Sale el dato de la polémica: vuelven las protestas al Indec, suenan alertas entre técnicos y ya hay una denuncia penal
ATE hará una radio abierta en la puerta del Indec 15 minutos antes de la publicación del IPC de enero; duro comunicado de la Sociedad Argentina de Estadística sobre la decisión del Gobierno
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LA NACIONFrancisco Jueguen
En el Indec hay una sensación de tristeza y de historia repetida. Los trabajadores de ATE en el instituto harán mañana una radio abierta a las 15.45 —quince minutos exactos antes de la salida del informe oficial de inflación de enero— en la puerta del organismo para reclamar por la publicación del nuevo IPC, una movida que recuerda a los “abrazos” en la oscura era de Guillermo Moreno y el apagón estadístico.
La polémica —dicen sus técnicos— se sostendrá ahora con cada salida de un indicador público sensible hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el freno a la salida del nuevo IPC. En los pasillos del organismo afirman que el daño a la credibilidad de la información pública y la confianza de los índices ya fue hecho por la decisión que tomaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Por suerte, contaron, los trabajadores todavía pueden reírse de la situación: llaman el nuevo termómetro para medir la inflación “IPC Benjamin Button”, porque “nació viejo”, o “IPC Bastardo”, porque “el Gobierno no lo quiere reconocer aunque ya lo había anunciado”. Lo hizo en un informe del Indec, en la ley de presupuesto 2026 y también desde un documento oficial del Banco Central (BCRA).
El índice de precios de enero, que se conocerá el martes a las 16, llegará envuelto en la desconfianza que el propio Gobierno generó para todos los usuarios de las estadísticas, entre quienes están quienes quieren actualizar el alquiler, negociar una paritaria o hacer una inversión, además de académicos, sindicatos u organismos internacionales, entre otros actores. No sólo los bonistas que tienen papeles atados al CER son el mercado, ni los únicos que miran estadísticas. Si no se confía en un dato, como ocurrió en el pasado, empiezan a surgir alternativos, como el IPC porteño.
En ese marco, el Poder Ejecutivo aceptó el lunes en el Boletín Oficial el portazo que dio Marco Lavagna –al no aceptar la decisión de Milei de postergar sin tiempo definido el nuevo IPC– y la ratificación como director de Pedro Lines, hasta la semana pasada director técnico y, por eso, uno de los coordinadores encargados de velar por la hechura de las nuevas estadísticas, entre ellas, el nuevo IPC. LA NACION consultó hoy en el Indec si Lines, que tiene una reputación intachable entre sus pares, avalaría la presión gubernamental para frenar el IPC. No hubo respuestas, incluso ante los rumores de que Lines habría conversado telefónicamente con el Fondo en los últimos días. La misión del organismo está aún en la Argentina. El FMI, que había asesorado en la confección del nuevo IPC, mantuvo las estadísticas argentinas marginadas casi diez años en los tiempos de Guillermo Moreno.
La respuesta gubernamental ante las críticas vino a través de la flamante Oficina de Respuesta Oficial, que cuestionó, por ejemplo, cómo estaba editado un título de una entrevista a Graciela Bevacqua, la primera desplazada por Moreno en enero de 2007, que remarcaba que “la no salida del nuevo IPC, si es que sucede, pone una nube oscura sobre la credibilidad”, que esa no publicación “no debería estar supeditada a cuestiones externas a las técnicas” y que “la sociedad tiene derecho a tener estadísticas confiables, y estas decisiones no serían inocuas”. Pero la Oficina de Respuesta Oficial no pudo desmentir ningún dato de la nota (aunque tildó de “falso” el título). Tampoco el ministro Caputo, que se sumó a la ola y que dijo que los periodistas deberían escribir de que a los bonistas que tienen títulos CER –actualizados por inflación– “les pareció bien haber continuado con el índice actual”.
La de Bevacqua no fue la última crítica que se sumó a las decisiones oficiales sobre el Indec. La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) manifestó su “preocupación” por la decisión de Milei y Caputo de no publicar el índice que el Indec había anunciado formalmente en octubre pasado (en el IPC de septiembre). “La fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre algunos de los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC el primer mes del año calendario”, se escribió. Esa Dirección Nacional de Precios responde a Lines, actual director. Según supo LA NACION, todavía no hay un director técnico nuevo.
“La Sociedad Argentina de Estadística (SAE) desea manifestar su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de no publicar el 10 de febrero, tal como había sido anunciado, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC enero 2026), con las ponderaciones actualizadas a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), y en cambio mantener el que se viene publicando, cuyas ponderaciones provienen de la encuesta 2004/2005″, dijo el comunicado de los técnicos y expertos.
“Esta decisión implica haber actuado sobre la independencia de la institución oficial encargada de producir y divulgar la información pública de acuerdo con la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a dicha información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Esta medida interfiere en el calendario de difusión, no precisamente en la fecha de divulgación del IPC, sino modificando la información anunciada", se alertó.
“Se desestima, además, el esfuerzo de los profesionales y técnicos del Instituto que vienen trabajando en el tema desde el relevamiento de la ENGHo 2017/18″, indicaron en la SAE. “Los pasos seguidos hasta llegar a las nuevas ponderaciones han requerido profesionalismo y amplio conocimiento estadístico, para garantizar su calidad, tarea realizada por profesionales con experiencia en el tema. Se afecta la credibilidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, remarcaron los estadísticos.
El de la SAE no fue el único cuestionamiento público. “Esta mañana presenté una denuncia penal por la manipulación de los datos del Indec, que afecta directamente el acuerdo salarial de todas y todos los trabajadores estatales”, afirmó Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y CTA Neuquén.
Vale aclarar: para economistas, expertos, extécnicos y técnicos del Indec, no hay una manipulación ni falsificación de los datos, sino más bien una interferencia indebida del Gobierno que pone en riesgo la credibilidad del Indec y la confianza que existe en las estadísticas que produce el organismo público.
Sin embargo, Quintriqueo denunció por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la fe pública” a las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación y también de la Presidencia de la Nación.
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