¿Y si nos quedamos otra vez sin seguro de riesgos del trabajo?
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El aumento en las alícuotas del seguro de riesgos del trabajo es motivo de justificada preocupación. Encarecer los costos laborales es exactamente lo contrario a lo que se necesita para ganar competitividad y reactivar el empleo de calidad. Esto define la alta relevancia de entender las causas del problema para abordar soluciones.
Las evidencias muestran que, mientras la siniestralidad laboral baja, la litigiosidad aumenta. Por lo tanto, las causas del problema no hay que buscarlas en alguna falla del sistema de riesgos del trabajo, sino en deficiencias en los procedimientos que aplica la Justicia.
Cuando se presenta una controversia entre el trabajador y la ART de su empleador, el primer ámbito de resolución son las comisiones médicas, que dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el organismo oficial que regula el sector. De subsistir las diferencias, se dirimen en las justicias laborales provinciales. El problema es que en esa instancia se hace una nueva evaluación a cargo de los peritos médicos de la Justicia, y en ellas, en general, hay un apartamiento de las reglas establecidas en la normativa nacional. La evaluación del daño pasa a depender de los criterios subjetivos que aplique cada perito seleccionado por la Justicia. En la medida en que la expectativa es que en sede judicial se conseguirá una mayor indemnización para el trabajador y honorarios para su abogado, los incentivos a litigar son irresistibles.
Ante el aumento en la judicialidad, la reacción de las ART es ajustar el valor de las primas. Pero subir alícuotas es un paliativo, no una solución. El problema de fondo es que, si para evaluar los daños se aplican criterios propios y no las reglas del sistema, el riesgo es inasegurable. El seguro no funciona bajo estas condiciones. No hay tarifa que alcance para cubrir los siniestros. El resultado es la acumulación de pasivos en los estados contables de las ART, al punto que, de no mediar rápidas medidas correctivas, el final de este proceso es una crisis de solvencia. En esa instancia se hará evidente que para los empleadores hay algo peor que aumentos de alícuotas: quedarse sin seguro.
La Argentina ya pasó por este tipo de experiencia traumática. Durante años, al desborde de litigiosidad lo financió el Estado a través de los quebrantos de la reaseguradora pública, el Inder. Cuando, en los ‘90, el Inder fue liquidado, las compañías de seguros dejaron de cubrir riesgos, los empleadores quedaron expuestos y el costo de esa orfandad se pagó con una enorme cantidad de empleos perdidos e incluso empresas que no sobrevivieron. La ley sobre riesgos del trabajo y el surgimiento de las ART llegaron como respuesta ordenadora a ese caos. Sería un grave error repetir la historia.
¿Cómo desactivar la bomba?
La buena noticia es que no se necesitan nuevas leyes. Las herramientas para corregir el rumbo están en la Ley 27.348, sancionada en 2017 y que tuvo leyes de adhesión en la mayoría de las provincias. Uno de los puntos medulares de esta ley es la disposición que establece la creación de cuerpos médico-forenses en los tribunales laborales provinciales. El objetivo subyacente es que en la instancia judicial no se haga una nueva evaluación del trabajador bajo criterios subjetivos, sino que se revise que en el dictamen de la comisión médica se aplicaron correctamente los criterios que fija la normativa vigente. Bajo este procedimiento, y con médicos cuidadosamente seleccionados y adecuadamente remunerados y capacitados, se darán las garantías para que los dictámenes se ajusten con objetividad a las reglas que regulan el sistema.
Por lo tanto, terminar de implementar la Ley 27.348 es prioritario para combatir la litigiosidad espuria y volver a hacer asegurables los riesgos del trabajo. Las ventajas son enormes, ya que implica proteger un sistema que prioriza la prevención y cubre con agilidad a los trabajadores que sufren un siniestro laboral. Para los empleadores, darles la tranquilidad que con un costo predecible y razonable tienen la posibilidad de delegar en la ART la asistencia y reparación de sus trabajadores ante una accidente laboral o enfermedad profesional. Tener un seguro de riesgos del trabajo es muy importante para cualquier empresa, pero es imprescindible para las Pymes.
Tratar de cubrir con aumentos de tarifa el impacto de la escalada de juicios es como el perro tratando de morderse la cola. No hay aumento de tarifa que alcance. No detener la litigiosidad lleva a la crisis del seguro y, en esa instancia, serán los empleadores los que tendrán que afrontar los juicios.
Contenidos para la reforma laboral
Nuevamente la reforma laboral está en agenda. Uno de sus objetivos es eliminar la litigiosidad laboral espuria. Para lograrlo no hay que sancionar una nueva ley sino terminar de implementar de la Ley 27.348. Esto no se dirime en el Congreso de la Nación sino poniendo el tema como prioridad en el diálogo de las provincias con la Nación.
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