Reclaman modificar un sistema jubilatorio creado recientemente en Salta y rechazado por muchos de quienes deben aportar

¿Aportar a un sistema jubilatorio especial, en función del tipo de trabajo y del lugar del país en el que se desarrolla? Para muchos profesionales de diferentes jurisdicciones, hacer tal cosa no es algo novedoso. Pero el debate sobre la cuestión gana espacio en estos días en la provincia de Salta, donde un grupo de afiliados compulsivos a un régimen puesto en marcha el año pasado rechaza la norma que lo rige y, en consecuencia, impulsa un cambio prácticamente de raíz.

En septiembre de 2024, la Legislatura de Salta aprobó la ley 8444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de esa provincia. Con carácter obligatorio, son afiliados los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y en el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social, ambos de la citada jurisdicción. Además, la normativa prevé la posible incorporación de otras profesiones.

El esquema exige el pago de aportes de montos fijos y la afiliación es automática, al obtenerse la matrícula para ejercer la profesión. Para algunas situaciones laborales de relación de dependencia, se habilita la posibilidad de pedir una suspensión o una disminución de los montos a abonar.

Con la ley en vigor desde febrero de 2025, un grupo de autoconvocados persiste en oponerse y promueve que se avance en una reforma, para lo cual se mantiene un diálogo con legisladores. El objetivo es que el sistema actual se transforme en uno de adhesión voluntaria, basado en la capitalización individual, con libertad de afiliación y desafiliación, y con aportes no de importes fijos y definidos por el directorio, sino vinculados con los ingresos percibidos por los profesionales.

De ser aprobado, el proyecto de reforma -presentado por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler- transformaría la controvertida caja en un sistema similar a un seguro de retiro, con la expectativa de un pago futuro que acompañaría a los haberes del régimen jubilatorio general. Esta sería una diferencia sustancial respecto de cómo funcionan las cajas profesionales en las diferentes jurisdicciones del país, que se plantean como sustitutivas del régimen general de la Anses. Según Cornejo, hay posibilidad de modificar el funcionamiento, ya que la caja en cuestión aún no tiene beneficios otorgados.

Según la licenciada en Trabajo Social Bettina Gómez, referente del grupo de autoconvocados, de 1200 profesionales alcanzados por la ley, hay 580 que manifestaron su desacuerdo. “Hemos presentado a ambas cámaras de la Legislatura documentaciones” con la posición tomada, precisó.

Gómez afirmó, en diálogo con LA NACION, que los profesionales que no están aportando acumulan ya deudas de entre $1,5 millones y $2 millones, que mes a mes se acrecientan. Según afirmó en la Legislatura el senador Cornejo, un “dato de la realidad” indica que el 70% de los alcanzados por el régimen “no tienen los medios económicos para pagar” los aportes exigidos.

Según comparó Gómez, mientras un monotributista “paga menos de $20.000 mensuales” y tiene la expectativa de acceder a la jubilación más baja de la Anses (el haber mínimo es este mes de $393.174, cifra a la que se suma el bono de $70.000), quienes están alcanzados por la controvertida ley de Salta “deben aportar entre $50.000 y $127.000 mensuales sin tener certeza de qué jubilación recibirán”.

Según datos de ARCA, ocho de cada diez monotributistas están en las categorías A, B y C, en las que se aporta menos de $20.000 por mes al régimen previsional, mientras que en las D y E se abona apenas un poco más. En esas cinco categorías están nueve de cada diez adheridos al monotributo.

Un eje de los argumentos de los autoconvocados en Salta es que la ley se aprobó sin estudios actuariales que respalden la sostenibilidad de la caja. A ese “vicio técnico” se suman, advirtió Gómez, al menos otros dos factores de riesgo: la demografía, dada la baja de la tasa de natalidad, y la inestabilidad laboral de muchos profesionales.

Esos y otros planteos fueron llevados a la Legislatura, donde está abierta una instancia de diálogo. La página oficial de la Cámara de Diputados provincial publicó un comunicado luego de una reunión en la cual los autoconvocados “argumentaron que la implementación de la Caja careció de los estudios económicos actuariales suficientes, convirtiendo lo que debería ser un beneficio futuro en una carga económica imposible de afrontar por el monto de las cuotas”.

Además, alertaron que se generaría una creciente pérdida de matrículas por falta de capacidad para pagar los aportes. Una de las quejas radica en que los montos se definen según la edad del profesional, una condición no necesariamente vinculada a los ingresos obtenidos.

En un encuentro que hubo esta semana en el Senado, la presidenta del directorio de la Caja, Graciela Leal, defendió la ley actual. Según un comunicado del cuerpo legislativo, dijo que hay unos 450 afiliados que están aportando, y que entre 40 y 50 adhirieron al mecanismo de suspensión transitoria prevista en la norma. Respecto de los planteos por las dificultades para afrontar los pagos, señaló que la norma prevé que ante una situación de inestabilidad se pueda pedir la baja temporaria para “reincorporarse más adelante, accediendo a planes de pago y facilidades”.

Las cajas jubilatorias de profesionales son sistemas creados jurisdiccionalmente que se manejan con reglas propias. Según un relevamiento de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, en el país hay cerca de 80. Y, si bien la mayoría alcanza a quienes ejercen una determinada profesión en una provincia, hay algunas que reúnen a matriculados de diferentes rubros.

La norma general es que, al existir una caja de la profesión en la jurisdicción (provincia o CABA), los matriculados están obligados a aportar allí. Y, de forma voluntaria, pueden contribuir también al sistema general de la Anses para obtener en el futuro dos prestaciones.

La abogada Ana Inés Rosa, referente de los autoconvocados y quien participó en la reunión reciente con senadores, dijo a LA NACION que “muchos sistemas atan el ejercicio profesional al deber de aportar, de modo tal que mantener la matrícula activa implica necesariamente quedar incorporado al régimen previsional" particular. Según Rosa, la reforma que ahora se debate para modificar la ley resistida busca quebrar esa vinculación automática, “para permitir que el profesional pueda mantener su habilitación para ejercer, sin quedar forzosamente incorporado a un esquema previsional compulsivo”.

Rosa especificó que la mayoría de los profesionales alcanzados desarrolla su actividad principal en relación de dependencia y aporta a la Anses. “El ejercicio profesional exclusivamente independiente, bajo el monotributo, representa un porcentaje mínimo, y el cuestionamiento de muchos no pasa por rechazar la previsión social, sino por el hecho de que se termina imponiendo un aporte obligatorio adicional simplemente por mantener la matrícula activa, aun respecto de profesionales que ya aportan al régimen nacional por su actividad laboral principal”.

Según consideró en diálogo con LA NACION Gustavo Beveraggi, presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería del Chaco, como los análisis actuariales se basan en datos supuestos, que no pueden verificarse, siempre pueden emitirse informes diferentes.

En el caso de Salta, agregó, la cuestión de fondo es si están dadas las condiciones en la sociedad para que una nueva caja profesional sea aceptada por quienes se verán obligados a participar. Y la conclusión, agregó, es que hoy es muy difícil encontrar el contexto adecuado para poner un régimen así en marcha.

En el contexto en cuestión, no es un dato menor la vigencia del monotributo y sus niveles de aportes, ya que se trata de un esquema considerado con un fuerte subsidio para sostenerse. “Nuestros sistemas [por las cajas de profesionales] son puramente contributivos”, definió Beveraggi, quien fue presidente de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina. Eso implica que estas cajas se financian exclusivamente con los pagos mensuales de los afiliados, a diferencia del sistema general, financiado en gran medida con parte de la recaudación de impuestos, como el IVA o el que pesa sobre los créditos y débitos bancarios.

“En general, las cajas profesionales son un problema -opinó el economista Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Cippec-, porque generan inequidades", al plantear diferentes condiciones respecto del régimen general, y también "costos para la sociedad" que se evidencian, por ejemplo, cuando se establecen “contribuciones de la comunidad vinculada”. En la nueva Caja Interprofesional de Salta y según la ley 8444, esa contribución equivale a un 2% de los honorarios que los profesionales les cobran a obras sociales, prepagas, cooperativas, mutuales y “a todas las personas humanas o jurídicas” que utilicen sus servicios.

Además, Rofman consideró que estas cajas podrían generar pasivos eventuales para el Estado, que queda como garante si hay problemas de sostenibilidad -en algunas leyes que las crean se establece explícitamente, de todas formas, que la provincia no asume obligaciones-, y que en muchos casos “ni siquiera benefician claramente a quienes deben participar”.

Por Silvia Stang

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