Nuevo round en el juicio por YPF. Queda abierta una puerta para la defensa argentina

NUEVA YORK.- Nuevo round en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La pandemia del coronavirus obligó a un cambio en la locación: sin gritos cara a cara como en la última edición, los representantes de la petrolera y el Estado argentino se cruzaron en una comunicación telefónica con el bufete Burford Capital frente a la jueza Loretta Preska. Tras casi una hora de intercambios, la magistrada dejó abierta una puerta para la defensa argentina y anunció que definirá su estrategia en los próximos días.

La cita oficial llegó dos semanas después de que ambas partes solicitaran realizar un proceso de discovery: un recurso legal de investigación que supone la recopilación de medidas probatorias como herramientas clave para comprobar la solidez de las respectivas posiciones.

Si bien ambas partes pidieron el mismo proceso, los discovery son diferentes. Mientras que la defensa argentina aspira a que el proceso judicial se concentre en un expert discovery, es decir, en el análisis de expertos sobre leyes que rigen sobre el estatuto de YPF, Burford Capital pide un fact discovery: investigar los daños económicos que le trajo a las empresas del Grupo Petersen la maniobra de expropiación. En esta oportunidad, la magistrada escuchó las opiniones de las partes para definir con qué estrategia continuar.

No hubo flores blancas sobre el estrado ni abogados enfundados en lujosos trajes. Tampoco se escuchó el "todos de pie" cuando la jueza Preska se hizo presente. Música de espera y la voz de una máquina que anunciaba el inminente comienzo de la conferencia fueron parte de la ecuación en la audiencia de hoy. "Buenos días a todos", dijo la magistrada, y dio inicio a una hora de intensos cruces y chicanas.

Minutos antes de las 10 en Nueva York , casi treinta teléfonos estaban conectados a la audiencia telefónica. Los litigantes llegaron con un objetivo claro: conseguir una investigación exhaustiva para saber cuáles fueron los daños económicos que sufrieron las empresas del Grupo Petersen al momento de la estatización de YPF. En oposición a la estrategia legal del último año, los representantes de Burford Capital ya no aspiran a cobrar de inmediato el pago pretendido en un inicio. Ahora, en lugar de apuntar a los US$3000 millones del resarcimiento inicial, solicitan una investigación que los conduzca a un monto ajustado a variables que podrían llevar el pago a una cifra cuatro veces más grande.

Por su parte, la estrategia de la defensa argentina -después de sufrir un cuarto revés que confirmó el avance del juicio en tribunales neoyorquinos-, busca iniciar una investigación vinculada a los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF.

Mark Hansen, letrado del estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, que representa a Burford Capital, arremetió con dureza contra los letrados argentinos y condenó que el juicio haya alcanzado cinco años de extensión. "La Argentina está jugando al 'Día de la Marmota'", dijo ofuscado.

La defensa de la República Argentina solicitó a Hansen que dejara de ignorar la realidad, pidió que cortara el uso de hipérboles y pidió que aceptara que el país no se niega a avanzar. Según los letrados que representan al país y a YPF, la propuesta de los demandantes simplemente no es factible en tiempos de pandemia.

Ni una, ni dos, ni tres. Cuatro veces pidió Hansen que la Corte "pusiera una correa corta sobre las partes" para presentar a tiempo la evidencia. Cansada del uso recurrente de esas palabras, Preska pidió al letrado que parara ya con esa analogía.

La pandemia del coronavirus y los límites que presenta fue parte de la estrategia de la defensa argentina para refutar el planteo de los litigantes. "No podemos siquiera mandar abogados a la Argentina porque las fronteras están cerradas; además, todo los archivos previos a 2016 no son de acceso digital", explicó la defensa argentina.

"No culpemos a la pandemia de Covid-19 por la imposibilidad de hacer discovery", dijo Hansen, y añadió: "La Argentina siempre busca demorar todos los juicios que enfrenta en esta Corte". Los dichos del abogado provocaron que Preska dijera: "Hay argumentos que ha dado la Argentina que yo todavía no he analizado ni dado mi opinión".

Al grano y sin vueltas, después de casi una hora en conferencia telefónica, Preska anunció que pasaría a tener una charla privada con las partes, y concluyó: "Esperen mi orden para los próximos días".

LA NACION consultó al analista en finanzas y director de Fin.Guru Sebasitán Maril para profundizar en lo que significó la audiencia de hoy. "La Argentina quiere un expert discovery: hablar con expertos sobre la aplicabilidad de la ley argentina sobre este caso. Si es así y la jueza Preska lo acepta, está claro que la ley argentina dice que esta disputa se debe resolver en los tres meses posteriores de la expropiación, no ahora", dijo.

Al referirse a la postura de Burford, Maril explicó: "Buford Capital quiere un fact discovery: encontrar todo aquello relacionado con este caso para calcular los daños económicos". Además, según señaló el especialista, la estrategia de la firma inglesa es solicitar un juicio sumario para marzo y acelerar los pagos que correspondan.

Este medio intentó comunicarse con Burford Capital, pero desde la firma rechazaron hacer comentarios al respecto.

Ocho años atrás, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Estado tomó el control de YPF después de que el Congreso aprobara la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, en ese entonces accionista mayoritario de la petrolera.

En total, se pagaron US$5371 millones; los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para venderle el resto de las acciones al Estado, a las vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. En este contexto es que Petersen argumenta que esto provocó la caída del valor de sus acciones, por lo que inició el reclamo de aproximadamente US$3000 millones.

En 2015, Burford -el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF. Para marzo de 2016, Burford Capital presentó la demanda ante la justicia norteamericana, donde desde entonces avanza.

Los representantes legales de la Argentina -de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, y de la representación local en Estados Unidos, a cargo de los estudios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y Sullivan & Cromwell- intentaron trasladar el conflicto judicial a los tribunales porteños en múltiples oportunidades. En cuatro instancias distintas, las autoridades legales de Estados Unidos rechazaron los pedidos.

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