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Un esquema económico improvisado y flojo de papeles
La forma en que se intenta frenar la suba de precios y el drenaje de reservas del Banco Central para pagar importaciones hace dudar sobre los resultados y la utilidad del régimen como sustituto de un plan de estabilización
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LA NACIONNéstor O. Scibona
La necesidad tiene cara de hereje cuando, en vísperas del año electoral, existe la urgencia política de ponerle un freno de mano a la suba de algunos precios y al drenaje de reservas del Banco Central para pagar importaciones imprescindibles. El problema es que este esquema improvisado está flojo de papeles, aumenta la desconfianza sobre sus resultados y su utilidad como sustituto de un plan de estabilización económica.
Muchas medidas para congelar o imponer topes transitorios a los precios pasaron a ser negociables con empresas privadas, a cambio de la incierta promesa de venderles dólares al tipo de cambio oficial para importar insumos. De ahí que haya “acuerdos” por escrito de adhesión voluntaria –o bajo presión para suscribirlos– y otros sean simplemente “verbales”; pero sin que ninguna de las dos partes tenga la certeza de poder cumplirlos hasta el fin del verano. En el primer caso resultan claramente asimétricos: las compañías que estampan su firma se exponen a penalidades por incumplimientos (multas) y eventuales “escraches”, que no alcanzan a los funcionarios públicos.
La promocionada puesta en marcha del programa de Precios Justos para 1900 productos de consumo masivo es una muestra elocuente de esas contradicciones. Por lo pronto, en ningún punto del convenio, de 13 páginas, el Gobierno asume el compromiso expreso de asegurar a fabricantes ni a proveedores y supermercadistas el pago de las importaciones de productos o insumos. Sólo verbalmente, el ministro Sergio Massa y el secretario Matías Tombolini prometieron esta semana que en los próximos 15 días aprobarán los pedidos cursados a través del sistema SIRA, que fue creado para aportar previsibilidad al cepo importador y se convirtió en una virtual lotería.
En cambio, las empresas deben comprometerse a vender a supermercados minoristas y mayoristas –y estos a los consumidores finales– los productos incluidos con un aumento único de precios de 4% respecto del promedio de octubre y mantenerlos sin cambios desde noviembre hasta fin de febrero de 2023. Para los que están fuera del programa, el ajuste será de 4% en cada uno de esos meses con relación al mes previo, incluyendo descuentos. También deben asegurar en Precios Justos el normal abastecimiento de hasta el 80% de los productos, señalizarlos en las góndolas, comunicar problemas de provisión por fuerza mayor y prever al menos un sustituto.
Paralelamente, la Secretaría de Comercio aprobó un modelo de convenio (11 páginas) con municipios para delegarles la fiscalización del programa. Si labran actas y terminan en multas en firme, percibirán mensualmente el 25% del monto como “reconocimiento” por sus trámites (presenciales y digitales). No obstante, los consumidores pueden consultar los precios desde mediados de noviembre mediante una aplicación digital que puede instalarse en los celulares, que incluye un lector del código de barras sólo para los productos incluidos y un botón para denunciar incumplimientos.
Todo este despliegue burocrático y tecnológico resulta una exageración desde donde se lo mire. Más bien se trata de una acción de marketing político de Massa –presionado por el kirchnerismo– para mostrar índices mensuales de inflación algo más bajos en el verano.
Por un lado, los 1900 productos con Precios Justos (más otros 500 con Precios Cuidados que vencen el 7 de enero, pero seguramente serán renovados), son una insignificancia en comparación con los 80.000 precios que releva mensualmente el Indec en el índice de precios al consumidor.
Por otro, al sólo efecto de cumplir, algunas empresas líderes optaron por incluir líneas de productos más caros y con poca venta para tratar de alivianar stocks.
Otras, en cambio, adaptaron sus precios al esquema del programa pero aún no firmaron el acuerdo para evitar eventuales penalidades, ya que no creen que puedan mantener el congelamiento en paralelo con el aumento de sus costos. Y, finalmente, brillan por su ausencia marcas de pymes relativamente conocidas, salvo escasas excepciones.
Probablemente esta desarticulación explique varias inconsistencias en el listado que puede consultarse en la app. Por caso, incluye pan envasado para hamburguesas, pero no medallones de carne para completar el sandwich. Hay sólo dos marcas de vinos, en envase tetrabrik y sólo una de pan dulce, correspondiente a una cadena de supermercados.
Aun así, el ministro de Economía debió recurrir al “acuerdo verbal” con las cuatro petroleras de mayor participación en el mercado de combustibles (YPF, Axion, Shell y Puma), para incorporarlas a Precios Justos con el ajuste de 4% que ya rige desde ayer y se repetirá en enero y febrero, mientras en marzo se ubicará en 3,8%. A cambio, prometió dólares para la importación de lubricantes, reducción de aranceles para importaciones de gasoil y cobros pendientes de los impuestos a los combustibles. En este caso, la fiscalización estará a cargo del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio, que lidera el dirigente massista Héctor Acuña. Algo así como “fulbito para la tribuna”.
Para cumplir con las metas fiscales, monetarias y de reservas netas con el FMI del cuarto trimestre y asegurarse el desembolso de US$5800 millones que le aportará un respiro hasta marzo, Massa reeditó el dólar soja a $230, pese a que en septiembre había asegurado que sería por única vez. Si bien implica mayor emisión, también significará mayor recaudación por retenciones, que permitirán cubrir la suba del gasto público en diciembre.
No obstante, no alcanza para despejar la preocupación de las empresas que temen la perspectiva de importar insumos a la cotización de los dólares financieros, 90% más alta que el oficial, pese a que en noviembre el BCRA lo ajustó a un ritmo de 6,5% mensual. Sobre todo, cuando tampoco hay indicios de la anunciada activación del swap con China para disponer de US$5000 millones, que por ahora no permite siquiera la importación de insumos de ese origen a la industria electrónica fueguina.
A cortísimo plazo, el objetivo oficial es más modesto. Si a mediados de este mes el Indec informa que la inflación de noviembre tuvo un número 5 por delante, seguramente será celebrada como un éxito por el Gobierno aunque el decimal lo acerque al 6%. No podrá atribuirlo a la política de precios, sino a la retracción del consumo que moderó aumentos en varios rubros como frutas, verduras, hortalizas y carnes, mientras ya debió desdoblar los aumentos en prepagas y derogar el aumento de las tarifas eléctricas previsto para los primeros meses de 2023.
