Riesgos de acción y riesgos de omisión

Gradualismo refiere a desarrollar un plan o conjunto de acciones de a poco, en forma paulatina o progresiva, para alcanzar un objetivo que -por oposición- podría lograrse llevando a cabo aquel conjunto de acciones de una sola vez. Nótese que no significa disminuir el objetivo ni pretender un alcance parcial; no consiste en quedar a medio camino. No cuestiona la necesidad de adoptar ciertas medidas, sino que argumenta que su implementación progresiva permite aliviar sufrimientos y evitar tensiones sociales y políticas que de otra manera frustrarían el alcance del objetivo.

Quienes preferimos más rapidez en la toma de decisiones vemos varios inconvenientes en el enfoque gradual. En primer lugar, es controversial que la adopción paulatina de medidas alivie dolores y evite tensiones sociales. Puestos en necesidad de amputar un dedo gangrenoso, no parece que la política de cortar todos los días un pedacito alivie el trauma; más bien lo multiplica.

El gradualismo demora la llegada de las mejoras; se estiran en el tiempo los dolores sin que asome la recuperación. Para peor, se acumulan cuando el Gobierno ha perdido el margen de maniobra que brinda la consagración en las urnas. Las críticas y reclamos erosionan paulatinamente la inmunidad inicial.

Por último, se corre el riesgo concreto de llegar tarde; cuando se terminó de cortar el dedo puede descubrirse que ahora la gangrena alcanzó el pie. La economía es un fenómeno dinámico que se presenta en un organismo vivo: la sociedad. Las distorsiones y los desequilibrios económicos no se detienen en la foto del lanzamiento de un plan gubernamental; por el contrario, si no se los atiende siguen profundizándose. Las sociedades, los mercados, no quedan cruzados de brazos ante la acción (u omisión) del Gobierno; no sólo reaccionan, sino que proaccionan buscando adelantarse a los acontecimientos. Hasta el plan más sólido puede quedar desactualizado a apenas horas de ser lanzado.

Ahora bien, corresponde cuestionarse si es gradualista la política económica actual. El paso a paso sugeriría una respuesta afirmativa.

Sin embargo, hemos dicho que el gradualismo procede según un plan prefijado. Hasta el momento, en cambio, sólo se han divulgado metas; nada se conoce de un plan de acción ni se ha comunicado el modo en que piensan alcanzarse los objetivos. Más que gradualista, el proceder oficial ha sido más bien una táctica de prueba y error, dando marcha atrás cuando surgen resistencias. Muchas acciones que antes del 10 de diciembre se daban por descontadas siguen sin aparecer.

La necesidad de lograr acuerdos parlamentarios y la preocupación por perpetuar los índices de adhesión son los factores que han preponderado a la hora de adoptar medidas. Esa lógica aspiración debe a su vez conjugarse con la necesidad de llegar a tiempo: los problemas no esperan y pueden jaquear la gobernabilidad. El kirchnerismo dejó desequilibrios graves que siguen corroyendo las bases de la economía.

No se trata de una cuestión principista, sino práctica: las consecuencias de llegar tarde suelen ser catastróficas. La inflación es uno de esos problemas que van mordiendo los talones de la acción gubernamental. Las estimaciones preliminares muestran que se mantendrá alta en febrero. Entretanto, la promesa de devolverle credibilidad al Indec sufrió un serio traspié con el desplazamiento de una respetada técnica.

El combate de la inflación se está apoyando en una política monetaria menos expansiva. A falta de que el Estado achique el gasto, el ajuste lo hace la producción. Prevemos un año contractivo, particularmente para el consumo; el movimiento será, en todo caso, responsabilidad de la inversión. No queda claro hasta dónde el Gobierno estará dispuesto a llevar las tasas, que siguen ubicándose por debajo de la inflación. Recurrir a herramientas parciales e insuficientes nos pone en riesgo de caer en un tobogán recesivo y de pérdida de puestos de trabajo, un daño social más grave que el que el gradualismo pretende evitar.

Párrafo aparte merece el SEPA. Si bien no se trata de un sistema de control de precios (no contempla precios máximos ni sanciones por subas), su difusión se hizo con un tono represivo. Lo perverso es que sigue alimentando la errada concepción de que la inflación la generan los comerciantes y no el Estado. Sobrerregula y hace más compleja y costosa la operación comercial, sin aportar una herramienta útil.

Otro problema subyacente es que el sinceramiento cambiario quedó a medio camino: el tipo de cambio se encuentra aún por debajo de su nivel de equilibrio. El atraso es evidente y los funcionarios son conscientes de ello. La Argentina es el único país del mundo en que el dólar ha perdido poder adquisitivo en la última década; en el resto del mundo se ha apreciado. El turismo emisivo sigue subsidiado y es más barato que nunca. En las localidades fronterizas hay colas para hacer compras en los países vecinos. La producción en zonas marginales sigue siendo desventajosa pese a la mejora cambiaria implementada.

El atraso cambiario es dañino para un país que requiere angustiosamente reconstruir reservas. En lugar de ello, este tipo de cambio estimula su salida. No hay razones para que una multinacional o un particular ingresen dólares a un país en que esos fondos tienen menor capacidad de compra que en otros países (seguramente, con menor carga tributaria).

No debe perderse de vista que el atraso cambiario aumenta día a día, al compás de una inflación que no cede y que, aun si se cumplieran las metas oficiales, seguirá elevada.

Por último, eludiendo el ataque de fondo al desmadrado gasto estatal, el Gobierno optó por apoyarse en endeudamiento. El endeudamiento externo acarreará un mayor retraso cambiario, pues el ingreso de fondos presiona a la baja el tipo de cambio nominal. La deuda cuasifiscal genera una bola de nieve de intereses que, al momento de desactivarla, impondrá una reprogramación o una feroz expansión monetaria. Endeudarse es trasladar al futuro costos y esfuerzos por algo que se disfrutará hoy; es sintomático que sigamos prefiriendo cargar a generaciones futuras con costos de ajustes que nos negamos a llevar a cabo.

El autor es economista

Por Agustín Monteverde

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