Sostienen que las privatizaciones del agua deben estar reguladas

GINEBRA.- La privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable debe estar regulada para garantizar el acceso de los sectores más desfavorecidos y evitar estallidos sociales como los originados, por ejemplo, en Bolivia.

Ese es uno de los temas tratados en una reunión de expertos dedicada por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) a las inversiones extranjeras en el área de servicios.

Uno de los ponentes, la peruana Cecilia Ugaz, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social de Naciones Unidas, explicó hoy a EFE que, a diferencia de lo que ocurre con otros servicios, la distribución de agua se caracteriza por la ausencia de competencia real.

Monopolios privados

Los monopolios públicos son sustituidos por concesiones privadas por veinte o treinta años, por lo que, explicó Ugaz, sólo mediante la regulación puede garantizarse que ésas no aumentan indebidamente las tarifas y que llevan el agua a todos los puntos y no sólo a los más rentables.

Todo ello es tanto más importante dado el alto nivel de concentración del mercado internacional del agua: según un reciente estudio, Vivendi (antes Compagnie Générale des Eaux) y Suez, también francesa, controlan el 70 por ciento del sector privado de distribución de aguas.

El resto se lo reparten SAUR International (también francesa), Thames (Reino Unido, aunque propiedad del holding alemán RWE), Anglian Water (Gran Bretaña), Aguas de Barcelona (España), RWE e International Water (propiedad de la estadounidense Bechtel y la italiana Edison).

La distribución de agua resulta muy cara en los países en desarrollo como es el caso de los latinoamericanos porque no hay en ellos acceso universal a los servicios como ocurre, por ejemplo, en Europa, sino que hay que conectar a nuevos usuarios y las inversiones necesarias son muy elevadas.

Los proveedores, por otro lado, quieren aumentar al máximo los beneficios y necesitan disminuir costos, pero no pueden porque la tecnología es muy estable y su única forma de incrementar ingresos es a través de las tarifas, explicó Ugaz.

Algunas de esas empresas han declarado pérdidas, según la experta peruana, que citó, entre otras, Aguas de Mozambique - consorcio de Aguas de Portugal, Saur International y Mazi de Mozanbique-, que abastece a la capital y otras ciudades del país africano.

Aguas Argentinas

Otro caso es el protagonizado por Aguas Argentinas, participada por Suez y Aguas de Barcelona, sancionada por el Gobierno argentino por fallos que dejaron sin servicio a amplios sectores de Buenos Aires el mes pasado, cuando intentaba renegociar las tarifas y los contratos de privatización.

Los aumentos de tarifas, justificados por las inversiones para modernización de la red, son siempre muy impopulares sobre todo en los sectores más pobres.

Así se vio hace tres años en la ciudad boliviana de Cochabamba, donde el proyectado aumento de tarifas de la empresa Aguas de Tunari provocó fuertes disturbios en el año 2000.

Para la experta peruana, esos y otros casos demuestran la importancia de subsidiar, como ha hecho el Gobierno chileno, las conexiones con la red e incluso el consumo de agua corriente hasta determinado nivel.

Por otro lado, según Ugaz, la regulación no debe limitarse a la simple fijación de tarifas máximas, sino que debe ser un proceso transparente en el que estén además representados los usuarios.

Fuente : EFE

• Comunidad de Negocios

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