Qué implica haber alcanzado en un trimestre la inflación prevista para todo 2026

El 26 de diciembre pasado, el Senado aprobó el Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei. Pasaron menos de cuatro meses desde ese día, y los números diagramados ya quedaron obsoletos.

Es que, en esa ley, apoyada por 46 senadores y 132 diputados, el Gobierno estimado para todo el año una inflación del 10,1%, un dato que es apenas superior al 9,4% que acumuló el IPC informado por el Indec en el primer trimestre, y quedará superado formalmente cuando se dé a conocer el alza del costo de vida de abril, a mediados de mayo.

Se trata de una situación novedosa para el Gobierno de Milei, pero habitual en gestión presupuestaria en el país. Para el fundador de la Libertad Avanza, es el primer año en el que logró aprobar una ley que definió los esquemas previstos de gastos e ingresos del año, dado que en 2024 y 2025 decidió prorrogar por decreto la ley vigente de 2023, y actualizó a discreción esos números.

Pero en años anteriores, los sucesivos equipos económicos recurren a subestimar variables sensibles como la inflación, el crecimiento o el tipo de cambio. El caso extremo fue en 2023, cuando la ley se aprobó con un supuesto de inflación del 60% para todo el año, mientras que el IPC cerró en 211,4% interanual.

“Cuando se formulan los presupuestos, siempre tienen implícitas proyecciones macroeconómicas, y las dos más importantes son el crecimiento real y la inflación. Pasa siempre, y es razonable, que cuando se espera un rango de estas variables, por una cuestión de expectativas, se asuma el menor en inflación. Y lo que pasó en esta oportunidad es que se puso un rango bajo, que ya desde el año pasado asumíamos que era muy difícil que se alcanzara”, planteó Guido Rangugni, vicepresidente de ASAP, al analizar lo planteado en el presupuesto 2026.

Cuando presentó el proyecto que estimó una inflación del 10,1% para este año, en septiembre de 2025, los analistas económicos ya pronosticaban cifras superiores. Según el REM del BCRA publicado en ese momento, bancos y consultoras locales estimaban un IPC del 29,8% para 2025 y del 21,9% interanual (septiembre 25 y septiembre 26).

Y ese desvío en las proyecciones, anticipado por economistas, tiene consecuencias directas sobre elementos centrales del presupuesto, como los gastos y los ingresos: con más inflación de la esperada a lo largo del año, el Gobierno recibirá nominalmente más recursos que los estimados y enfrentará también mayores gastos a los que estimó inicialmente.

“La nominalidad más alta hace que los ingresos empiecen a ser más altos y por supuesto el gasto también. Desde el punto de vista presupuestario, las normas prevén que el Gobierno debería enviar al Congreso una ley de enmienda, para agregar esos recursos adicionales, y eso en general no se hace”, advirtió Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria y exsubsecretario de Presupuesto de la Nación.

El rubro paradigmático es el de las jubilaciones y los programas como la AUH, que representan más del 50% del gasto de la administración central y ajustan por una regla indexada a la inflación. De esta manera, los montos de gastos autorizados en el presupuesto correspondientes a esas partidas resultan insuficientes para enfrentar los compromisos del año. Y eso lleva a sucesivas modificaciones presupuestarias para ampliar los montos.

El mismo escenario se aplica para el resto de los programas y funciones del gasto público, y genera un escenario de incertidumbre por los montos disponibles y por la discrecionalidad, a la que han apelado las sucesivas administraciones, que se valen de ese margen para modificar (ampliar o no) diferentes partidas o comprimir los gastos para limitarse a los fondos habilitados en el presupuesto.

“Si efectivamente pasa esto y no se puede comprimir el gasto, los gobiernos tienen que aumentar el gasto total, y para eso hace falta una modificación del presupuesto, que se puede hacer de dos maneras, con una nueva ley o por DNU”, explicó Rangugni, al describir las pautas que define la ley de Administración Financiera.

“Toda modificación que implique aumento de los montos que se haga por decreto es discrecional. Y nosotros somos contrarios a ese procedimiento porque es un atajo que vulnera el espíritu republicano, que establece que definir el presupuesto es función del poder Legislativo", planteó el analista sobre una práctica común en la historia argentina.

“Esa asignación de recursos adicionales, si lo hacés con un DNU, te da todo el margen de distribuirlo como vos quieras. No enteramente, porque hay partidas que también crecen con la inflación, pero para el resto, que es más flexible, te da un margen para gastarlo como el Gobierno quiera”, coincidió Gadano.

La dinámica macroeconómica de 2026 ya anticipa nuevas tensiones en este rubro, con una inflación que en tres meses llegó al 9,4% y superará la pauta anual en abril (las estimaciones privadas la ubican en torno al 2,5% mensual).

“Es altísimamente probable que será necesario un aumento del gasto total. Y si ya se sabe con anticipación, lo deseable sería que se haga mediante una ley. Ya vemos cómo avanza hoy la inflación, así que no hay urgencia para usar un DNU más adelante”, completó Rangugni.

Por Esteban Lafuente

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