Un tribunal de Londres ordenó congelar activos argentinos por el caso de los bonos cupón PBI
Un tribunal británico dispuso una medida cautelar sobre cuentas vinculadas al país en medio de un litigio por más de US$1800 millones; crece la presión de acreedores para forzar un acuerdo
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LA NACION
La disputa judicial por el caso conocido como “bonos cupón PBI” sumó un nuevo capítulo en el Reino Unido. Un tribunal de Londres ordenó al Lloyds Bank congelar activos soberanos vinculados a la Argentina hasta la audiencia prevista para el próximo 21 de abril, en el marco del litigio por los títulos vinculados al crecimiento de la economía, que involucra un monto cercano a los US$1800 millones.
La medida fue revelada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior. Según explicó, la decisión responde a un pedido de los beneficiarios de un fallo firme que ya no admite nuevas apelaciones y que permanece impago desde 2023.
De acuerdo con esa interpretación, los acreedores habrían identificado activos vinculados a la Argentina en la entidad financiera británica y solicitaron una audiencia para avanzar en su eventual ejecución. El tribunal concedió ese pedido y fijó una instancia clave para el 21 de abril, donde se definirá si el banco debe transferir esos fondos.
“El fallo ya no puede ser apelado por ninguna corte en ninguna parte del mundo. Es una sentencia final por aproximadamente US$1800 millones”, señaló Maril. Y agregó que el proceso actual apunta a determinar si los activos detectados pueden ser utilizados para satisfacer esa deuda.
Por el momento, no se conoce el detalle ni el monto de los activos alcanzados por la medida cautelar. Ese punto será central en la audiencia, donde también se discutirá el alcance de la responsabilidad del banco en caso de que deba proceder con el pago a los demandantes.
El episodio se suma a un frente legal que ya venía escalando en Londres. Tal como publicó LA NACION, los acreedores de estos instrumentos —representados por el estudio Quinn Emanuel— impulsaron una nueva demanda por unos €1580 millones, que amplía el alcance del litigio a otros años además del caso ya resuelto por 2013.
Ese fallo original, que quedó firme tras atravesar todas las instancias judiciales del Reino Unido, estableció que la Argentina debía pagar unos €1330 millones, monto que asciende a alrededor de €1600 millones con intereses acumulados. A pesar de ese carácter definitivo, el país no avanzó hasta ahora con un esquema de pago ni presentó una propuesta de negociación, lo que abrió la puerta a estrategias más agresivas por parte de los acreedores, como la búsqueda de activos en el exterior.
En ese contexto, la decisión del tribunal londinense aparece como un paso adicional en la presión para forzar el cobro. Desde la cuenta en X de Argentina Exchange Bondholders —un grupo que reúne a instituciones acreedoras del país— plantearon que el Gobierno podría reforzar su credibilidad si avanzara en la resolución de estas obligaciones. “El equipo económico argentino les asegura con énfasis a los inversores que el país respeta el Estado de derecho. Podría convencerlos si saldara sus deudas”, señalaron.
La frase refleja una preocupación que aparece de manera recurrente en informes de bancos internacionales: más allá de la mejora en algunos indicadores macroeconómicos, la persistencia de litigios sin resolver sigue siendo un factor que condiciona el acceso al financiamiento externo. En ese sentido, distintos análisis coinciden en que una resolución —ya sea mediante un acuerdo o un pago— podría actuar como una señal positiva para el mercado, mientras que la prolongación de los conflictos judiciales tiende a mantener elevado el riesgo país y a complicar cualquier intento de volver a emitir deuda en el exterior.
El origen del juicio se remonta a los cambios en la metodología de cálculo del PBI implementados durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En 2014, el Indec actualizó el año base de las cuentas nacionales —de 1993 a 2004—, una modificación que tuvo impacto directo en la medición del crecimiento económico y, por lo tanto, en los pagos de estos instrumentos emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Los acreedores sostienen que ese cambio alteró las condiciones contractuales y redujo los niveles de actividad utilizados para gatillar los pagos.
Los bonos cupón PBI son instrumentos que otorgan pagos adicionales si se cumplen tres condiciones, entre ellas que el crecimiento económico supere un determinado umbral —en torno al 3,2% anual— y que el nivel del producto supere ciertos valores establecidos en la serie original. La disputa gira en torno a cuál es la metodología válida para medir esas variables. La Justicia británica concluyó que la Argentina debía utilizar un criterio lo más cercano posible al aplicado entre 2006 y 2012, lo que dio lugar al fallo por el pago correspondiente a 2013.
LA NACION
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