que la Argentina llegó a un acuerdo con los principales acreedores (y quienes tenían una posición bloqueadora en la negociación), se extendió hasta el 24 de agosto el plazo para que entren al canje los demás tenedores. La fecha de anuncio de resultados será el 28 de ese mismo mes y la de liquidación, el 4 de septiembre próximo "o lo antes posible de allí en adelante".
"Esto no es una victoria ni una derrota: solamente la Argentina gana tiempo para recuperar acceso a los mercados -concluye Caamaño-. Ahora Martín Guzmán deja el rol de ‘secretario de Finanzas’ y realmente pasa a ser ‘ministro de Economía’".
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