Disputa entre magistrados: que no se imponga la impunidad
La pugna sobre la competencia en una causa judicial derivada de los escándalos de la AFA plantea sospechas sobre la imparcialidad de algunos jueces
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La Cámara Federal de San Martín deberá decidir quién es el juez competente para continuar con la investigación sobre presunto lavado de dinero en la adquisición de una fastuosa mansión de Pilar y de una colección de más de 50 automóviles de lujo, en la que hay fundadas sospechas de que podrían pertenecer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, aunque se hallan a nombre de una sociedad integrada por dos personas que carecerían de una mínima capacidad económica para acceder a semejantes bienes.
El caso judicial abrió una llamativa disputa entre el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, hoy a cargo de la causa, y el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien reclamó el expediente y de quien se sospecha que podría ser garantía de impunidad para quienes están siendo investigados y para otros responsables cuyos nombres aún no han salido a la luz .
Tras una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, el caso quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, pero la Cámara Federal dispuso que las actuaciones pasasen al fuero penal económico, por lo que quedaron a cargo de Aguinsky. Sin embargo, días atrás, cuando los supuestos dueños del inmueble en cuestión, Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, debían prestar declaración, pidieron que el caso pasase al juzgado federal de Campana. Esgrimieron que la casa está en Pilar y que su compra solo puede ser investigada por la Justicia Federal de esa jurisdicción. Tal criterio fue compartido por el juez González Charvay, pero fue rechazado por el juez Aguinsky, para quien no solo se investiga la adquisición de una casa, sino también con qué fondos se compró y que eso excede la jurisdicción de Campana.
Por la mansión, Pantano y Conte habrían pagado alrededor de 1.800.000 dólares, aunque el inmueble fue tasado en más de 17 millones de dólares. La hipótesis de que, en rigor, se trata de una propiedad de Toviggino escriturada a nombre de testaferros es avalada, entre otras cosas, por la aparición en su interior de un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Asimismo, las cédulas azules de los autos de lujo estaban a nombre de familiares de Toviggino.
Otra de las medidas de prueba ordenadas por Aguinsky determinó que los Telepase de los autos eran abonados con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, a nombre de Pantano.
La pelea por los expedientes suele estar emparentada con la corrupción judicial. No necesariamente ni siempre es por dinero, sino que puede obedecer a cuestiones ideológicas, a las que puede asociarse el proceso de colonización que en buena parte de la Justicia llevó a cabo el kirchnerismo.
Los códigos de procedimientos, tanto nacionales como provinciales, dedican un capítulo a lo que se denomina cuestiones de competencia. Abordan allí la posible superposición de competencia entre dos jueces con idéntica capacidad procesal para entender en un mismo hecho, al tiempo que fijan las normas por seguir para asignar una causa judicial a uno o a otro magistrado. Esa posible yustaposición de competencia ocurre cuando el hecho por juzgar se produjo en el sitio y en el momento en que dos o más jueces con la misma competencia en razón de la materia y el lugar se encuentran de turno.
La preocupación por el accionar judicial es tan antiguo como la humanidad: Séneca, allá por el año 67 d. C., se quejaba de la justicia tardía; Santo Tomás de Aquino sostenía que la justicia sin misericordia era pura crueldad; el jurista italiano Francesco Carrara señalaba que cuando la política traspone la puerta de los tribunales, la justicia se escapa por la ventana, y su par uruguayo Eduardo Couture afirmaba que cuando los jueces tienen miedo, los ciudadanos no podemos dormir tranquilos.
Así como la politización de la Justicia conspira contra la división de poderes, la voracidad que evidencian ciertos magistrados por quedarse con determinados expedientes forma parte de lo mismo que han descripto los mencionados filósofos del derecho. Se trata de actitudes que, por lo general, tienden a tornar más lenta la administración de justicia y son pasibles de generar crueldad, además de temor en los ciudadanos.
Es de esperar que triunfe la independencia y la imparcialidad de los jueces y que estos actúen movidos exclusivamente por la necesidad de cumplir con la ley y no impulsados por ruines propósitos.
Tipo de trabajo:
opinión
