Regular el comercio electrónico enfrentará a las grandes potencias
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"¡Satisfacción garantizada!", promete el vendedor de "Leyes y políticas de la Organización Mundial del Comercio " (OMC). Una nueva iniciativa en materia de comercio digital en la OMC busca sumarse a las leyes y políticas existentes y descriptas en sus páginas.
Pero lejos de aumentar la satisfacción general, el plan es controversial. A primera vista, es difícil entender por qué. El 25 de enero pasado representantes de 76 miembros de la OMC reunidos en el encuentro anual en Davos anunciaron planes para negociar nuevas normas para "aspectos relacionados con el intercambio en el comercio electrónico".
Tiene sentido: las normas comerciales fueron escritas cuando la computación en la nube era asunto de ciencia ficción. ¿Qué mejor manera de demostrar el valor de la OMC cuando el presidente Donald Trump se ocupa de minarlo?
Pero una mirada más cuidadosa revela el conflicto. Aunque los 76 miembros representan el 90% del comercio global, son una minoría dentro de la OMC. Muchos países en desarrollo sostienen que normas de comercio electrónico más estrictas atarían las manos de los entes reguladores nacionales y que ese tema es una distracción de otros que les importan más, tales como limitar los subsidios agropecuarios de los países ricos.
El plan es desconsiderar tales quejas, que han bloqueado el acuerdo en la OMC durante años. En vez de lograr que todos los miembros firmen un acuerdo multilateral, un grupo de países que piensan de modo similar establecerán reglas entre sí. Los que se autoexcluyan, como la India y Sudáfrica, no podrán bloquear los avances si no se cumplen sus demandas. El costo es perder la legitimidad que un grupo más amplio generaría y el hecho de que los no firmantes aprovecharán cualquier acuerdo, beneficiándose de los compromisos de los demás.
Hay más batallas por delante. "Los países no tienen una definición compartida de lo que están negociando", se queja Susan Aaronson, de la George Washington University. La OMC define el comercio electrónico como la "producción, distribución, marketing, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos". Eso es amplio.
Un acuerdo podría incluir normativa que considere el correo basura o reglas que ayuden a las compras digitales a pasar a toda velocidad por la aduana. Podría afectar las normativas internas de los miembros que cubren la ciberseguridad o la protección de datos personales; podría evitar las barreras al flujo de datos a través de las fronteras o prohibir la imposición de requisitos para almacenar datos de los ciudadanos en servidores locales. Cada dos años los miembros de la OMC renuevan la promesa de no gravar productos provistos digitalmente, tales como las películas de Netflix. Un nuevo acuerdo podría hacer que eso sea permanente.
Los negociadores estadounidenses quieren todo eso. Sus firmas de tecnología se benefician del libre flujo de datos, lo que les facilita entrenar algoritmos y generar ventas. La localización de datos es cara y podría debilitar la seguridad, dando más blancos a los hackers. Y obviamente preferirían que sus ventas digitales no fueran gravadas.
Las ambiciones de este poderoso grupo de presión ya han sido consagradas en pactos por fuera de la OMC. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (conocido por la sigla Usmca en inglés), que se supone que el Congreso de EE.UU. ratificará este año, prohíbe los aranceles sobre productos digitales. Lo mismo sucede con la Asociación Trans-Pacífico (TPP es la sigla), que fue negociada por 12 países, incluyendo Estados Unidos, y revivida por otros cuando el gobierno de Trump se retiró. La TPP prohíbe a los gobiernos obligar a las compañías a transferir sus códigos fuente y el Usmca va más allá al incluir también algoritmos. Ambos prohíben los requisitos de localización de datos.
A muchos les preocupa que las compañías de tecnología estadounidenses estén usando las normas comerciales para neutralizar a los entes reguladores nacionales. En teoría hay excepciones a las normas respecto de la localización de datos y transferencia de tecnología. Pero los críticos temen que los gobiernos no querrán invocar esas excepciones y que los árbitros en la OMC se alinearán con las compañías.
Será difícil conseguir que los negociadores europeos acepten parte de esto. El derecho europeo trata la privacidad como un derecho humano fundamental, y el libre flujo de datos, como secundario; los estadounidenses (y japoneses) parten de la premisa de que los datos deben fluir y recién después consideran excepciones por motivos de privacidad. De todos modos, un acuerdo reciente entre la Unión Europea y Japón sugiere que las diferencias pueden no ser insuperables.
La mayor pelea será con China. Su gobierno ve los datos como una cuestión de soberanía, y el comercio en datos, como una cuestión de seguridad nacional. Representantes chinos -según se dice- intentaron reducir el alcance de las negociaciones, amenazando con no participar. Se sumaron al final, presumiblemente al decidir que sería mejor tener influencia en cualquier normativa nueva en vez de ver que se fijen normas que podrían volverse globales sin ellos.
Otros países ven poco valor en normas que consagran el enfoque draconiano de China respecto de los datos, pero también saben el valor que tiene que se involucre un país de ese tamaño.
Administraciones estadounidenses han intentado resolver estas diferencias en el pasado. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, un acuerdo propuesto entre Estados Unidos y la Unión Europea, se suponía que debía abarcar los enfoque divergentes de ambas partes respecto de los datos. Junto con la TPP, buscaba atraer a China a un patrón regulatorio menos hostil.
Los estadounidenses nuevamente están trabajando con otros países para atraer a China. En diciembre, Roberto Acevedo, jefe de la OMC, describió como "muy activos" los esfuerzos estadounidenses en el comercio electrónico. Pero los negociadores pueden no tener mucho poder de negociación. Las negociaciones plurilaterales en temas estrechos significan que al menos China no puede impedir la discusión. Pero también eliminan las oportunidades de negociar concesiones no relacionadas, que es como llegan al consenso los negociadores comerciales. Esta iniciativa podría ser el éxito que la asediada OMC necesita desesperadamente. O podría ser otra demostración de su debilidad.
Traducción de Gabriel Zadunaisky
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