¿Y si no se hubiera aprobado el presupuesto 2026?

Que el Congreso Nacional haya convertido en ley el presupuesto nacional para 2026, con equilibrio fiscal y sin aumento de impuestos, llenó de alegría al oficialismo, trajo alivio a “los mercados” y calmó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo primero es público y notorio, el resto es una conjetura planteada por quienes dicen que hablan con “los mercados” o con el Fondo.

¿Cuál es la importancia de la referida aprobación? Contesto con otra pregunta, formulada por la negativa: ¿De qué y cómo estaríamos hablando si el presupuesto no hubiera sido aprobado?

Felicitaciones a todos aquellos que lo hicieron posible. Fundamentalmente porque cuando se consigue un objetivo pocos se acuerdan de todos aquellos que contribuyeron al éxito o, como tantas veces ocurre, evitaron el fracaso; mientras que cuando algo falla aparecen los eternos fiscales severísimos de la República.

Pasemos a la sustancia. El presupuesto es un documento elaborado a precios corrientes y por consiguiente tiene implícita una tasa de inflación. No conozco a nadie dispuesto en 2026 a aceptar entregar una mercadería o prestar un servicio aumentando 10,1% lo que recibió en 2025. ¿Qué ocurrirá si la tasa de inflación supera a la prevista en el presupuesto?

Que la recaudación, particularmente la ligada a la actividad económica, también aumentará más de lo previsto. ¿Qué hará el Poder Ejecutivo Nacional ante esta circunstancia? Algunas partidas del gasto público, más allá de lo que dice la letra del presupuesto aprobado, se ajustarán más o menos automáticamente con la tasa de inflación. Me refiero a salarios públicos, jubilaciones y pensiones.

Sobre el resto, el Ejecutivo ejercerá un poder discrecional, en particular en su relación con las provincias. Dije discrecional, no arbitrario. Lo cual implica que la aprobación del presupuesto nacional no termina con las negociaciones entre las distintas jurisdicciones del Estado, pero las encauza. El equilibrio fiscal es compatible con muchas cosas, pero no con cualquier cosa.

El próximo paso es la reforma laboral, que será tratada por el Congreso en febrero de 2026. En función de los testimonios que escucho, le asigno más importancia a los cambios en el Poder Judicial que a las modificaciones en la legislación misma. A menos que ésta condicione a aquel. Lo cual, hasta ahora y para sorpresa de quienes no somos abogados, ocurre mucho menos de lo deseado.

Por Juan Carlos de Pablo

• Comunidad de Negocios

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