Un negociado que simbolizó el descalabro ferroviario kirchnerista
Jaime utilizó una sospechosa firma como intermediaria en las negociaciones que protagonizó con España
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LA NACIONDiego Cabot
Ricardo Jaime siempre fue un compadrito, más aún cuando era una de las caras del poder. En aquellos años de impunidad vivió bajo el ala protectora de Néstor Kirchner y pergeñó los más variados negocios. Era intocable y de eso se ufanaba. Pero cambió el rumbo y el cordobés pasó de los trajes italianos al cuerpo a un chaleco entallado, pero antibalas. El camino que lo llevó de los relojes de oro en sus muñecas a esposas plateadas fue uno de esos negociados: la compra de trenes usados a España y Portugal.
De aquella trama que empezó a tejerse desde hace poco más de 11 años hoy queda una causa penal, acero oxidado con forma de trenes, millones de dólares gastados sin sentido y cuantiosas comisiones facturadas por una oscura intermediaria.
Para reconstruir la historia hay que remontarse a febrero de 2005, cuando el gobierno argentino rubricó con España un acuerdo sobre Cooperación en Materia Ferroviaria. Hizo lo mismo con Portugal. Bajo ese paraguas se facilitó la importación de material rodante usado que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) serían alrededor de 600 unidades, entre locomotoras y vagones. Hoy, apenas un puñado de aquellos coches se pueden ver en funcionamiento.
Pero más allá de la utilidad o no del material rodante, aquella compra escondió un pago de comisiones a una empresa relacionada con Jaime y manejada por Manuel Vázquez, un ladero del ex secretario de Transporte que ayer también fue detenido dentro de un placard. LA NACION reconstruyó aquella operatoria y la publicó a principios de 2015. Ayer, el juez Julián Ercolini dispuso que se prive de la libertad a ambos personajes, acusados no sólo de malgastar el dinero en trenes, sino de montar una estructura para facturar comisiones.
El 31 de mayo de 2005 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Transporte y Expansión Exterior, una empresa pública española dedicada a facilitar negocios de ese país en el mundo. La empresa española se ocuparía "de obtener ofertas de equipos y servicios que puedan interesar a la Secretaría de Transporte [argentina]".
La empresa española contrató a Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF), otra firma española que la asesoraba en la compra. "En algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos...", dice la auditoría de ITF.
El 7 de diciembre de 2005, Jaime firmó el primer contrato por 8,5 millones de euros. La operación O/0505/068, un documento de 10 artículos, incluyó 12 coches de pasajeros de 26,4 metros, con capacidad para circular hasta 160 kilómetros y aire acondicionado, y cuatro para ser usados como repuestos. Además, se compraron 3 locomotoras diésel, cuatro triplas diésel en funcionamiento y dos más sólo utilizables como repuestos, y tres furgones que podían usarse como generadores. Desde entonces y hasta 2010, cuando Juan Pablo Schiavi ocupaba el cargo de Jaime, se sucedieron varias compras.
El 29 de marzo de 2006 se firmó el contrato más polémico. Reunidos en Madrid, Juan Barba Cáceres y Manuel Molina Ruiz, en representación de Expansión Exterior, y Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), suscribieron un acuerdo de prestación de servicios de asistencia técnica.
Los españoles no estaban de acuerdo en la contratación de una intermediaria, pero la orden había llegado de la Argentina. Entonces, en aquel contrato, dejaron sentado la obligación de contratar a Cyaes, el vehículo que Jaime y Vázquez utilizaban para diversos fines.
"El 13 de marzo de 2006, Expansión Exterior recibió un escrito de la Secretaría de Transporte en virtud del cual se comunicaba la designación de Cyaes como representante del cliente para colaborar con Expansión Exterior en el desarrollo, instrumentación e implementación del proyecto." La previsión tenía un motivo: aquel primer acuerdo por la compra ferroviaria tenía un costo de 8,4 millones de euros; la intermediación de la empresa indicada desde el Gobierno implicaba el pago -según la cláusula quinta- de 2.282.965 euros, casi un cuarto del contrato.
Cyaes funcionaba en la Argentina bajo el mismo nombre, pero con la sigla Caesa, y estaba presidida por un jubilado de 86 años llamado Ignacio Soba Rojo, a quién Ercolini citó a declarar.
El hombre era presidente de otra sociedad, Delome SA, con la que se pagaron vuelos al exterior de Jaime y se compró un departamento a su ex pareja, Silvia Reyss -para luego cedérselo a su hija-. El empresario que manejaba los hilos de la empresa Vázquez, el lobbista que durante años atendió en sus oficinas de la calle Arroyo al 800, domicilio en el que años después se allanaron discos rígidos de computadoras que tenían los famosos mails en los que se podían rastrear los pasos de varios proyectos oficiales.
El 16 de abril de 2007, un año después del primer convenio, Caesa firmó otro acuerdo de prestación de asistencia técnica. Esta vez, Soba Rojo fue puesto en Madrid para firmar el contrato, por 913.186 euros.
Los contratos empezaron a moverse y, con ellos, la cadena de pagos. Expansión Exterior compraba trenes a Renfe o FEVE, ITF auditaba y el gobierno argentino pagaba. Luego, Cyaes facturaba sus comisiones y nuevamente Expansión Exterior pagaba. Intercambio bilateral de alto vuelo detrás de aquel apretón de manos entre Kirchner y Zapatero.
El 17 de abril de 2007, Cyaes presentó su primera factura (C-28) por 337.106 euros con las formalidades españolas. En ella constan los domicilios de la empresa: Serrano 25, 4ta. Izquierda, en Madrid, y Arroyo 880, Piso 4° "7", en Buenos Aires. Al pie de la factura, un pedido: "Rogamos el abono en la cuenta 0030100134 0001369271".
Las facturas se sucedieron. En la C-30, del 4 de mayo, el monto por la prestación de asistencia técnica se elevó a 383.586 euros. En 15 días se facturó más de un millón de euros. En Buenos Aires, Caesa, confeccionó sus facturas 39, 40 y 41, de abril y mayo de 2007 por un total de 680.955 euros. Los pagos se sucedieron a un lado y a otro del Atlántico. En 2011, según lo que pudo corroborar LA NACION en los registros de Expansión Exterior, se hicieron los últimos pagos a Caesa, por 75.324 y 1278 euros. Fue un total de 2,7 millones de euros.
Jaime con un chaleco antibalas y esposado; Vázquez escondido en un placard y centenares de trenes tirados en playones. Postales del descalabro ferroviario más importante de la historia argentina.
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