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Sin interesados, las centrales atómicas quedarán en manos del Estado
De todos los activos públicos que el gobierno de Carlos Menem se propuso vender, la usinas fueron las únicas que no encontraron compradores, en parte porque se acerca el fin de su vida útil.
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El gobierno del ex presidente Carlos Menem privatizó hasta las tranqueras de los campos, pero parece no haber podido hacer nada con las centrales nucleares argentinas que empezaron a ofrecerse en 1994, con la esperanza de recaudar unos US$ 250 millones. Asignatura pendiente que deberá resolver la administración actual: tanto Atucha I como Embalse Río Tercero, más la aún sin terminar Atucha II, siguen en venta y en apariencia ningún inversor privado se muere por integrarlas a su paquete de empresas.
Por lo visto, clientes no abundan para el bloque nuclear nacional. Según el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), no hay que privatizar. "El manejo dentro del Estado fue ineficiente y sería más riesgoso en manos privadas -dijo-. Se debe aumentar la seguridad y cancelarlas lo antes posible. De todas maneras, no es un negocio redituable para los operadores particulares. Las centrales tienen un período de operación de 30 años, y el plazo, para Atucha I, se cumple en el 2004, y en el 2014 para Embalse."
Días contados
Si bien algunos especialistas comentan que es posible prolongar el tiempo de utilidad de una central, ecologistas y científicos de diferentes universidades argentinas proponen el cierre por el grado de peligrosidad de la actividad nuclear. Montenegro comentó que, a partir de la clausura, hay un período de diez años de enfriamiento y otro de cinco aproximadamente para desmantelarlas. El costo del desarme puede oscilar entre 300 y 500 millones de dólares.
Las dos unidades actualmente en funcionamiento (Atucha I y Embalse Río Tercero) aportan aproximadamente el 10% de la energía del país, y varias son las acciones que pueden ponerse en práctica para reemplazar tal porcentaje cuando salgan de escena. Montenegro comentó que pueden obtenerse grandes beneficios sólo con poner en práctica un plan de ahorro de energía y, por cierto, con sistemas combinados.
Por su parte, el experto en el tema de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, sostuvo que es básico desarrollar una política energética que tenga en cuenta la expansión de fuentes de energía no convencionales, en especial la eólica, y explotar la potencialidad del gas más la de las microcentrales hidroeléctricas. "Cada usuario debería poder colocar su sistema y entregar lo que sobra a la red. Podrían darse créditos para promocionar las energías renovables", aclaró.
Cartón lleno
Otro talón de Aquiles es Atucha II, una central sin terminar, de potencia nominal 692 MW cuya producción estimada sería de 5000 GWh. La estructura comenzó a construirse en marzo de 1981. "Aunque es difícil dar cifras concretas sobre el costo del proyecto, un informe de la publicación especializada Nucleonics Weeks comenta que sería de US$ 4000 millones. Para terminarla, deben invertirse otros US$ 700 millones", dijo Villalonga.
Montenegro y Villalonga comentaron que podría utilizarse con gas la infraestructura instalada y agregaron que la provincia de Buenos Aires debería rechazar una nueva central en su territorio por los posibles accidentes en el transporte de sustancias radiactivas y la producción de residuos nucleares.
El organismo que debe llevar adelante la privatización es Nucleoeléctrica SA (NASA), encargada de operar las centrales argentinas. La sociedad es presidida por ex miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quienes, por uno u otro motivo, no pudieron hablar con La Nación acerca del tema.
En el 2000 algo puede suceder con el paquete nuclear. Algunos integrantes del gobierno querrían seguir adelante con el desarrollo del sector, y estuvieron a un paso de apoyar el presupuesto de US$ 132 millones para construir el Carem, un prototipo de reactor chico desvalorizado por gran parte de los científicos por tratarse de una tecnología obsoleta.
Por María Teresa Morresi
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