Un rumbo más preocupante que no tener plan económico

Todo parece poco -y de menor importancia- después del insólito asalto al Capitolio de Washington fogoneado por el presidente saliente Donald Trump, con su mancha imborrable para la democracia de los Estados Unidos. Pero la lección de este caso de liderazgo político tóxico también debería encender luces de alerta sobre varias movidas que vienen ocurriendo en la Argentina antes y después del arranque del año electoral.

"Van a sacrificar lo que queda de la economía para ganar una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires. Hay que admirarles la modestia de fines", tuiteó el politólogo Andrés Malamud hace dos semanas, luego del discurso de Cristina Kirchner en el estadio único de La Plata. Probablemente se haya quedado corto, si se considera la declarada intención de "ir por todo" que enarbolan los sectores más radicalizados del Frente de Todos y valerse del antiguo adagio de dividir para reinar.

Aquel mensaje de la vicepresidenta marcó un punto de inflexión para el Gobierno, ya que Alberto Fernández pasó a avalar explícitamente la ofensiva política contra la Corte Suprema de Justicia ("hay que meter mano", dijo) con la idea de crear un Tribunal Superior paralelo al estilo español y hasta defender a Amado Boudou, condenado con sentencia firme de la Corte tras 16 instancias judiciales, para quien el ex juez Eugenio Zaffaroni había reclamado un indulto presidencial. La diferencia es que el Presidente sugirió ahora una ley de amnistía del Congreso, que bien podría abarcar a CFK y a ex funcionarios procesados por delitos de corrupción. Los mismos por los cuales se escandalizaba años atrás, cuando había dejado la función pública mientras el kirchnerismo estatizaba piadosamente la eximprenta Ciccone. Si el oficialismo obtuviera mayoría propia en las dos cámaras –hoy controla el Senado-, para lo cual necesita imponerse en la decisiva provincia de Buenos Aires, podría avanzar más rápidamente con estas iniciativas de impunidad. También con otras, como la reedición de la Ley de Medios lanzada por Oscar Parrilli luego de que el Presidente pidiera que los periodistas críticos fueran al psiquiatra.

Para la economía las perspectivas no pintan mejor. Si hace seis meses, luego de la frustrada expropiación de Vicentin, había consenso en la ausencia simultánea de un plan o, al menos, de un rumbo económico, ahora esta segunda parte del razonamiento se modificó sustancialmente. La brújula del Gobierno pasó a apuntar hacia el pasado, con muchos de los anacrónicos usos y costumbres de la era K: endiosamiento verbal del Estado (presente o ausente); medidas sorpresivas; más intervencionismo; extensión del congelamiento de tarifas; cepo y controles cambiarios; restricción de importaciones (suntuarias y no tanto); suspensión de exportaciones; mayor presión tributaria sobre la economía formal y "capitalismo de amigos" con beneficios a medida. Todo acompañado por un relato oficial cada vez más populista, con errores groseros (el "precio del asado en Alemania") alejado de la realidad o justificado por el impacto de la pandemia.

Este giro, más algunos notorios casos de mala praxis, con marchas y contramarchas, crean un tembladeral económico en el que nadie puede saber dónde está parado. Inclusive cualquier rumor circulante suele ser tomado como válido, porque siempre encuentra alguna referencia en aquel pasado. Como el estilo de liderazgo tóxico de CFK –ahora por control remoto- invalida además la posibilidad de acuerdos con la oposición e impide plantear políticas de Estado, contamina la economía, provoca divisiones en el ambiente empresario y ahuyenta cualquier perspectiva de inversión genuina de riesgo. Sin embargo, también es un arma de doble filo para el frente opositor que, por ahora, se encuentra más cómodo en el rol de cuestionar medidas o pedir informes que en formular propuestas alternativas viables, salvo pocas y honrosas excepciones.

En estos días surgieron varias pruebas de esta realidad, alimentada por el deja vu de medidas que fracasaron y/o agravaron problemas estructurales de décadas.

La insólita anulación -el mismo día- del aumento de 7% en la cuota de febrero para la medicina prepaga dio pie a temores sobre la estatización del sistema de salud, ya que CFK había afirmado en La Plata que "repensarlo" era una prioridad. Aunque AF lo desmintió ante empresarios del sector y nadie sabe cuál es la idea de la vicepresidenta, la duda quedó flotando. Muchos la emparentaron con la expropiación de ahorros en las costosas AFJP, a través de la ley con sanción exprés en 2008 (pleno auge de las moratorias previsionales sin aportes), pese a que un año antes se había ofrecido a los aportantes la opción de mantener sus cuentas individuales o derivarlas voluntariamente al sistema estatal de reparto. Las "cajas" son siempre una tentación para los políticos. Como contracara, algunos especialistas recuerdan una disertación en 2011 del entonces presidente del Uruguay en Buenos Aires, donde el recientemente fallecido Tabaré Vázquez había explicado que llevó dos años y medio acordar con la oposición la reforma -en etapas sucesivas- del complejo Sistema Nacional Integrado de Salud, para que quedara como política de Estado.

Paralelamente, la compra del 52% de Edenor por el grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Villa y Mauricio Filiberti reedita una de las formas del "capitalismo de amigos" de la era K. La secuencia consistía en congelar tarifas, descapitalizar a las empresas y ofrecerles un comprador a precios bajos para que asuma y refinancie las deudas con apoyo y padrinazgo oficial (en este caso, Sergio Massa). Desde el punto de vista financiero esta operación tiene similitudes con la que Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía y accionista mayoritario de la distribuidora eléctrica) había concretado a fin de 2005, cuando lideraba el grupo Dolphin y le compró a Electricité de France la compañía que, sin cubrir sus costos, debía endeudarse para mantener la concesión del servicio. Su apuesta fue reestructurar esos pasivos, como lo hizo; pero ni él ni nadie pensaba entonces que el congelamiento de tarifas iba a durar más de 10 años y ser el disparador de la crisis energética que hizo trizas la economía cristinista. Ahora, con un panorama similar por delante, se concentrará en la producción de gas natural, otro negocio con subsidios pero más rentable tras la demorada puesta en marcha del Plan Gas. Tal vez en este rubro vuelva a contactarse con Manzano que -según se sabe y con Massa como padrino-, estaría interesado en la compra de Metrogas, donde ya tiene una participación minoritaria. La distribuidora, bajo control provisorio de YPF, también arrastra una cuantiosa deuda luego de dos años de congelamiento tarifario, mientras CFK pide limitar el ajuste a un dígito –al igual que en electricidad- hasta las elecciones de octubre.

Las diferencias ideológicas dentro del Gobierno –y sus errores de cálculo- llevaron a la intempestiva suspensión de las exportaciones de maíz hasta marzo, que gatillaron el paro de comercialización de granos por tres días, anunciado para el lunes por tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace y hasta anoche aguardaban el cumplimiento del compromiso oficial de revisar la medida, contraído ante el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA),

Para completar este cuadro de incertidumbre económica en el arranque del año electoral, también esperan definiciones las empresas líderes convocadas individualmente para duplicar - de 400 a 800- el número de productos de primeras marcas incluidos en el programa de Precios Cuidados, a cambio de un ajuste promedio de 6,5% hasta abril, ser exceptuadas de los minuciosos requisitos de la Ley de Góndolas y "deslistar" algunas categorías de los precios máximos, que aún se mantiene sin definición y probablemente quedará para una segunda etapa.

En este marco cortoplacista y con señales retro, la única a más largo plazo es la reciente designación de Fernando Morra como secretario de Política Económica. Como lo reveló esta columna en julio de 2019, este economista (discípulo en la UNLP, como Martín Guzmán, de Daniel Heymann, uno de los artífices del Plan Austral y autor de la tabla de "desagio" que en 1985 permitió desindexar tarifas y contratos, ajustados a una inflación de casi 30% mensual), es autor de la tesis de posgrado "Moderando inflaciones moderadas", donde sostiene que resulta más rápido bajar de una inflación muy alta (más de 100% anual), que desde un nivel de 30/40% anual. También que los programas de desinflación exitosos y sostenibles tardaron varios años para converger a un dígito anual, e incluyeron la persistencia en políticas fiscales y monetarias prudentes a mediano y largo plazo. Entre ellos menciona los casos de Colombia y Chile, que se extendieron más de una década y compartieron instrumentos similares, sin afectar la actividad económica, aunque con anclas cambiarias y la independencia por ley de los bancos centrales (ver LA NACION del 21/7/2019).

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