Brasil: Moro presentó un paquete de propuestas para combatir la corrupción, el crimen y la violencia

Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil
Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil Fuente: AP
Alberto Armendáriz
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4 de febrero de 2019  • 17:02

RIO DE JANEIRO.- Como parte de las promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro de reducir la corrupción y la inseguridad en Brasil, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, presentó esta tarde un amplio paquete de propuestas legislativas que incluyen el encarcelamiento más rápido de corruptos, la punición efectiva del financiamiento no declarado de campañas electorales, el endurecimiento de penas para crímenes con armas de fuego o cometidos por miembros de organizaciones delictivas, y la creación de un banco genético con ADN de condenados por crímenes dolosos, así como la flexibilización del concepto de legítima defensa para el accionar de agentes de seguridad.

En una conferencia de prensa en el ministerio, en Brasilia, Moro, exjuez que tuvo a su cargo la mayor parte de las causas de la Operación Lava Jato, explicó que las medidas que serán enviadas al Congreso para su discusión prevén modificaciones al Código Penal, a la Ley de Ejecución Penal, a la Ley de Crímenes Hediondos, y al Código Electoral, por lo que podrían aprobarse con celeridad. El proyecto legislativo tiene tres ejes: corrupción, crimen organizado y crimen violento, que según el funcionario son temas muy relacionados, que no pueden ser tratados por separado.

"El crimen organizado utiliza la corrupción para ganar impunidad. Por otro lado, el crimen organizado está vinculado a buena parte de los homicidios del país; un gran porcentaje de los asesinatos ocurren por disputas del narcotráfico. El crimen contra la administración pública, como la corrupción, vacía los cofres públicos, disminuye los recursos disponibles para que el Estado pueda adoptar políticas más eficientes contra la criminalidad organizada, contra la criminalidad violenta, o políticas sociales que puedan servir para disminuir la seducción del crimen", subrayó el ministro.

Antes de exponer a la prensa las alteraciones a 14 leyes para mejorar la lucha contra la corrupción y la criminalidad, Moro mantuvo reuniones con los gobernadores estatales y con los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, elegidos por sus pares el último fin de semana. Tanto Maia –reelecto en su cargo- como Alcolumbre –joven senador que logró vencer al veterano Renan Calheiros- pertenecen a la agrupación Demócratas (DEM), ideológicamente muy cercana al ultraderechista Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, por lo que se puede prever que faciliten el tratamiento de las reformas impulsadas por el nuevo gobierno.

Entre las medidas presentadas por Moro se destacan:

.Prisión en segunda instancia: se determina que los condenados en segunda instancia del proceso penal sean encarcelados provisoriamente si así lo determina un tribunal colegiado y solo excepcionalmente podrían apelar en libertad. Este ha sido un tema muy controvertido en los últimos tiempos, especialmente por el juicio por corrupción al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya que algunos juristas sostienen que las penas solo deberían empezar a cumplirse una vez que se agoten todos los recursos judiciales, es decir, se recurra a la Corte Suprema como tercera instancia. El propio Supremo Tribunal Federal tiene que juzgar reclamos al respecto en los próximos meses.

.Régimen cerrado: el proyecto prevé que los condenados por corrupción pasiva, activa y malversación de fondos públicos sean encarcelados en régimen cerrado al inicio del cumplimiento de sus sentencias, independientemente de las penas que reciban. Actualmente, quienes reciben penas menores a ocho años pueden beneficiarse de un régimen de reclusión semiabierto o de prisión domiciliaria.

.Financiamiento no declarado de campañas: recaudar, mantener, movilizar o utilizar valores no declarados a la Justicia Electoral para campañas políticas –comunmente llamado "Caja 2" en Brasil- pasaría de ser un simple delito electoral a un crimen penal, con castigos mayores.

.Crímenes con armas de fuego y crímenes que resulten en muertes: cualquier condenado a un crimen cometido con arma de fuego deberá iniciar su pena en régimen de reclusión cerrado y tendrá su pena aumentada; en aquellos casos en que el crimen resulte en muerte, los condenados solo podrán beneficiarse de un régimen semiabierto una vez que cumplan 3/5 de su condena (actualmente es 2/5).

.Combate a organizaciones criminales: el proyecto amplía el concepto de estos grupos y establece reglas más duras para la prisión de sus líderes y miembros, que deberán ser recluidos necesariamente en cárceles de máxima seguridad y no tendrán posibilidad de pasar a un régimen semiabierto. Moro citó específicamente a organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, el Terceiro Comando, Amigos dos Amigos (ADA), la Familia del Norte, y las milicias de exagentes de seguridad corruptos.

.Acuerdos judiciales para la reducción de penas ("plea bargain"): se crea la posibilidad de que los acusados puedan llegar a un acuerdo con los fiscales para que se declaren culpables y conseguir algunos beneficios, como la reducción de las penas, sin necesidad de ir a juicio. Ya durante la Operación Lava Jato fueron muy comunes acuerdos con condenados arrepentidos para delatar a otros involucrados o dar mayores detalles sobre cómo funcionaban las redes de corrupción reveladas.

.Multas y confiscación de bienes: el proyecto establece que los condenados deban pagar las multas impuestas en un plazo de diez días después del inicio de la ejecución definitiva o provisoria de la pena; asimismo, los condenados a más de seis años de prisión podrán tener sus bienes confiscados en cantidades proporcionales a los rendimientos que tuvieron por sus actividades ilícitas.

.Banco Nacional de Perfil Genético: los condenados por crímenes dolosos (con intención) serán incorporados a un banco de datos genéticos –con extracción de ADN- ni bien ingresen en una prisión. Sus datos se mantendrán por 20 años después de cumplida la pena.

.Flexibilización de puniciones a policías: el proyecto considera que un agente de seguridad pública actuó en legítima defensa cuando, "en conflicto armado o en riesgo inminente de éste, prevenga una agresión injusta e inminente a su derecho o el de otras personas". Asimismo, los policías procesados en casos de excesos durante el ejercicio de su función podrán tener sus penas reducidas o anuladas si demuestran que existía "miedo, sorpresa o emoción violenta excusables". Moro resaltó que las situaciones específicas deberán ser analizadas por los jueces, pero que estas condiciones no dan "licencia para matar" a los agentes de seguridad.

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