Gritos, tensión y una orden de negociar en la primera audiencia por el juicio de YPF

Terminó la primera audiencia del juicio multimillonario por la estatización de YPF
Terminó la primera audiencia del juicio multimillonario por la estatización de YPF Crédito: Shutterstock
Domitila Dellacha
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11 de julio de 2019  • 15:24

NUEVA YORK.- Después de un duro revés para la Argentina, la primera audiencia del juicio multimillonario por la estatización de YPF contra el país comenzó en Nueva York. Los abogados de la Argentina y el megabufete Burford Capital se cruzaron frente a la jueza Loretta Preska en una tensa cita oficial que culminó con una sugerencia de la magistrada: que ambas partes negocien un acuerdo.

Los litigantes llegaron a la audiencia con un objetivo claro: solicitar que el problema se resuelva de forma expeditiva, establecer cuáles fueron los daños que llevaron a la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía y fijar los montos que la Argentina debería pagar por ello. Y no lo obtuvieron: Preska dejó muy en claro que todavía hay materias a ser discutidas.

Por otro lado, tras presentar una denuncia por fraude en la venta accionaria de YPF, los representantes legales de la Argentina -de la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, y de la representación local en Estados Unidos, a cargo del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom- fueron en busca del juicio para ir al fondo del conflicto y, frente a nuevas pruebas, intentar otra vez que el juicio vaya a la Argentina.

"Estos reclamos pueden ser solo juzgados en la Argentina por una cuestión de jurisprudencia, establecida en leyes argentinas", sostuvo Maura Grinalds (Skadden), una de las abogadas estadounidenses de la Argentina. En este sentido, también remarcó que la inversión original que permitió la compra de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora deviene de negociaciones corruptas (la familia local Eskenazi, a través de ambas empresas, ingresó en 2008 al capital de la petrolera de forma polémica).

Frente a la denuncia, Preska consultó de qué manera eso podía influenciar el reclamo representado por Burford Capital. "No lo entiendo, asumamos que es cierto", expresó la magistrada, y continuó: "¿Por qué esto invalidaría la compraventa de acciones y el reclamo?".

Grinalds, la representante legal de la Argentina -a quien Preska solicitó repetidamente que se calmara por su estado de exaltación- explicó que en el país si unas acciones parten de un negocio corrupto es ilegal beneficiarse de ellas.

Visiblemente alterado por los dichos, Mark Hansen, el abogado de Burford Capital, declaró que las acciones son de libre transacción y que no hay problema con ello. Además, ofuscado, explicó que su firma no suele estar más de cuatro años litigando.

De forma reiterativa, los abogados por la Argentina expresaron que esto debe ser trasladado a la justicia argentina. "¡Error!", gritaba el abogado de los demandantes en respuesta, y decía: "Este caso no aplica". Preska preguntó por qué no, y el letrado dijo que tenían la información en español y seguían trabajando con especialistas. La jueza se quedó mirando incrédula a quien había esgrimido el argumento.

Después de unos 40 minutos de un ida y vuelta fuerte, la magistrada -que se mostró dura frente a ambas partes- sugirió que los abogados se reúnan para evaluar la posibilidad de un acuerdo.

En el cuarto de los jurados, allí estuvieron varios minutos. El acuerdo no llegó. La próxima semana se definirá un cronograma y las partes deberán expresar sus argumentos frente a Preska para delinear cómo continuar.

"Fue duro, pero positivo. Se rechazó el juicio sumario y la jueza dejó en claro que había cosas que discutir", dijo una fuente de la defensa argentina a LA NACION. Además, al ser consultada por la posibilidad de un acuerdo, lo descartó, y explicó: "Esto tiene un trasfondo político, no es un caso que se resuelva meramente de manera comercial".

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de los representantes argentinos de trasladar el juicio al país, a pesar de las estrategias de la defensa durante la etapa prejudicial. En contraposición, los abogados argentinos presentaron nuevos argumentos legales ante la jueza en busca de resolver la disputa en la Argentina.

Pese al golpe, fuentes cercanas a la defensa argentina indicaron a LA NACION que su estrategia no falló: "Vamos a fondo. Esto fue lo que esperábamos".

¿Por qué se busca llevar el juicio a la Argentina? La estrategia de la defensa nacional es que, de esa manera, el megabufete Burford desista de litigar: tendrían pocas chances de imponerse. Además, para iniciar un juicio deberían pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria.

En ese sentido, entre los motivos por los cuales se cree que sería imposible llevar adelante el juicio en Estados Unidos, está el problema de los testigos: la mayoría reside en el país, por lo que sería prácticamente imposible el traslado de cada uno de ellos a un juicio en Nueva York .

El megabufete Burford, por su parte, sostiene que, al momento de la estatización de YPF, el gobierno de la ahora senadora Cristina Kirchner violó los estatutos de la compañía, sobre los cuales debía hacerse una oferta al resto de los accionistas de la empresa petrolera.

El gobierno de Mauricio Macri intentó desestimar la demanda amparado en el argumento de que la expropiación de la compañía petrolera fue un acto soberano amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera.

Pese a ello, la sucesora de Thomas Griesa, la jueza Loretta Preska y la Corte de Apelaciones de Nueva York coincidieron con la firma demandante al evaluar que la demanda estaba basada en la violación de estatutos de YPF, y no en los actos soberanos de intervención y expropiación de la Argentina.

El origen de la disputa

Burford -el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.

En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso tomó control de YPF tras aprobar la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, quien en ese entonces era accionista mayoritaria. En total, se pagó US$5371 millones; los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para venderle el resto de las acciones al Estado, a las vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. En este contexto es que Petersen argumenta que esto provocó la caída del valor de sus acciones, por lo que inició el reclamo de aproximadamente 3000 millones de dólares.

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