Se podría escribir la crónica del veto menos pensado. A media tarde, cuando la ley de emergencia se publicó en el Boletín Oficial, efectivamente apareció estampado un veto parcial. Pero el punto fue que el artículo que no entrará en vigor nada tiene que ver con lo que el presidente Alberto Fernández había dicho horas antes.
"[El diputado] Carlos Heller incluyó a empresas beneficiadas dentro de la moratoria. Son empresas más grandes de las que habíamos previsto: son empresas medianas", dijo el jefe del Estado por la mañana.
Desde entonces, se especuló con que habría alguna diferenciación entre los beneficiados por los planes de pago de la moratoria impositiva que quedó incluida en el proyecto de ley que se publicó ayer.
Pero, con la publicación, los dichos presidenciales no se confirmaron. "Posiblemente, la reglamentación contenga algunas precisiones como para saber cuáles son las empresas alcanzadas. No es necesario un veto para algo que se puede reglamentar", señaló una fuente oficial.
"El Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la moratoria de las pequeñas y medianas empresas, excluyendo a las de mayor envergadura, por lo que no era necesario que fuera estipulado vía ley. Para poder acogerse a esta moratoria, la Secretaría Pyme otorga el certificado necesario para poder ser incluida", decían ayer en la Casa Rosada.
Finalmente, hubo un solo veto en la ley de solidaridad y reactivación productiva. La norma quedó en vigor excepto en lo que tiene que ver con un párrafo del artículo 52. En ese texto se reglamenta el límite máximo de las retenciones a los hidrocarburos, que la nueva norma fija en 8 por ciento.
En el texto que sancionó el Congreso, las empresas productoras debían pagarles regalías a las provincias por el monto total del valor de crudo, es decir, precio total sin contar las retenciones.
Pero, en realidad, la ley de hidrocarburos establece que las regalías se pagan sobre la base del monto neto que perciben los productores; es decir, luego de descontar el valor que retiene el Estado por derechos de exportación.
Cuando el proyecto ingresó en la mesa de entradas del Congreso, se agregó en el artículo 52 del capítulo V que "en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras". Era, al fin y al cabo, una expectativa de las provincias de recaudar algo más por la extracción en sus territorios.
Pero la burbuja federal se pinchó rápido. "Se eliminó la doble imposición a las empresas, ya que podía acarrear un conflicto judicial y podía hacer que las empresas trasladaran ese sobrecosto a las refinerías. Esto hubiera generado una presión mayor sobre el precio del combustible en surtidor", explicaron en el Gobierno.
Con la ley promulgada, los hidrocarburos deberán pagar un 8% de retenciones. Si bien la Argentina todavía no exporta grandes volúmenes de petróleo y gas, la doble imposición hubiera quitado incentivos a la producción.
"La expectativa del Gobierno es tener un saldo exportable, y esta ley iba a ir en contra de ese objetivo, porque le ponía un cargo adicional. Además, iba en contra de la propia ley de hidrocarburos", indicaron en una petrolera.
En el Gobierno, fuentes oficiales contaron que la redacción que se elevó al Senado de la Cámara de Diputados, pagar regalías sobre el valor de boca de pozo sin el descuento de los derechos de exportación, podría llevar a un traslado al valor del precio de la nafta en surtidor.
La idea de agregar ese apartado fue del diputado de Tierra del Fuego Federico Frigerio. "Como fueguino es muy importante velar por la no afectación de la recaudación de regalías de mi provincia y de todas las provincias hidrocarburíferas, es por esto que quiero proponer incorporar la modificación que garantice que en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras".
La propuesta de Frigerio fue aprobada unánimemente por el Frente de Todos, según dijeron en su entorno el viernes pasado, luego de aprobarse la media sanción en Diputados.
Los productores pagan entre 12 y 15% de regalías a las provincias. El porcentaje depende del tipo de producción. Si es convencional paga más que la no convencional, como en Vaca Muerta.
