YPF: las provincias no serán dueñas
En contra de lo que dice la ley de expropiación, no tendrán acciones, sino sólo puestos en el directorio
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Está escrito en la ley. Y hubo varias promesas públicas. Sin embargo, las provincias productoras de petróleo no tendrán participación accionaria en la YPF estatal. A cambio, deberán conformarse con un tercio de los asientos en el directorio de la compañía. La diferencia no es menor. Ser accionista es ser dueño, tener un activo y, claro está, participar de las ganancias y de las pérdidas. Contar con cargos en el órgano de gestión de una sociedad no es nada más que participar de las decisiones de la empresa.
Cuando hoy, a las 11, se inicie la asamblea general de accionistas de YPF, los representantes del Gobierno se apartarán de lo que hace pocas semanas legisló el Congreso cuando aprobó la ley 29.741, herramienta que se utilizó para expropiar YPF. Aquella ley que el Poder Legislativo aprobó el 3 de mayo establece que las provincias serán dueñas del 49% de la porción que el Estado le quitó a la española Repsol. Pero nunca se avanzó en cumplir con este requisito, que sirvió, en muchos casos, de incentivo para que algunos legisladores inclinaran su voto favorable a la iniciativa.
Todo se establece en el artículo 8. "Las acciones sujetas a expropiación de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF Gas [las dos sociedades expropiadas], en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y uno por ciento (51%) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos".
Nada de lo establecido allí se cumplirá hoy. Los gobernadores de Neuquén, Mario Sapag, y de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron los encargados de confirmar la noticia. "La Presidenta nos pidió a los gobernadores que eligiéramos como representantes a personas que conozcan muy bien el tema petrolero y de gas, que sean profesionales o conocedores idóneos en la materia", dijo Sapag. "Ya hemos determinado quién será nuestro director, que obviamente lo vamos a dar a conocer en la asamblea", dijo Peralta. Según el esquema que se negoció, los estados provinciales miembros de la Ofephi (Formosa, Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) tendrán cinco de 17 miembros del directorio.
Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz tendrán un asiento permanente, mientras que el restante será rotativo entre las demás provincias. En el primer turno estará el representante de Río Negro.
Más allá de esta anomalía, la sede corporativa de Puerto Madero, donde se desarrollará la asamblea, será seguramente una caja de resonancia de la postura de Repsol frente al accionar del Gobierno desde que tomó la empresa.
Estos reclamos se basan en que el gobierno argentino no expropió sino que confiscó. Para sostener esta teoría es necesario desconocer la legalidad del proceso de intervención y de expropiación. Por lo tanto, es posible que los argumentos que sostengan sus abogados se basen en el desconocimiento de la conformación del directorio y, en consecuencia, la impugnación de todos sus actos.
Otra de las cuestiones que seguramente se pondrán sobre la mesa hoy es la intervención de hecho que decidió la presidenta Cristina Kirchner cuando anunció la confiscación de la empresa. No hay herramientas en la ley de sociedades para intervenir de esta manera a las personas jurídicas. Sin embargo, el Gobierno avanzó y tomó el control de YPF.
La asamblea será presidida por el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, ya que la ley 26.741 pone a cargo del organismo de control del mercado de capitales la convocatoria y conducción de la primera reunión ordinaria de la petrolera en esta etapa. Además de las nuevas autoridades del directorio, se elegirá la comisión fiscalizadora.
Desde que se conoció el articulado de la ley se instalaron las dudas respecto de cómo se cumpliría el requisito de la suscripción de las acciones por las provincias. Para que eso suceda, los estados deberían integrar el capital. Dicho de otro modo, pagar el precio por el bien que compran. Ninguna de las provincias está en condiciones de semejante desembolso. Además, se debería establecer un sistema de reparto de acciones que guarde relación con la cantidad de petróleo que cada uno de los distritos produzca. Y si mañana cambia por el descubrimiento de algún yacimiento, ¿cambiará la distribución de acciones? Éstas son algunas de las preguntas que se hacían muchos abogados no bien conocieron la ley.
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