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Reelecciones indefinidas: otro grave retroceso institucional
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LA NACION
Resulta lamentable el aval del Presidente para que se modifique la ley que impide a los intendentes bonaerenses perpetuarse en el poder
Con el aval presidencial, un importante grupo de intendentes bonaerenses comenzó una carrera contrarreloj para garantizarse la posibilidad de ser reelegidos por un nuevo mandato consecutivo al frente de las comunas que hoy gobiernan. Algunos de ellos vienen ejerciendo el cargo desde hace más de 20 años y no se muestran dispuestos a acatar la ley bonaerense que, en 2016, estableció sabiamente un límite a las reelecciones indefinidas de los alcaldes, acotándolas solo a dos períodos seguidos.
Si bien hace ya un tiempo que varios de esos jefes comunales iniciaron un coordinado operativo político tendiente a cambiar la ley o, en su defecto, a recurrir a la Justicia para que no se les considere el actual período como el primero de los dos habilitados, fue a partir de recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández que decidieron reforzar su embestida. "Cuando un intendente es elegido dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular", sostuvo equivocadamente el jefe del Estado abriendo una vía peligrosa: por un lado, alentar a que no se respete la ley y, por otro, renegar de la importancia de la sana alternancia en el poder.
Los viejos caudillos peronistas son conscientes de que no les será fácil. Frente a esta puja, quienes más se regocijan son los dirigentes de La Cámpora, quienes estiman que saldrán ganando, ya sea que se modifique la ley como que no. Si se deroga, podrán poner a su gente a competir por las intendencias. Si se mantiene tal cual está, el objetivo principal será conseguir la mayor cantidad de concejales de modo de poder controlar a los intendentes desde el Poder Legislativo.
La letra de la norma sancionada hace cuatro años a instancias de Cambiemos y del Frente Renovador es clara: tanto diputados y senadores, como intendentes, concejales y consejeros escolares bonaerenses duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos en forma consecutiva solo por un nuevo período de igual duración, debiendo dejar pasar un intervalo antes de volver a competir electoralmente por el mismo cargo. Pero, además, la ley determinó taxativamente que los mandatos en curso al momento de la sanción se computan como el primero de esos dos períodos. Varios de los intendentes reelegidos en 2019 son los que ahora reclaman que les sea considerado el actual mandato como el primero de dos.
Entre los jefes comunales "a repetición" se encuentra Alejandro Granados (Frente de Todos), intendente de Ezeiza, quien va por su séptimo mandato consecutivo. También transita su séptima gestión Alberto Descalzo (Frente de Todos), en Ituzaingó. En San Isidro, Gustavo Posse (Cambiemos) gestiona actualmente su sexto mandato consecutivo. Mario Ishii (Frente de Todos) ejerce su quinta gestión en José C. Paz, con un intervalo entre 2011 y 2015, cuando retornó a la intendencia. Mario Secco (Frente de Todos) lleva cinco períodos consecutivos en el Poder Ejecutivo de Ensenada. Y Ricardo Curutchet (Frente de Todos) gobierna en las mismas condiciones en Marcos Paz. Pero no son los únicos. También en el interior provincial se registran muchos casos parecidos.
En la Legislatura, no pocas voces desestiman que puedan introducirse cambios en la citada ley, básicamente por el grave contexto de pandemia y frente a las reales urgencias socio-económicas por las que atraviesa el distrito y que merecen atención prioritaria. Sin embargo, admiten que las presiones de los intendentes van in crescendo a medida que pasan los meses.
Si la estrategia de los jefes comunales, como muchos de ellos apuestan, es apelar a una interpretación judicial de la ley, de llegar sus reclamos a la Corte cabe recordar lo que el más alto tribunal del país determinó ante un pedido de Gerardo Zamora, en 2013 –entonces gobernador de Santiago del Estero, quien pretendía buscar su re-reelección.
Zamora había asumido por primera vez en 2005 y ese mismo año llamó a una reforma constitucional que estableció que el gobernador y el vicegobernador cuentan con la posibilidad de un mandato y una sola reelección consecutiva. Y se incluyó una cláusula aclaratoria en el sentido de que el mandato que Zamora cursaba para esa fecha debía computarse como el primero. Sin embargo, en 2013, reclamó ante la Justicia que se le permitiera competir por un nuevo período. Es decir que desconoció la ley que él mismo había impulsado. La Justicia local –siempre tan afín a la familia Zamora– lo habilitó, pero cuando el caso llegó a la Corte, la respuesta fue un no rotundo. Como suele pasar en el feudo santiagueño, la cuestión se resolvió mediante un descarado ejercicio de nepotismo: la candidata –finalmente ganadora de la elección– fue la esposa del gobernador, Claudia Ledesma, cuyo mandato concluyó en 2017, año en que Zamora volvió a gobernar el distrito.
Insistir en perpetuarse al mando de sus territorios sigue siendo para muchos gobernantes un imperativo insoslayable, lo que lamentablemente confirma el nulo valor democrático que la alternancia tiene para ellos.
Por otro lado, resulta una excusa absurda plantear que, si los ciudadanos los reeligen, no hay razones para que los gobernantes no se vuelvan a presentar. Casos como el cacicazgo de Gildo Insfrán en Formosa, donde buena parte de la población está atada a empleos estatales, expone de manera dramática la dependencia que los sistemas feudales logran imponer sobre muchos electores, temerosos de quedar en la calle. Esa misma razón es la que les dificulta confiar en otras alternativas políticas que intenten sacarlos del sometimiento extremo y de las pésimas condiciones de vida que, año tras año, se profundizan.
Posar la mirada en los tan renovados como condenables reclamos de los intendentes bonaerenses resulta útil para identificar y tratar de evitar estas situaciones reñidas con las buenas prácticas republicanas, protagonizadas por quienes, supuestamente en salvaguarda de los intereses de los gobernados, buscan desesperadamente un atajo para satisfacer sus deseos de eternizarse en los cargos, gestionando distritos a su antojo y dañando severamente la institucionalidad.
