Un país en serio necesita más seriedad

No basta con decirlo ni tampoco con colocar ese deseable eslogan en los avisos oficiales. Para ser un país en serio se necesita actuar con seriedad en todos y no sólo en algunos aspectos de la gestión gubernamental.

Cada vez que viaja al exterior, el presidente Néstor Kirchner se somete a un test de credibilidad y previsibilidad. La última visita a España no fue la excepción. Que los resultados hayan sido divergentes según se los evalúe en Buenos Aires o en Madrid, indica que quedaron cuestiones pendientes sin resolver. Más allá de los gestos de apoyo del gobierno español y del adelanto de inversiones de Repsol YPF en exploración petrolera, el tema de las tarifas volvió a colarse en la agenda como ha venido ocurriendo en los últimos tres años. Demasiado tiempo para volver a pedir paciencia y reclamar nuevas inversiones. En lo formal, Kirchner no defraudó las expectativas de las empresas españolas que aceptaron renegociar sus contratos, desistir de reclamos judiciales y quedar a la espera de la actualización tarifaria acordada con el Gobierno, simplemente porque aquellas no tenían ninguna expectativa. Sólo aguardan que el Presidente cumpla con su palabra y mientras tanto invierten a cuentagotas, ya que descuentan que será el Estado quien se haga cargo de los proyectos de mayor magnitud en infraestructura energética, que modifican la relación contractual original. El problema es que algunas de ellas comenzarán en pocos meses a mostrar balances negativos, pese al persistente incremento de la demanda.

Sin embargo, Kirchner no se privó de algunos gestos desconcertantes. Volvió a maltratar a las empresas españolas que invirtieron en la Argentina en los 90 como si lo hubieran hecho en otro país, siguiendo la mala práctica de los políticos que suelen creer que cada nuevo gobierno debe tener una misión fundacional, que borre todo lo malo, y también lo bueno, que se hizo antes. Y como si la continuidad jurídica fuera una cuestión menor, reivindicó a Hugo Chávez y a Evo Morales en uno de los países donde estos líderes despiertan más desconfianza entre las empresas. Que Venezuela sea hoy el principal abastecedor de energía y financiamiento de la Argentina, o que esta semana haya que cerrar con Bolivia un acuerdo que tal vez permita importar más gas en el futuro, en condiciones más que inciertas, no amerita que se los incluya en un discurso destinado a transmitir previsibilidad.

Si España continuará siendo un socio estratégico, tampoco se alcanza a entender cómo y por qué el Estado argentino aumentará su participación en el capital de Aerolíneas Argentinas y pasará a actuar en el doble rol de socio y de regulador. Tal vez el acuerdo permita destrabar aportes que el gobierno español tiene pendientes para capitalizar a la compañía, pero poco y nada se dijo al respecto. Lo mismo que con relación al aumento de las tarifas de cabotaje que el Gobierno prometió para fines del año pasado y demoró primero por el comienzo de la temporada estival, luego por los conflictos sindicales y la Semana Santa y ahora por la inminencia de las vacaciones de invierno. Si ampliará las bandas tarifarias o habrá subsidios o garantías estatales es otra incógnita no develada. Lo concreto es que la compañía, al igual que su competencia, vuela con aviones llenos, pero sin aumentar la frecuencia de sus servicios de cabotaje para no perder plata. Y esto es un freno para el desarrollo de muchos centros turísticos que reciben menos viajeros que los que estarían en condiciones de atender gracias al boom de construcciones hoteleras. De ahí que estén surgiendo aerolíneas regionales con subsidios provinciales para atender la demanda insatisfecha. Nadie planteó si es buen o mal negocio para el Estado participar de esta operación mientras grandes compañías, como United o Varig, han ido a la quiebra.

La fórmula de canjear acreencias estatales por acciones, transformándose en socio y regulador, también se aplicará en Aeropuertos Argentina 2000. Pero aquí se optó por un camino inverso al que el Gobierno, en una situación similar, siguió hace tres años cuando reestatizó totalmente el Correo. Qué se gana y qué se pierde queda en todos los casos en una nebulosa.

La ausencia de reglas serias y previsibles también vale para la política de precios administrados. El Gobierno ya dejó trascender que no revisará hasta fin de año los acuerdos que preveían actualizaciones bimestrales, justo cuando postergó para esta semana una serie de reuniones con empresas fabricantes de productos de consumo masivo. Cada vez que recibió un reclamo de ajuste por mayores costos, el secretario de Comercio se ocupó hasta ahora de tratar directamente con los proveedores, ya sea para que retrotraigan aumentos o bien para gestionarles algún subsidio. Todo vale para que el índice de precios de cada mes comience con "cero coma".

Eslabones fuera de control

Sin embargo, hay eslabones de la cadena que quedan fuera del control oficial y que aparecen cuando el funcionario se encarga de revisar personalmente las estructuras de costos, basándose en una ley que está derogada. Los empresarios creen que si se autoriza algún ajuste será para sectores que hoy trabajan a pérdida, como la industria láctea. Pero el resto no se hace demasiadas ilusiones, mientras cruza los dedos para que no haya sorpresas en el futuro inmediato con el costo y la disponibilidad de gas y electricidad.

Si bien el techo impuesto por el Gobierno a las negociaciones salariales permitió frenar expectativas y no existe un atraso de precios de magnitud (el promedio de los reclamos no llega al 5% de aumento), la incertidumbre hace que nadie piense en grandes proyectos. Las inversiones que están en marcha apuntan exclusivamente a acompañar el aumento de la demanda interna o externa. Una regla que no es válida para los frigoríficos exportadores, a los que el Gobierno no titubeó en sacrificar en su momento para frenar los aumentos en el precio de la carne y transmitir la señal de que cualquier medida es posible, independientemente de su razonabilidad.

Cuando se habla de actitudes irracionales, no puede pasarse por alto el boicot dispuesto por el gremio de camioneros contra los supermercadistas de origen chino. Aquí un condenable episodio, de raíz estrictamente policial y judicial, derivó en otro insólito apriete corporativo ante la increíble pasividad oficial. Quizás el caso no debiera colmar la capacidad de asombro si se tiene en cuenta que hoy es funcionario quien tomó por asalto una comisaría; que pasó a ser un dato de la realidad que en el país se robe un camión con su carga completa cada seis horas o que se vendan mercaderías de dudoso origen en locales céntricos o en ferias del conurbano donde nunca llegan los funcionarios que prometen cortar de cuajo la evasión impositiva. Pero si se aplica la lógica del ministro del Interior, que aduce no difundir estadísticas sobre la disminución de la inseguridad pública para no ofender a las víctimas de esos delitos, tal vez sería mejor hablar menos de un país en serio y más de las políticas e instituciones para lograrlo.

Por Néstor O. Scibona

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