Telecomunicaciones: advierten que la nueva regulación afectará los servicios

Si se frenan las inversiones podría haber limitaciones en la oferta de servicios de banda ancha, sostienen los expertos
Si se frenan las inversiones podría haber limitaciones en la oferta de servicios de banda ancha, sostienen los expertos
María Julieta Rumi
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21 de diciembre de 2020  • 04:13

Después de que el Gobierno autorizó un aumento de solo 5% a los servicios de telefonía móvil, fija, internet y televisión por cable, y que exigirá que las compañías de telecomunicaciones den una prestación universal básica que alcanzaría a 10 millones de personas, especialistas y empresas del sector advierten que las medidas son inconsistentes y tendrán un costo: se reducirán las inversiones y la calidad del servicio.

El consultor y titular de Carrier y Asociados, Enrique Carrier, cree que el escenario es de una encerrona para las empresas, porque les reducen ingresos y les suman gastos. "¿Cómo compensan los resultados si no pueden subir los precios? El esquema puede funcionar unos meses, pero en algún momento no va a cerrar. Y muchas cooperativas irán a la quiebra. Ojalá recapaciten", opinó el experto.

Por otro lado, el consultor dijo que los clientes verán resentida la calidad o disponibilidad del servicio. "Si no hay ganancias, cuando uno llame para que le instalen internet de banda ancha las compañías dirán que no tienen equipamiento y se entrará en una lista de espera. Va a haber una degradación del servicio en líneas generales y una no disponibilidad para nuevas instalaciones", agregó, y dijo que, como se anunciaron, las prestaciones básicas son injustas porque un cliente de TV paga puede tener más o menos descuento dependiendo de dónde viva, mientras que a un cliente de alto poder adquisitivo los servicios solo le aumentarán un 5 por ciento.

Por su parte, Marcelo Celani, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y consultor de empresas y gobiernos en regulación y defensa de la competencia, dijo que está de acuerdo con la definición de servicios básicos, pero que no es gratis: hay un costo a pagar.

"Toda vez que definís un conjunto de servicios para que tenga tarifas reguladas y subsidiadas, lo lógico es que dejes libres al resto de los servicios para el resto de la población, porque el financiamiento para el primer conjunto va a provenir de ahí. A mí me parece que, si definís servicios básicos para intentar que lleguen a un montón de gente, pero a la vez pisás las tarifas de los otros, esto muy probablemente sea inconsistente", afirmó.

"Me llama la atención, pero creo que el error está en la concepción de cómo manejar estas cosas. Me parece bien la definición de servicios básicos, pero es inconsistente con la regulación de precios del resto de los servicios", continuó, y anticipó que las medidas no darán buenos resultados. "El control de precios no es algo necesariamente malo, pero sale mal porque está mal pensado. Cuando afectás la rentabilidad, el proveedor invierte menos o no invierte, y la consecuencia esperable es la reducción en la calidad del servicio. No es de un día para otro, pero en dos años probablemente lo sufras, como sucedió con la electricidad. Para sostener la calidad tenés que invertir y, si no tenés rentabilidad ¿por qué vas a invertir?", completó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini, agregó que, si bien puede haber buenas intenciones, la medida no está bien hecha. "Es una mala noticia. Esto no es la reglamentación sino una fijación de precios. Está hecho a las apuradas y no tiene en cuenta que el sector no es monopólico", afirmó, en declaraciones al programa radial Toma y Daca.

"Cuando hay competencia efectiva debe haber libertad de tarifas. Y donde no hay competencia, hay que favorecerla, y si no se puede, establecer precios máximos", cerró.

En tanto, Esteban Russell, presidente de una consultora de telecomunicaciones basada en Miami, exgerente de regulación de Movistar y exasesor de la Secretaría de Comunicaciones, dijo que en el mundo el sistema exitoso de prestación de servicios de telecomunicaciones es la competencia, no la fijación de precios políticos. Agregó que no funciona fijar precios por resolución, sino que el modo para que el servicio mejore y los precios bajen es intensificar la competencia evitando posiciones dominantes, resolviendo problemas de interconexión, licitando espectro radioeléctrico y evitando que los municipios enloquezcan a las nuevas compañías que quieren tender redes.

"Con este escenario de servicios por debajo del costo, las compañías grandes, que tienen más espaldas financieras, van a aminorar inversiones para intentar reducir pérdidas por un tiempo, y las chicas van a necesitar muy rápido grandes subsidios del Fondo del Servicio Universal para poder aguantar. El campo de beneficiarios de estos precios es muy grande como para que las cooperativas y pymes puedan implementarlo sin estrés financiero", predijo.

Por otro lado, Damián Testori, director comercial de Abeceb, consideró que las medidas tendrán el efecto contrario al que se busca. "Si hoy tenés un 65% de hogares conectados a internet no va a aumentar la penetración, y sacrificás a ese 65% porque si la infraestructura se rompe o no sirve no la van a reponer. Nos pegamos un tiro en el pie por lo que significa internet en la democratización del conocimiento, entre otras cosas", explicó.

Oportunidades perdidas

Por su parte, Telecom dijo en un comunicado que la industria "no pudo contar con el Estado como su socio estratégico para generar consensos que aseguren el desarrollo estratégico del sector, garantizando y expandiendo sus prestaciones en condiciones de mercado, como lo fue hasta el dictado del DNU 690/2020". Y concluyó: "Si este es el camino que el Gobierno elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas".

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