Media sanción: qué dice el proyecto de Inocencia fiscal que busca sacar los “dólares del colchón”
La iniciativa prevé subir los umbrales del régimen penal tributario, actualizar los costos de las multas y acortar los plazos de prescripción, entre otros puntos
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“Todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”, es la frase que usan dentro del Gobierno para referirse al Régimen de Principio de Inocencia Fiscal, la iniciativa oficialista que fue anunciada a finales de mayo de este año. Seis meses más tarde, ayer por la madrugada, Diputados le dio media sanción al proyecto para incentivar que los argentinos saquen los pesos y dólares de abajo del colchón y los inyecten en la economía.
Aunque todavía tendrá que debatirse en el Senado, la medida busca instaurar un cambio en la filosofía y práctica del régimen tributario argentino. En vez de ser un régimen que el propio Gobierno describe como “persecutorio”, donde se partía de la presunción de culpabilidad del contribuyente, se quiere blindar a los ahorristas ante las futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros “sin tener que demostrar de dónde lo sacaron todo el tiempo”.
Para eso, se quiere subir los umbrales del régimen penal tributario, actualizar los costos de las multas, acortar los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias para quienes cumplen y crear una declaración jurada simplificada de Ganancias.
“Era necesaria una normativa así si el objetivo es cambiar incentivos: bajar la sensación de ‘riesgo penal permanente’ y dar reglas claras para que la gente vuelva a usar el sistema formal sin miedo a que cualquier error se convierta en un problema enorme. Para el contribuyente común, el mayor impacto es psicológico y de previsibilidad, porque si el Estado baja la amenaza y la simplifica, sube el cumplimiento voluntario. Pero si eso no viene acompañado de una administración más razonable, el efecto se diluye. El riesgo es que quede como un eslogan si en la práctica sigue la lógica de ‘presunción de culpa’ y litigiosidad", dijo Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansión Holding.
Al ver en detalle las principales modificaciones propuestas por el oficialismo, se subirían los umbrales del régimen penal tributario. Por evasión simple, el límite pasa de $1,5 millones a $100 millones. Por evasión agravada, de $15 millones a $1000 millones. Mientras que para otros delitos, como las facturas apócrifas, se aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
También habría extinción de la acción penal si se paga la deuda total (es decir, el capital más los intereses) antes de la denuncia. En caso de que ya haya acción penal, se extingue al pagar la deuda y abonar un 50% adicional dentro de los 30 días de la notificación de la imputación penal.
“Es necesaria una ley en este sentido. En cuanto a los parámetros de la ley penal tributaria, no puede ser que por una evasión de $1,5 millón seas denunciado penalmente. Eso, ahora cambiaría si se aprueba y todos los umbrales se modificarían. También se habilitaría la posibilidad de salir de una cuestión penal si pagás toda la pretensión fiscal. Aunque me parecen exageradas las multas por infracciones formales, por no presentar una declaración jurada. Eso va a representar un golpe bastante duro en las finanzas de los contribuyentes, cuando muchas veces en esas declaraciones juradas no hay nada que informar”, sumó Mariano Ghirardotti, del estudio contable impositivo Ghirardotti & Ghirardotti.
Las multas de los procedimientos tributarios se actualizarán y se le sumarán tres ceros. Por ejemplo, de $200 actuales pasará a representar $220.000; y aquellas que hoy eran de $400 se elevarán a $440.000. Para determinar y exigir el pago de impuestos, la prescripción general será de cinco años y de tres en el caso de que la declaración haya sido presentada en término y sin discrepancias significativas (igual o mayor al 15% de diferencia o superar el umbral penal). Sin embargo, el plazo aumentará a diez años para quienes no están inscriptos.
También el proyecto propone un régimen simplificado de Ganancias, que aplicará para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos menores a $1000 millones y un patrimonio debajo de los $10.000 millones. Las mismas tendrán un efecto liberatorio: cuando el contribuyente acepte la declaración jurada que fue propuesta por ARCA y haga el correspondiente pago a término, implicará el cierre del período fiscal. Hasta el momento, se adhirieron 15.970 contribuyentes.
“Son deseables las modificaciones propuestas, ya que tienden a bajar la litigiosidad en el ámbito penal tributario y se actualizan los montos considerablemente luego de casi 10 años. Además, se incentiva a la regularización voluntaria para extinguir la acción penal, queda claro que la ley tiene una finalidad recaudatoria y no punitiva. Se da mayor previsibilidad y confianza en el sistema tributario, con plazos de prescripción unificados en ámbito nacional y provincial, y, a su vez, se concentra la persecución ante grandes evasores”, consideró Edgardo Ponsetti, socio de Legales de BDO Argentina.
Este proyecto viene de la mano de la eliminación de una docena de regímenes de información a finales de mayo, para que los contribuyentes puedan usar la tarjeta de crédito o realizar depósitos en cuenta bancaria sin temores de que toda la información llegue hasta ARCA. Sin embargo, para Ghirardotti, aunque el Gobierno alentaba a que los argentinos usen los dólares de debajo del colchón y se compren bienes sin temor a ser fiscalizados, los dichos chocaban con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos.
“Entre las pautas, planteaba que si te encontrás con un incremento patrimonial y no podés justificarlo, había todo un resorte de ajustes para hacer más sanciones y daba una inseguridad jurídica tremenda si se gastaban esos dólares del colchón. Ahora, si se aprueba el proyecto, ese artículo se relativiza. Entonces, eventualmente se podría aconsejar a un contribuyente a que use el dinero sin temer una represalia por parte del fisco. Va a estar interesante si se difunde, la gente toma impulso y empieza a sacar esos fondos que tenía congelados por no estar justificados. Tal vez la clase media, la clase media baja, pueda cambiar el auto o comprar un departamento con ese dinero sin justificar”, completó Ghirardotti.
Fraga coincidió en que la medida podrá ayudar, pero que “no es magia”. Su efecto económico dependerá de si se combina con estabilidad, baja de costos de cumplimiento y “señales coherentes”. En cambio, si el sistema formal sigue siendo caro, lento y riguroso, la informalidad va a seguir siendo atractiva para muchos.
“La pregunta clave es la credibilidad. La gente trae sus ahorros al sistema cuando cree que no le van a cambiar las reglas a mitad de camino o usar la información para perseguirla después. En la Argentina el freno no es solo impositivo: es miedo a la volatilidad regulatoria y a la aplicación discrecional", cerró.
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